I. Planteamiento. II. Sobre el concepto unitario de concesión administrativa y las concesiones constitutivas y traslativas. III. La concesión demanial y su caracterización como Derecho Real Administrativo. IV. Distinción entre las concesiones y autorizaciones demaniales. V. El giro o tráfico específico administrativo como criterio de...

I. Planteamiento. II. Sobre el concepto unitario de concesión administrativa y las concesiones constitutivas y traslativas. III. La concesión demanial y su caracterización como Derecho Real Administrativo. IV. Distinción entre las concesiones y autorizaciones demaniales. V. El giro o tráfico específico administrativo como criterio de distinción entre los distintos tipos de concesiones VI. La concesión demanial implícita en las concesiones contractuales VII. Epílogo.

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I. Introducción. II. Antecedentes del litigio. III. Naturaleza jurídica de los planes de urbanismo. Efectos. IV. Consideraciones que realiza la Sentencia de 9 de febrero de 2012, relacionadas con algunas de las consecuencias derivadas de la naturaleza reglamentaria de los Planes Urbanísticos: La necesidad de publicación de los instrumentos...

I. Introducción. II. Antecedentes del litigio. III. Naturaleza jurídica de los planes de urbanismo. Efectos. IV. Consideraciones que realiza la Sentencia de 9 de febrero de 2012, relacionadas con algunas de las consecuencias derivadas de la naturaleza reglamentaria de los Planes Urbanísticos: La necesidad de publicación de los instrumentos de planeamiento urbanístico para determinar su entrada en vigor y el perfeccionamiento de su eficacia. Consecuencia de la previsión por los Derechos autonómicos de la publicación de una "reseña" de la aprobación del Plan sin indicación de acuerdo de aprobación y sobre todo de normas urbanísticas. 2. Impugnación directa e indirecta de las disposiciones de carácter general. 3. Solución que adopta la sentencia en aras a la tutela judicial efectiva.

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I. PREMISA INTRODUCTORIA: CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y DERECHO PENAL. II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. III. LOS DELITOS URBANÍSTICOS. 1. Introducción. 2. Delitos urbanísticos. 2.1. Obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en espacios protegidos (art. 319.1 del C.p.). 2.2. Obras de urbanización, construcción o...

I. PREMISA INTRODUCTORIA: CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y DERECHO PENAL. II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. III. LOS DELITOS URBANÍSTICOS. 1. Introducción. 2. Delitos urbanísticos. 2.1. Obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en espacios protegidos (art. 319.1 del C.p.). 2.2. Obras de urbanización, construcción o edificación no autorizable en suelo no urbanizable (art. 319.2 del C.p.). 2.3. Demolición de las obras y reposición a su estado originario de la realidad física alterada (artículo 319.3 del C.p.). IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. V. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR ACCIONES U OMISIONES EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO. 1. Cuestiones comunes. 2. Prevaricación específica de autoridades y funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, adoptan informes favorables a instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas (art. 320.1 del C.p.). 3. Prevaricación específica consistente en votar a favor por sí mismo o como miembro de un órgano colegiado, a sabiendas de su injusticia, de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes (art. 320.2 del C.p.). VI. OBSERVACIONES CONCLUSIVAS. VII. BIBLIOGRAFÍA.

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I. Planteamiento del tema. II. Desde las limitaciones a la propiedad privada del suelo a su consideración como propiedad exclusivamente estatutaria. 1. La doctrina civil clásica. 2. La doctrina civil posterior a la Ley del Suelo de 1956. 3. La doctrina administrativa. 4. La legislación del suelo y su jurisprudencia: la propiedad estatutaria....

I. Planteamiento del tema. II. Desde las limitaciones a la propiedad privada del suelo a su consideración como propiedad exclusivamente estatutaria. 1. La doctrina civil clásica. 2. La doctrina civil posterior a la Ley del Suelo de 1956. 3. La doctrina administrativa. 4. La legislación del suelo y su jurisprudencia: la propiedad estatutaria. III. Las consecuencias jurisprudenciales de esta configuración estrictamente estatutaria de la propiedad del suelo ante la anulación de licencias. IV. Las consecuencias prácticas de la doctrina del Tribunal Supremo: Europa y el principio de Seguridad Jurídica. V. El tránsito desde la propiedad estatutaria del suelo hacia la plena propiedad privada de la edificación. VI. Crítica de la argumentación de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo. 1. La apreciación por la Sala 3.ª en sede de medidas cautelares de las consecuencias del art. 34 L.H.. 2. El argumento de la inmutable persistencia del objeto de dominio. 3. La subrogación en los deberes urbanísticos como causalizadora del deber de soportar la demolición acordada. 4. La sobrevenida nulidad de la licencia -en cuanto actividad administrativa de carácter condicional- y su consecuencia claudicatoria de la existencia del objeto por ella amparado. 5. El art. 34 L.H. como causa de imposibilidad legal de cumplimiento de la Sentencia ex art. 105.2 de la LJ. VII. La aplicación al caso del art. 34 L.H.. VIII. El documento circulado por el Ministerio de Fomento y su incidencia en la materia. 1. El contenido de la propuesta. 2. Su crítica parcial.

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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TEÓRICO Y PRÁCTICO. II. EL CONTRATO DE AGENTE URBANIZADOR COMO CONTRATO SUJETO A LA DIRECTIVA 2004/18/CE. 1. El carácter oneroso del contrato. 2. ¿Contrato de obra o contrato de servicios desde el punto de vista del derecho comunitario? 3. No se trata en todo caso de un contrato de gestión de servicios públicos....

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TEÓRICO Y PRÁCTICO. II. EL CONTRATO DE AGENTE URBANIZADOR COMO CONTRATO SUJETO A LA DIRECTIVA 2004/18/CE. 1. El carácter oneroso del contrato. 2. ¿Contrato de obra o contrato de servicios desde el punto de vista del derecho comunitario? 3. No se trata en todo caso de un contrato de gestión de servicios públicos. 4. La sentencia no afecta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene sosteniendo que el contrato de agente urbanizador es un contrato de obras. III. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE APLICAR LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN A LA GESTIÓN URBANÍSTICA.

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I. Introducción. II. Poco interés por la conservación de lo edificado en los primeros tiempos del moderno urbanismo. III. La rehabilitación toma carta de naturaleza. IV. La conservación y la rehabilitación en el tiempo de la ciudad dispersa. V. La sostenibilidad llega al urbanismo en forma de ciudad compacta. VI. Proyección de la sostenibilidad...

I. Introducción. II. Poco interés por la conservación de lo edificado en los primeros tiempos del moderno urbanismo. III. La rehabilitación toma carta de naturaleza. IV. La conservación y la rehabilitación en el tiempo de la ciudad dispersa. V. La sostenibilidad llega al urbanismo en forma de ciudad compacta. VI. Proyección de la sostenibilidad sobre la ciudad existente.

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I. La Ley 13/2005 de Andalucía y su status quo: la extemporaneidad de la Ley y la sentencia que la corrige. II. Las controversias del proceso: las limitaciones del Derecho de propiedad de la vivienda y la autonomía local en materia de disciplina urbanística. III. La dudosa afectación del derecho de propiedad: la confirmación de la doctrina...

I. La Ley 13/2005 de Andalucía y su status quo: la extemporaneidad de la Ley y la sentencia que la corrige. II. Las controversias del proceso: las limitaciones del Derecho de propiedad de la vivienda y la autonomía local en materia de disciplina urbanística. III. La dudosa afectación del derecho de propiedad: la confirmación de la doctrina respecto de la retroactividad de normas limitativas a situaciones de hecho no consolidadas. IV. La autonomía local en la disciplina urbanística como reducto de la atribución competencial. V. Recapitulación.

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I. Introducción: el origen del pleito. II. La argumentación del Tribunal Supremo: especial referencia a la aplicación prevalente de la legislación básica estatal que consagra el carácter reglado del suelo no urbanizable protegido. III. Un apunte sobre el desbordamiento de la finalidad intrínseca de los proyectos de interés regional...

I. Introducción: el origen del pleito. II. La argumentación del Tribunal Supremo: especial referencia a la aplicación prevalente de la legislación básica estatal que consagra el carácter reglado del suelo no urbanizable protegido. III. Un apunte sobre el desbordamiento de la finalidad intrínseca de los proyectos de interés regional como instrumento territorial/urbanístico. IV. Epílogo: el incierto desenlace de un atentado ambiental diferido a la ejecución contencioso-administrativa: la insoslayable necesidad de potenciar la tutela cautelar en el Derecho urbanístico y del Medio ambiente.

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I. Planteamiento. II. Desafectación de vías pecuarias. III. Los bienes públicos en la ordenación urbanística. IV. Procedimiento administrativo y desafectación: IV.1. Procedimiento especial para el cambio de trazado de las vías pecuarias. IV.2. Efectos de la falta de emisión del informe por la Comunidad Autónoma en el procedimiento...

I. Planteamiento. II. Desafectación de vías pecuarias. III. Los bienes públicos en la ordenación urbanística. IV. Procedimiento administrativo y desafectación: IV.1. Procedimiento especial para el cambio de trazado de las vías pecuarias. IV.2. Efectos de la falta de emisión del informe por la Comunidad Autónoma en el procedimiento de aprobación del plan parcial. V. Modalidades de planificación y desafectación de vías pecuarias en Andalucía.

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I. La discrecionalidad del planificador y su control judicial: de nuevo sobre sus frenos y contrapesos. II. El origen de los pleitos. III. Las cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: un buen ejemplo de revisión jurisdiccional del control de los elementos reglados de la potestad de planeamiento mediante el principio...

I. La discrecionalidad del planificador y su control judicial: de nuevo sobre sus frenos y contrapesos. II. El origen de los pleitos. III. Las cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: un buen ejemplo de revisión jurisdiccional del control de los elementos reglados de la potestad de planeamiento mediante el principio de desarrollo sostenible. IV. Las sentencias del Tribunal Supremo de 17, 18, 19 y 24 de junio de 2015 (Recursos de casación núms. 3367, 3662, 3436, 3784 y 3657 de 2013): la salvaguardia del principio de desarrollo sostenible en las decisiones estratégicas del planeamiento referidas a las demandas de vivienda. V. Valoración general.

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I. A modo introductorio: de nuevo sobre la delimitación de las categorías del suelo urbano consolidado y no consolidado conforme a las previsiones establecidas por la normativa básica estatal... y en los "límites de la realidad". II. El origen del pleito y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de junio...

I. A modo introductorio: de nuevo sobre la delimitación de las categorías del suelo urbano consolidado y no consolidado conforme a las previsiones establecidas por la normativa básica estatal... y en los "límites de la realidad". II. El origen del pleito y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de junio de 2015. III. La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2016 (RC 2766/2015): un supuesto de doble clasificación urbanística dentro de una misma finca catastral. IV. Valoración final.

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I. El gravísimo problema de la anulación de los planes generales de ordenación por vicios del procedimiento de elaboración de los mismos. II. Las Sentencias de 4 de marzo y 27 de mayo de 2020 aspectos positivos. III. La Sentencia de 27 de mayo de 2020: una ocasión forzada con el fin de zanjar una polémica. IV. Los riesgos del dogmatismo....

I. El gravísimo problema de la anulación de los planes generales de ordenación por vicios del procedimiento de elaboración de los mismos. II. Las Sentencias de 4 de marzo y 27 de mayo de 2020 aspectos positivos. III. La Sentencia de 27 de mayo de 2020: una ocasión forzada con el fin de zanjar una polémica. IV. Los riesgos del dogmatismo. V. Consideraciones finales.

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Ejecución del planeamiento. Especial atención a la figura del agente urbanizador. 1. Antecedentes y objetos de la Ley. 2. Las paradojas de la Ley. 3. La ejecución del planeamiento en la legislación urbanística estatal anterior. 4. La ejecución en la Ley 6/1998, de 13 de abril. 5. La ejecución del planeamiento en la legislación de las...

Ejecución del planeamiento. Especial atención a la figura del agente urbanizador. 1. Antecedentes y objetos de la Ley. 2. Las paradojas de la Ley. 3. La ejecución del planeamiento en la legislación urbanística estatal anterior. 4. La ejecución en la Ley 6/1998, de 13 de abril. 5. La ejecución del planeamiento en la legislación de las Comunidades Autónomas. 6. La ejecución del planeamiento en la Ley 8/2007, de Suelo. 6.1. La nacionalización aleatoria del derecho a urbanizar. 6.2. La innecesariedad del recorte de las facultades dominicales como vía de acceso a la ejecución del planeamiento. 7. La ejecución mediante agente urbanizador. 8. Los derechos y deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística. 8.1. Los derechos y deberes urbanísticos de la promoción y el estatuto del suelo. 8.2. El cumplimiento de los deberes por la ejecución. 8.3. La ejecución en el medio rural. 9. Conclusiones.

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I. Introducción. II. El procedimiento de revisión de oficio de licencias y órdenes de ejecución en Galicia y su remisión al procedimiento común. III. Dies ad quem del plazo máximo en los procedimientos de revisión de oficio en la Ley 39/2015 y tratamiento hasta la fecha en la jurisprudencia. IV. ¿Podría aplicarse el principio de...

I. Introducción. II. El procedimiento de revisión de oficio de licencias y órdenes de ejecución en Galicia y su remisión al procedimiento común. III. Dies ad quem del plazo máximo en los procedimientos de revisión de oficio en la Ley 39/2015 y tratamiento hasta la fecha en la jurisprudencia. IV. ¿Podría aplicarse el principio de especialidad normativa para resolver esta diferencia de redacción? V. Si pese a lo dicho, aplicásemos el principio de especialidad a la revisión de oficio de actos nulos,¿se veria afectado el principio constitucional de igualdad en la Ley? VI. Conclusiones.

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I. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO URBANÍSTICO TRADICIONAL. 1. La excesiva burocratización de la Administración Urbanística. 2. El fracaso de la programación como instrumento de la dirección pública del urbanismo. 3. El dogma de la urbanización como simple requisito previo del derecho a edificar. II. EL NACIMIENTO DE UN MODELO URBANÍSTICO...

I. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO URBANÍSTICO TRADICIONAL. 1. La excesiva burocratización de la Administración Urbanística. 2. El fracaso de la programación como instrumento de la dirección pública del urbanismo. 3. El dogma de la urbanización como simple requisito previo del derecho a edificar. II. EL NACIMIENTO DE UN MODELO URBANÍSTICO ALTERNATIVO: EL AGENTE URBANIZADOR VALENCIANO. LA LEY 6/1994, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, REGULADORA DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. 1. La urbanización como actividad administrativa: la potestad de urbanizar. 2. La urbanización como función pública y como actividad económica empresarial. 3. Los sujetos del proceso urbanizador. 4. El compromiso inversor como requisito de la programación de actuaciones urbanizadoras. 5. La selección del urbanizador mediante procedimiento concurrencial. III. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL AGENTE URBANIZADOR VALENCIANO. CARENCIAS, DEFICIENCIAS E INTERPRETACIÓN NO DESEADAS. REFERENCIA A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DEL TRIBUNAL SUPREMO. 1. Consideraciones generales. 2. Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana de 15 de octubre de 2001 y Auto del TC Pleno del 16 de julio de 2002. 3. Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 de octubre de 2002 (Ponente Ilmo. Sr. D. José Díaz Delgado). 4. Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2006 (Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate). 6. Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2007 (Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate). IV. LA RACIONALIZACIÓN DEL MODELO URBANÍSTICO ALTERNATIVO: LA LEY 16/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA GENERALITAT, URBANÍSTICA VALENCIANA (LUV). 1. La promoción y el fomento del desarrollo sostenible. 2. El reforzamiento de los derechos de los propietarios de suelo. 3. Ejecución del planeamiento y competencia autonómica para la regulación de los Programas de Actuaciones Integradas. 4. Nueva regulación del modo de seleccionar al urbanizador en el Procedimiento de Gestión indirecta de los Programas de Actuaciones Integradas. 5. El Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana. V. CONSIDERACIONES FINALES.

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