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I. El art. 38.4.b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. II. De la "Ventanilla Única" a la "Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano" y de éstas a la "Ventanilla Única Electrónica". III. ¿Es aplicable el concepto "ciudadanos" del art. 38.4 LRJPAC a las Administraciones Públicas? IV. El problema del "Auto-registro" en las Entidades Locales. V. Bibliografía.

I. PLANTEAMIENTO GENERAL. II. CUESTIONES JURÍDICAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS URBANÍSTICAS. 1. La obligación de derribo y la ejecución de las sentencias urbanísticas. Supuestos de aplicación. 2. La ejecución de sentencias urbanísticas que estiman la nulidad de un plan urbanístico: entre la inseguridad jurídica y los pronunciamientos judiciales. a) La anulación de un plan urbanístico general. b) La anulación del plan urbanístico derivado. 3. La ejecución de sentencias urbanísticas que anulan instrumentos de gestión urbanística. III. LA POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES Y LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN (ART. 103 LJCA). 1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias urbanísticas corresponde al órgano que la dictó en primera instancia (art. 103.1 LJCA). 2. La obligación de las partes de cumplir con las sentencias (art. 103.2 LJCA). 3. El deber de colaboración de las personas y entidades tanto públicas como privadas (art. 103.3 LJCA). 4. La nulidad de los actos y disposiciones contrarios al pronunciamiento de las sentencias dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento (art. 103.4 y 103.5 LJCA). a) Actos y disposiciones que entran en el ámbito de aplicación del artículo 103.4 LJCA. b) La contradicción con el pronunciamiento del fallo de la sentencia como requisito objetivo para estimar la nulidad del acto o disposición administrativa. c) La finalidad de eludir el cumplimiento del pronunciamiento de la sentencia y su carácter subjetivo. d) El procedimiento para declarar la nulidad del acto o disposición administrativa (art. 103.5 LJCA). IV. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 1. La ejecución voluntaria (art. 104.1 LJCA). 2. La ejecución forzosa (art. 104.2 LJCA). a) La legitimación de las partes y personas afectadas para instar la ejecución forzosa de la sentencia. La nueva postura de los tribunales. 3. El incidente de ejecución de sentencia (art. 109 LJCA). V. LA PROHIBICIÓN DE INEJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL FALLO Y LAS CAUSAS DE IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y LEGAL. 1. La prohibición de suspender o declarar la inejecución total o parcial del fallo (art. 105 LJCA). 2. La causa de imposibilidad material. a) la concurrencia de la imposibilidad material o legal está sometida a las prescripciones procedimentales del art. 105.2 LJCA. La indemnización sustitutoria. b) La imposibilidad material y su interpretación restrictiva. c) El estado de la técnica y la complejidad en la demolición. d) La imposibilidad material no es sinónimo de complejidad o prolongación en el tiempo de la ejecución. 3. La causa de imposibilidad legal o jurídica. a) La imposibilidad legal o jurídica como característica propia en la ejecución de sentencias urbanísticas. b) La interpretación jurisprudencial de la imposibilidad legal o jurídica. c) La presencia de terceros adquirentes de buena fe no es causa de imposibilidad legal o jurídica. Especial referencia a la imposibildiad económica. VI. MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS URBANÍSTICAS EN LA LJCA. 1. La insuficiente publicación y registro de las sentencias (art. 107 LJCA). 2. La potestad de sustitución en el ejercicio de potestades regladas y discrecionales en la ejecución de las sentencias (art. 108 LJCA). 3. Medidas previstas en el art. 112 de la LJCA para el cumplimiento de las sentencias urbanísticas. a) Las multas coercitivas y su inocente aplicación en la práctica. b) El testimonio de particulares ante la inejecución de una sentencia. VII. CONCLUSIONES.

I. Introducción. II. Reflexiones previas sobre lo que ha supuesto la entrada en vigor del EBEP en materia de empleo público. III. La selección en el ámbito local. Problemática concreta que plantea tras el EBEP. 1. Procesos y sistemas de selección. 2. La excesiva laboralización en el empleo público local. IV. Alcance y contenido de la legislación autonómica de desarrollo sobre el empleo público local. El caso particular de la Comunidad Autónoma de Murcia.

I. LA SENTENCIA. Proceso contencioso-administrativo. Impugnación de autos que deniegan la apertura de pieza separada de ejecución de sentencia; estimación. Deber de sustanciar el incidente planteado. La Administración del Estado ha ordenado incoar un nuevo procedimiento de deslinde con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia firme que declaraba la exclusión del deslinde de dominio público-terrestre de determinados terrenos de una Comunidad de Propietarios. La incoación del nuevo procedimiento de deslinde comporta limitaciones para los propietarios que pueden impugnarlo, sin esperar a la orden definitiva de deslinde. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. Las normas de los Planes Urbanísticos. II. Las especialidades organizativas. 3. Peculiaridades en materia de reglamentación sobre bienes públicos. 4. Peculiaridades de los reglamementos de personal. 5. Peculiaridades de las normas presupuestarias y tributarias.

I. Planteamiento. II. Sobre creación y aplicación del Derecho europeo. III. Procedimiento administrativo español al servicio del Derecho europeo. IV. Aproximación del procedimiento administrativo español al Derecho europeo. a) Desarrollo "procedimental" español de Reglamentos comunitarios. b) Adecuación hermenéutica del procedimiento administrativo español. V. Aproximación de la Unión Europea al procedimiento administrativo nacional. a) Normas procedimentales europeas. b) Reglamentos comunitarios de eficacia directa máxima. c) Participación de otras Administraciones nacionales en el procedimiento administrativo español. d) Participación comunitaria en el procedimiento administrativo español. e) Elaboración de información en el exterior. f) La Administración nacional al servicio de otras Administraciones nacionales europeas. g) Aplicación del Derecho eruopeo por sujetos privados. VI. Síntesis final.

I. Presentación. II. Reflexiones y experiencias en torno al funcionamiento del procedimiento legislativo y las relaciones Gobierno-Cámaras. 1. El papel del Senado en el procedimiento legislativo. 2. Las especialidades del procedimiento legislativo para las Leyes Orgánicas. 3. El procedimiento de la reforma de los Estatutos de Autonomía. 4. Las enmiendas en el procedimiento legislativo. 5. Votos particulares al dictamen de Comisión. III. Calidad y Evaluación de las Leyes. IV. Procedimientos legislativos ordinarios y especiales. 1. Deficiencias comunes al conjunto de procedimientos legislativos. 2. Problemas en torno a algunos de los procedimientos legislativos especiales. V. Conclusiones y propuestas pro futuro.

I. Introducción. II. Respecto de la denominación "procedimiento negociado". III. Atenuación o matización de algunos principios contractuales en el procedimiento negociado. IV. Singularidades del procedimiento negociado. V. Excepcionalidad del procedimiento negociado. VI. Negociación de los términos del contrato. VII. Supuestos establecidos en la LCSP en los que procede la tramitación del procedimiento negociado. 1. Supuestos generales que justifican la aplicación del procedimiento negociado, art. 154 de la LCSP. 2. Supuestos correspondientes al contrato de obras, que justifican la aplicación del procedimiento negociado, art. 155 de la LCSP. 3. Supuestos correspondientes al contrato de gestión de servicios públicos, que justifican la aplicación del procedimiento negociado, art. 156 de la LCSP. 4. Supuestos correspondientes al contrato de suministro, que justifican la aplicación del procedimiento negociado, art. 157 de la LCSP. 5. Supuestos correspondientes al contrato de servicios, que justifican la aplicación del procedimiento negociado, art. 158 de la LCSP. VIII. Procedimiento negociado: con publicidad previa o con la simple solicitud de ofertas de participación. 1. Procedimiento negociado con publicidad. 2. Procedimiento negociado sin publicidad. IX. Bibliografía y fuentes consultadas.

I. Supuesto de hecho. II. Regulación del silencio administrativo. 1. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. III. Consideraciones sobre el silencio administrativo. IV. Conclusiones sobre el supuesto de hecho.

I. Juicio de cuentas y procedimiento de reintegro por "alcance". II. Así, pues, el juicio de cuentas presupone un procedimiento previo de fiscalización (incluso un procedimiento que haya finalizado. Explicación histórica de la dualidad procedimental [véase el ANEXO B)]. III. El concepto amplio de "alcance". IV. Vocación del Tribunal de Cuentas de reconducir el caso hacia el "alcance". V. Procedencia del "alcance" a efectos de poder encauzar las acciones públicas. VI. Presupuestos de la responsabilidad contable. VII. Archivo de las actuaciones por el Tribunal de Cuentas (artículo 46.2 de la Ley de Funcionamiento del TrCu). VIII. Improcedencia del archivo de actuaciones por el Tribunal de Cuentas. IX. Improcedencia del enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por ser competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. X. Precisión de los sujetos que pueden ser responsables en los procedimientos sustanciados ante el Tribunal de Cuentas. XI. Prescripción en los procedimientos sustanciados ante el Tribunal de Cuentas. XII. Improcedencia de reproducir en sede de apelación las alegaciones efectuadas en primera instancia. XIII. Importancia de la prueba. XIV. Criterios legales y jurisprudenciales sobre la remuneración a electos locales y su control por el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción contencioso-administrativa. XV. La jurisprudencia del TS que afirma que la indemnización comprende también "la compensación de la prestación de un cargo municipal", en el marco de una ratio de razonabilidad y del presupuesto legal del artículo 75 de la LBRL 7/1985. XVI. Régimen jurídico de dietas e indemnizaciones por desplazamientos. XVII. En particular, la regulación de la indemnización por kilometraje. XVIII. Las dietas y gastos de desplazamiento en las sentencias del Tribunal de Cuentas. XIX. Aplicación jurisprudencial de la normativa de la indemnización por kilometraje en el Tribunal de Cuentas. XX. Recepción y reconocimiento por el Tribunal de Cuentas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a que proceden las indemnizaciones que compensen la pérdida del eventual beneficio económico que podrían reportar otras actividades. XXI. Reflexión final. ANEXO.