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I. INTRODUCCIÓN. I. EL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN, LA FALSA INDIFERENCIA DEL DERECHO PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO DE LA DISCRECIONALIDAD Y LOS LÍMITES DEL CONTROL JUDICIAL. III. DEBER DE BUENA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. IV. EL ANÁLISIS DE LAS DOS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO: IV.1. LA DOCTRINA DE LOS VICIOS DE ORDEN PÚBLICO: "CURIOSA FÓRMULA DESPROVISTA DE FUNDAMENTO JURÍDICO VERDADERO Y A CUYA INVOCACIÓN QUEDA CERRADO EL PASO A LA JUSTICIA SOBRE EL FONDO". IV.2. ¿LA FIJACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA SEDE DE LA CMT COMPROMETE SU AUTONOMÍA?. IV.3. LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN SUFICIENTES DE LA DECISIÓN REGLAMENTARIA Y LA VULNERACIÓN DEL DEBER DE BUENA ADMINISTRACIÓN. V. LOS VOTOS PARTICULARES: V.1. ¿PUEDEN LOS ÓRGANOS JUDICIALES DISEÑAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS?. V.2. ¿ES LA DECISIÓN UN ACTO (POLÍTICO) DEL GOBIERNO O UN REGLAMENTO?. PRIMERA REFERENCIA A LOS NIVELES DE DILIGENCIA PROCEDIMENTAL Y DE MOTIVACIÓN. V.3 DE NUEVO, LA CUESTIÓN DE FONDO. VI. PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA: EL REAL DECRETO 1538/2006, DE 22 DE DICIEMBRE, ¿UN PUNTO Y APARTE?. VII. CALIDAD ADMINISTRATIVA Y ESTÁNDARES PROCEDIMENTALES Y DE MOTIVACIÓN: VII.1. CALIDAD NORMATIVA Y BUENA ADMINISTRACIÓN: UNA PERSPECTIVA DE CRECIENTE IMPORTANCIA EN LAS AGENDAS POLÍTICAS Y EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EUROPEOS. VII.2. ESTÁNDARES PROCEDIMENTALES DE CALIDAD: EL PAPEL DEL LEGISLADOR, DEL PODER EJECUTIVO Y DEL CONTROL JUDICIAL. UNA REFERENCIA A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO NORMATIVO EN EL CASO DE LOS REGLAMENTOS Y AL PAPEL DE LA AGENCIA DE EVALUACIÓN PARA LA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS. BIBLIOGRAFÍA.

I. Introducción. II. El nuevo paquete comunitario sobre la financiación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG). III. La premisa: los SIEG y su proyección en relación con el concepto de ayudas de Estado. IV. Parámetros comunitarios para la valoración de la financiación pública de los SIEG: 1. Los criterios de la jurisprudencia Altmark para identificar una compensación por prestaciones de servicio público. 2. La fijación de unos criterios de mininis específicos para los SIEG. 3. Los nuevos criterios para la exención de la obligación de notificación introducidos por la Decisión de 2011. 4. Los criterios para analizar la compatibilidad de la ayuda a la luz del Marco de 2011. V. A modo de conclusión.

I. INTRODUCCIÓN. II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS PÚBLICOS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS: 1. Regulación general. ¿Hacia la irresponsabilidad civil de los agentes públicos?: A) Evolución legislativa. B) La irresponsabilidad de facto de autoridades y empleados públicos. C) Críticas doctrinales. ¡Que paguen! D) Explicaciones de la irresponsabilidad ensayadas. E) Más piezas que no encajan. 2. La especialidad de la responsabilidad contable. 3. Regulación contenida en la legislación penal: A) Rasgos esenciales. B) Críticas doctrinales. C) Un problema ilustrativo acerca de las ventajas y desventajas de la regulación contenida en el artículo 121 del Código penal: ¿responde en vía penal la Administración cuando los hechos constituyen una falta? III. FINALIDAD DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: 1. El paradigma tradicional. 2. El paradigma suministrado por el análisis económico del Derecho. IV. POR QUÉ CONVIENE QUE LA ADMINISTRACIÓN RESPONDA DIRECTAMENTE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR SUS AGENTES A TERCEROS: 1. Responsabilidad personal del agente o responsabilidad vicaria del principal: análisis económico: A) Irrelevancia del problema en un mundo (imaginario) sin insolventes ni costes de transacción. B) Ventajas de la responsabilidad vicaria en un mundo en el que los agentes son potencialmente insolventes. C) Ventajas de la responsabilidad vicaria en un mundo en el que cuesta identificar a los causantes del daño, determinar si han actuado negligentemente y condenarlos. D) Ventajas de la responsabilidad vicaria en un mundo en el que resulta costoso acordar una determinada distribución del riesgo. E) Inconvenientes de la responsabilidad vicaria. El riesgo moral. 2. Eficiencia de la regla según la cual las Administraciones públicas responden vicariamente por los daños que sus agentes hayan causado al ejercer sus cargos. V. POR QUÉ NO CONVIENE QUE LA ADMINISTRACIÓN EXIJA A SUS SERVIDORES RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS QUE ÉSTOS LE HAYAN OCASIONADO NEGLIGENTEMENTE: 1. Justificación de la "irresponsabilidad" civil de los empleados públicos por los daños causados imprudentemente en el desempeño de sus funciones. 2. ¿Deberían ser tratadas las autoridades de manera diferente? VI. POR QUÉ CONVIENE QUE LA ADMINISTRACIÓN EXIJA RESPONSABILIDAD CUANDO LOS DAÑOS SON DOLOSOS O HAN PODIDO ENGENDRAR UN ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DEL CULPABLE. VII. LA ANOMALÍA DE LA VÍA PENAL: 1. Justificación de la posibilidad de exigir responsabilidad civil de la Administración en el proceso penal: ventajas e inconvenientes. 2. Posibles soluciones. 3. La Administración, en cualquier caso, debería responder directamente. VIII. CONCLUSIÓN: PROPUESTAS DE LEGE FERENDA.

1. El juicio de Rubio Llorente sobre laìconstitucionalización del principio y sus aporías. 2. Unaìprecisión bibliográfica sobre su formulación 3. La reseñaìdel libro de Leibholz. 4. El artículo de "RAP" 29. 5. Elìartículo de "RAP" 30. 6. La suerte del principio 7. Laìiniciativa constituyente de L. Matín-Retortillo y su ...

I. Introducción: contexto normativo. II. Objeto de este artículo y tesis que se defiende. III. El asunto no está del todo solucionado en el art. 14.1 de la ley 19/2013. IV. El acceso parcial seudonimizado. V. Cuando la publicación esté tipificada como sanción accesoria, No cabe el derecho de acceso a la información (sin seudonimización). VI. No debe concederse el acceso no seudonimizado a Sanciones que no sean firmes en ambas vías, si no procede su Publicación. VII. No procede el acceso no seudonimizado a sanciones canceladas por el transcurso del tiempo. VIII. Cuando existe una norma con rango de ley que dispone la publicación de Ciertas sanciones, y excluye la de las restantes, no cabe derecho de acceso al contenido no seudonimizado de estas últimas. IX. El Acceso a las restantes sanciones no seudonimizadas. X. La cuestión en la práctica. XI. Conclusiones

I. Introducción. II. El origen de la Doctrina: la Sentencia de 5 de febrero de 1996. III. La extensión posterior de la jurisprudencia inicial: las sentencias de 16 de febrero de 2009 y de 20 de febrero de 2012. IV. Análisis crítico de la jurisprudencia. 1. Un nuevo sistema de responsabilidad por culpa. Y por culpa grave, además. 2. Una contradicción en los términos. 3. Una flagrante violación de la santidad de la cosa juzgada. 4. La ley del embudo.

I. Introducción. II. Sobre la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas. III. Sobre la titularidad de derechos fundamentales de las Administraciones públicas. 1. El reconocimiento de la titularidad. 2. Un motivo más para huir del Derecho administrativo. IV. Sobre la legitimación para interponer el recurso de amparo. V. El derecho a la igualdad. VI. El derecho a la tutela judicial efectiva: 1. Sobre el reconocimiento del derecho. 2. Sobre el contenido del derecho. 3. Sobre el acceso a la jurisdicción de las Administraciones públicas: 3.1. Algunas cuestiones previas. 3.2. El acceso a la justicia frente al legislador. 3.3. El acceso a la justicia frente a jueces y tribunales. 4. La protección de la indefensión procesal.

1. La Constitución federal (originalidades, aportación y valores jurídico-culturales). 2. Empresas públicas (cometiods génesis y multiformidad estructural. 3. Hacia una nueva relación entre los cometidos del Poder Público y los cuatro poderes de la Unión: estructura y funcionamiento confrontados por el control. 4. Perspectivas.