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I. LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA UE. II. LA ESTRATEGIA TEMÁTICA Y LA DIRECTIVA PROPUESTA. III. LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA. 1. ACOGIDA DEL RESTO DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS. 2. CONSULTA PÚBLICA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO. IV. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DIRECTIVA. V. CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LA DIRECTIVA PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL CATASTRO. VI. EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA DIRECTIVA. 1. DICTAMEN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES. 2. DEBATE EN EL SENO DEL CONSEJO EUROPEO. 3. FUTUROS PASOS EN LA TRAMITACIÓN. VII. LA TRANSPOSICIÓN Y EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA. VIII. RELACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. IX. EL POSIBLE PAPEL DEL CATASTRO COMO INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE ESTA DIRECTIVA EN ESPAÑA. 1. LAS COMPETENCIAS DEL CATASTRO. 2. LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 3. OBLIGACIONES QUE ESTABLECE ESTA DIRECTIVA. 4. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN ESTA DIRECTIVA. 5. ¿CÓMO ACTUAR? LA INTEROPERABILIDAD. X. EL DEBATE EN LAS ORGANIZACIONES CATASTRALES EUROPEAS. XI. CONCLUSIONES.

I. El supuesto de hecho. II. Cuestión procesal: la falta de expresión de los motivos en que se funda el escrito de interposición del recurso de casación. III. La suspensión de las sanciones tributarias en la vía administrativa. 1. Primera etapa: hasta la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes de 1998, la suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias requería la prestación de garantía. 2. Segunda etapa: a partir de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes de 1998, la ejecución de las sanciones tributarias queda automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la mera presentación en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa. 3. Tercera etapa: a partir de la Ley General Tributaria de 2003 y del Reglamento general del régimen sancionador tributario de 2004, la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa produce automáticamente la suspensión de la ejecución de la sanción recurrida hasta el final de la vía administrativa, sin necesidad tan siquiera de que el obligado tributario pida la suspensión y sin exigírsele intereses de demora por ese período en que la ejecución de la sanción ha estado suspendida. IV. La suspensión de las sanciones tributarias en la vía contencioso-administrativa. 1. Primera fase: Los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo resuelven sobre la suspensión de las deudas tributarias -incluidas las sanciones- con independencia de la decisión adoptada al respecto en la vía administrativa previa. 2. Segunda fase, que comienza con la sentencia del Pleno de la Sala 3.ª del TS de 6 de octubre de 1998: la suspensión de la ejecución de las deudas tributarias decretada en la vía administrativa se prorroga durante toda la tramitación del proceso contencioso-administrativo sin más requisitos que la solicitud del interesado y la subsistencia de la garantía prestada en la vía administrativa. 3. Tercera fase, que comienza con la sentencia del Pleno de la Sala 3.ª del TS de 7 de marzo de 2005: la suspensión de la ejecución de las sanciones tributarias decretada en la vía administrativa se prorroga en el proceso contencioso-administrativo pero sólo hasta el momento en que el Juez o Tribunal resuelve el incidente de medidas cautelares con arreglo a lo dispuesto en los arts. 129 y ss. de la LJCA. 4. ¿Cuarta fase abierta por la STS de 27 de marzo de 2008?: Con arreglo a esa sentencia parece ser -pues la misma no es muy explícita- que si el sancionado quiere conseguir la suspensión en el proceso contencioso-administrativo ha de justificar los perjuicios que le ocasiona la suspensión así como ofrecer garantía por el importe de la sanción. V. Epílogo.

I. INTRODUCCIÓN: PARLAMENTOS Y DESEMPEÑO. II. EL CRECIENTE AUMENTO DE LOS INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO EN EL REINO UNIDO. 1. EL "NÚCLEO EJECUTIVO" Y LOS ACUERDOS DE SERVICIO PÚBLICO. III. PARLAMENTO Y SUPERVISIÓN. 1. LA APARICIÓN DEL SISTEMA DE COMITÉS DE INVESTIGACIÓN. 2. LOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN DEPARTAMENTALES Y GENERALES. IV. PARLAMENTO Y DESEMPEÑO. 1. LOS DATOS DE LOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN DEPARTAMENTALES. 2. LOS DATOS DE LOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN HORIZONTALES. V. ACTITUDES DE MIEMBROS DE COMITÉS DE INVESTIGACIÓN HACIA LOS PSAS. VI. CONCLUSIONES.

I. LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA EN MATERIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. II. DESTINO DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO EN LA LEGISLACIÓN VALENCIANA. III. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. IV. ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. V. ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE RESERVA. VI. CONTABILIZACIÓN DEL PATRIMOMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. VII. REGISTRO AUTONÓMICO. VIII. FORMAS DE GESTIÓN.

I. INTRODUCCIÓN. II. EL PATROCINIO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. II.1. LA CONEXIÓN DEL CONTRATO CON EL INTERÉS PÚBLICO. II.2. EL CARÁCTER PRIVADO DEL CONTRATO DE PATROCINIO. II.3. LA PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. II.4. EL CARÁCTER PUBLICITARIO DEL CONTRATO. II.5. EL CARÁCTER BILATERAL Y CONMUTATIVO DEL CONTRATO DE PATROCINIO. III. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN. II. VOLUNTAD DEL LEGISLADOR. 1. COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO. 2. PRIMER BORRADOR DEL EBEP. 3. SEGUNDO BORRADOR DEL EBEP. 4. PROYECTO DE LEY. 5. APROBACIÓN DEFINITIVA. III. PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN. 1. PERSONAL. 2. DESIGNACIÓN O ELECCIÓN. 3. POLÍTICA. IV. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN. 1. ANTECEDENTES. 2. EL INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. II. EL PERSONAL DIRECTIVO EN LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 1. ANTECEDENTES NORMATIVOS. 2. CONCEPTO DE PERSONAL DIRECTIVO. 3. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE DIRECTIVO PÚBLICO. 4. OTRAS NOTAS ADICIONALES. III. EL PERSONAL DIRECTIVO EN EL ÁMBITO LOCAL TRAS LA LEY 7/2007. IV. BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN. 1. LA NECESIDAD CONSTITUCIONAL DE VALORAR EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA COOFICIAL EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE SIRVE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DOTADA DE COOFICIALIDAD VERSUS LA IMPOSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE HACERLO. A) JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: STC 76/1983, DE 5 DE AGOSTO. B) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO HASTA 1986. 2. LA CONCRETA TRASCENDENCIA QUE CABE ASIGNAR AL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA COOFICIAL PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE SIRVE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DOTADA DE COOFICIALIDAD: SU VALOR DE MÉRITO CON CARÁCTER GENERAL Y DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA CIERTAS PLAZAS. A) JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: STC 82/1986, DE 26 DE JUNIO. B) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO A PARTIR DE 1986. 3. EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA AUTONÓMICA COMO REQUISITO PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: REQUISITO GENERAL VERSUS REQUISITOS PARA CIERTAS PLAZAS. A) JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: STC 46/1991, DE 28 DE FEBRERO. B) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA INICIADA EN EL AÑO 1986 Y DEFINITIVAMENTE ASENTADA EN EL AÑO 1989. C) LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: STC 10-10-2005, DE 15 DE NOVIEMBRE.

I. Programa "La energía de los ciudadanos". II. Programa "Competitividad energética". III. Programa "Energía y Administración". IV. Programa "Infraestructuras energéticas".