Hemeroteca

I. EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN. II. LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS A LAS ENTIDADES LOCALES. III. LA ATRIBUCIÓN DE POTESTADES FORMALES A LAS ENTIDADES LOCALES. 1. LA POTESTAD NORMATIVA. 2. LA POTESTAD SANCIONADORA. IV. LA POTESTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES. 1. ALCALDE. 2. LA ASAMBLEA. 3. EL CONSEJO DE GOBIERNO. 4. LOS TENIENTES DE ALCALDE. 5. COMISIONES DE ESTUDIO, INFORME O CONSULTA.

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL. II. LA REVISIÓN DE LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO. LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y SU IMPUGNACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN. 2. CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE DOMICILIO. 3. TITULARES DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 4. LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 4.1. LA REGULACIÓN LEGAL VIGENTE. 4.2. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CUANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ESTÁN SOMETIDAS A UN PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ES ÉSTE EL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER LAS AUTORIZACIONES DE ENTRADA AL DOMICILIO. 4.3. LOS ORÍGENES Y LA RECTIFICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 5. DIFERENTES POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN JUDICIAL. 5.1. EJECUCIÓN FORZOSA DE ACTOS NO RECURRIDOS. 5.2. EJECUCIÓN FORZOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RECURRIDOS Y NO SUSPENDIDOS. 5.3. EJECUCIÓN FORZOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RECURRIDOS Y PENDIENTES DE RESOLUCIÓN SOBRE SU SUSPENSIÓN. 5.4. EJECUCIÓN FORZOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARADOS LEGALES MEDIANTE SENTENCIA FIRME. 5.5. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN. 6. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ACCESO. 6.1. COMPETENCIA. 6.2. EL PROCESO PARA ARTICULAR TAL PRETENSIÓN. 6.3. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA. 6.4. CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO. 6.5. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL AUTORIZANDO LA ENTRADA EN EL DOMICILIO.

1. INTRODUCCIÓN. 2. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE EMPRESA Y SUS CONSECUENCIAS. 3. FINALIDAD DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 3.1. LA IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE CALIDAD. 3.2. LA PROTECCIÓN DEL USUARIO TURÍSTICO. 3.3. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y SOSTENIBILIDAD. 3.4. LA SINGULAR UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN HOTELERA EN LA POLÍTICA DE CONTROL DE PRECIOS. 4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 5. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN GRUPOS, CLASES, CATEGORÍAS, MODALIDADES Y ESPECIALIDADES. 5.1. MODELO GENERAL DE CLASIFICACIÓN EN DOS GRUPOS. 5.2. MODELO GENERAL DE CLASIFICACIÓN EN TRES GRUPOS. 5.3. MODELOS ESPECÍFICOS DE CLASIFICACIÓN. 6. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN-CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 6.1. AUTORIZACIÓN ESENCIALMENTE REGLADA. 6.2. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. 6.3. AUTORIZACIÓN DE CARÁCTER REAL. 6.4. AUTORIZACIÓN OPERATIVA. 7. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA COMO MANIFESTACIÓN DISCRECIONAL DE LA FACULTAD DE ORDENACIÓN DEL TURISMO A TRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 8. ESPECIAL REFERENCIA A LA RECLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y A LA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

I. LES CONDITIONS DE LA CRÉATION. 1. L'EXTENSION DES SERVICES FINANCIERS POUR "SAUVER LA POSTE". 2. LES FONDEMENTS DE LA CRÉATION: LE RÉFÉRENTIEL DE LA DIFFÉRENCIATION. II. LUTTES SYMBOLIQUES AUTOUR D'UNE "BANQUE PAS COMME LES AUTRES". 1. UNE BANQUE COMME UNE AUTRE POUR DEMEURER "LA BANQUE PAS COMME LES AUTRES". 2. LE RÉSEAU PAS COMME LES AUTRES. III. BANQUE SOCIALE VERSUS BANQUE D'AFFAIRES.

1. SINOPSIS. 1.1. ANTECEDENTES. 1.2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 1.3. CONCLUSIONES. 1.4. ADENDA. 2. ANTECEDENTES. 3. NORMATIVA ANALIZADA. 4. JURISPRUDENCIA EXAMINADA. 5. CONSIDERACIONES. 5.1. GENERALES. 5.2. LAS INSTALACIONES COMO HECHO IMPONIBLE DEL ICIO. 5.3. CUANTIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL ICIO, CUANDO EL HECHO IMPONIBLE LO CONSTITUYEN LAS INSTALACIONES. 5.4. GESTIÓN DEL ICIO. 6. CONCLUSIÓN. 7. ADENDA.

I. LA SENTENCIA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. BASE IMPONIBLE. CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN. II. RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN. 1. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN ESTIMA ADECUADO EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UN MUNICIPIO A OTRO CUANDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO REQUIERAN CON INDEPENDENCIA DE SU CUALIDAD SINDICAL. 2. CONSAGRA EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN LA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES. 3. LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR INCIDENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE CONSAGRA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL INCULPADO. 4. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OBLIGA QUE CUALQUIER RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE DEFENSA SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS. 5. PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. 6. DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ESTÁ MATIZADO POR EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LAS PARTES. 7. LA AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE JUSTIFIQUEN LA FALTA DE AUDIENCIA DEL DEMANDANTE, SIENDO ÉSTA BENEFICIOSA PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CAUSA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 8. LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS CONSTITUYE UNA LESIÓN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN. 9. PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROTECTOR DE LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS: DILACIONES INDEBIDAS E INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 10. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN COMPRENDE DERECHO DE DEFENSA, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA PROSCRIPCIÓN DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE MANERA EXCESIVAMENTE EXTEMPORÁNEA Y ADOPTAR UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA SIN ESPERAR A LA RESOLUCIÓN FIRME DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL. 11. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A UNA AGILIDAD PROCEDIMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DISCIPLINARIAS, VIOLANDO DICHO PRINCIPIO ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DILATADAS EN EL TIEMPO QUE CAUSAN DAÑO MORAL. 12. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPRENDE LA APLICACIÓN RIGUROSA DEL PRINCIPIO DE CARGA DE LA PRUEBA. 13. ANTENTAN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO HAYAN SIDO ADOPTADOS DENTRO DE DETERMINADOS LÍMITES TEMPORALES COMO LA PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA. 14. ES UNA EXIGENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN FACILITAR TODAS LAS INFORMACIONES PERTINENTES A LA OTRA PARTE ACTUANTE EN EL PROCEDIMIENTO. 15. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A TRATAR CON DIGNIDAD A LOS ADMINISTRADOS RESPETAR SU REPUTACIÓN. 16. OBJETIVIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 17. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROSCRIBE LA ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

1. REPRÉSENTATIVITÉ PAR LE PERSONNEL. 2. MÉCANISMES DE PARTICIPATION: QUELQUES ILLUSTRATIONS. 3. COMMENT ÉVALUER LA REPRÉSENTATIVITÉ?.

I. LA SENTENCIA. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. TRANSCURSO DEL PLAZO DE 12 MESES DESDE EL INICIO DE LAS ACTUACIONES HASTA LA LIQUIDACIÓN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DEBE HACERSE DESDE LA FECHA EN QUE SE NOTIFICA AL INTERESADO EL INICIO DE LAS ACTUACIONES HASTA QUE SE LE NOTIFICA LA LIQUIDACIÓN RESULTANTE. LA CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DE DICHO PLAZO NO PUEDE SER LA PRIVACIÓN A LAS ACTUACIONES INSPECTORAS DE LOS EFECTOS INTERRUPTIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN, COMO ENTENDIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, SINO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y LA ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES EFECTUADAS. LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS POR LA INSPECCIÓN SUSPENDE ÚNICAMENTE EL PLAZO QUE DISPONE EL INSPECTOR JEFE PARA RESOLVER, PERO NO EL PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES DE DURACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS.