Hemeroteca

1. INTRODUCCIÓN. 2. NORMATIVA. 2.1. Normativa constitucional. 2.2. Normativa estatal. 3. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. 3.1. Concepto: medida de ejecución forzosa. 3.2. Naturaleza jurídica: garantía del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. 3.3. Función jurisdiccional: valoración de circunstancias, ausencia de otorgamiento automático. 3.4. Solicitud de la Administración. 3.5. Reiteración de la solicitud. 3.6. Ámbito espacial: el domicilio. 3.7. Aspectos procesales. A. Elementos valorados para la concesión o desestimación de la autoridad. B. Procedimiento judicial. C. Formalidades en la entrada al domicilio. D. Plazo para efectuar la entrada al domicilio. E. Afección de las medidas cautelares solicitadas u obtenidas en procesos judiciales frente a las resoluciones que se van a ejecutar. F. Legalidad ordinaria y protección jurisdiccional. 3.8. Ejecución de la autorización: competencia para ejecutar la entrada al domicilio. 4. EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SOBRE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 4.1. Providencia para la ejecución subsidiaria. 4.2. Informe del servicio encargado de la ejecución de la resolución. 4.3. Informe de la Policía Local acreditativo de la existencia de un domicilio o un lugar cuyo acceso requiere el consentimiento del titular. 4.4. Requerimiento al titular para solicitar el permiso de entrada a su inmueble (optativo). 4.5. Notificación del acuerdo. 4.6. Certificado de Secretaría que acredita que el titular no ha presentado su consentimiento para la entrada de los servicios de obras en tiempo concedido. 4.7. Informe técnico sobre el espacio necesario para relizar las actuaciones contenidas en la resolución. 4.8. Informe jurídico sobre la solicitud de autorización judicial para la entrada en domicilio. 4.9. Resolución por la que se acuerda la solicitud al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para entrada en un inmueble. 4.10. Comunicación a los servicios jurídicos municipales. 4.11. Solicitd de autorización judicial. 4.12. Tramitación judicial.

1. Planteamiento general. 2. Antecedentes. 2.1. Las ayudas públicas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia. 2.2. Las ayudas públicas en la práctica del TDC. 2.2.1. La práctica del TDC antes de la reforma de 1999. 2.2.2. La práctica del TDC tras la reforma de 1999. 3. La regulación de las ayudas públicas en la nueva LDC. 3.1. El proceso de reforma de la legislación española de defensa de la competencia. 3.2. El contenido de la nueva regulación sobre ayudas públicas. 3.2.1. La ausencia de una definición de ayuda pública. 3.2.2. Competencias de la CNC. A) Informes y Propuestas sobre regímenes de ayudas y ayudas individuales. b) Informes anuales. c) Los poderes de la CNC. d) El papel de las Comunidades Autónomas. 3.2.3. La regulación española y la comunitaria. 4. Valoración final.

1. La adaptación de la doctrina del Tribunal Constitucional a los Estatutos de Autonomía. 2. La hacienda local como materia de competencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma. 3. Criterios rectores de las bases estatales. 4. La enumeración de los recursos financieros de las Entidades Locales. 5. Competencias estatales y autonómicas sobre los tributos locales propios. 5.1. Creación de nuevos tributos. 5.2. Desarrollo autonómico de la regulación de los tributos locales creados por el Estado. a) Hecho imponible. b) Cuantificación. c) Gestión tributaria. d) Especial referencia al IBI. 6. Competencias estatales y autonómicas sobre transferencias y participaciones impositivas. 6.1. El carácter básico de los criterios de distribución de los recursos estatales entre las entidades locales. 6.2. Especial referencia a las PIE municipales. a) Planteamiento general. b) Plasmación en la vigente regulación. 7. Competencias estatales y autonómicas sobre presupuestos y gastos de las Entidades Locales. 7.1. Materia de competencia compartida. 7.2. Estructura presupuestaria y contable. 7.3. Publicación de anuncios relativos a la aprobación y modificación del presupuesto. 7.4. Plazos para la aprobación del presupuesto y de la cuenta general. 7.5. Enumeración de los entes que integran el sector público local. 7.6. Emisión de normas y pronunciamiento de carácter contable y de control interno. 7.7. Determinación del modelo de control interno de los entes locales. a) Estructura del control. b) La intervención de los pequeños municipios. 7.8. Creación de un Registro Público de Cuentas de los entes locales. 7.9. Contabilidad de costes e indicadores del rendimiento de los servicios. 7.10. Consolidación de cuentas. 8. Conclusiones.

I. Un recordatorio necesario. II. La relación bases/Estatutos en los textos de segunda generación. III. La competencia sobre Régimen Local. Los términos del debate. 1. Dos visiones doctrinales contrapuestas y una intermedia. 2. El reflejo en los Estatutos de Autonomía. IV. La respuesta del Tribunal Constitucional. La STC 31/2010, de 10 de julio de 2010. 1. Sobre la relación de las bases con los Estatutos de Autonomía. 2. Sobre la competencia en materia de régimen local. V. Reflexión personal. Teoría y praxis. Sobre el alcance de la Ley de Bases de Régimen Local.

I. CONCEPTUALIZACIÓN. a) Titularidad, en función de la competencia para su regulación, gestión y explotación, se diferencia entre carreteras: estatales, autonómicas y locales. b) Por sus características, según la normativa aplicable, principalmente: autopistas, autovías, vías ràpidas para automóviles, carreteras convencionales, cuando su tráfico es mayoritariamente urbano y cuando existe alternativa a la red estatal, de forma que se mantenga la continuidad en la misma. II. LA NORMATIVA SOBRE CARRETERAS EN ANDALUCÍA. Art. 64. Transportes y comunicaciones. III. PLANIFICACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. a) Proyección. IV. LA PLANIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. V. CONCLUSIONES.

1. Introducción. 2. Ámbito de análisis. 3. La invalidez derivada del clausulado del contrato. 4. Las causas de nulidad. 4.1. Causas de nulidad del art. 62.1 LPC.

4. Causas de nulidad del art. 62.1 LPC. D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. E. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. F. Los actos dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. G. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 4.2. La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional del adjudicatario o estar incurso en alguna de las prohibiciones para contratar.

4. Las causas de nulidad. 4.3. La carencia o insuficiencia de crédito. 5. Las causas de anulabilidad de derecho administrativo. 6. Cuadro de sentencias estudiadas.

I. La primera Sentencia es del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, de Sevilla, de 28 de noviembre 2007. A. Alegaciones vecinales: 1.ª) Cesión gratuita de la parcela que forma parte del Patrimonio Municipal de Suelo. 2.ª) La segunda alegación vecinal consiste en que la parcela en cuestión tiene la clasificación y calificación de Sistema Local. 3.ª) La última alegación hace referencia a la Falta de Memoria. II. La segunda Sentencia es del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 11, de Madrid, de 17 de junio 2007.

I. EL CAMBIO NO DESEADO. II. LAS CINCO ETAPAS. 1. Negación. 2. Ira. 3. Negociación. 4. Depresión. 5. Aceptación o rechazo. II. MOTIVACIÓN Y COMPROMISO.