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I. Consideraciones previas: objeto y alcance del análisis. II. Contenido del expediente administrativo del presupuesto de las Entidades Locales. II.a) Contenido del Presupuesto General. III.b) Contenido del presupuesto de la Entidad Local. III. El principio presupuestario de competencia y el ciclo presupuestario. IV. Naturaleza y contenido de las bases de ejecución del presupuesto. V. Régimen jurídico de las mociones de los grupos políticos. VI. Consideraciones finales.
ANÁLISIS GENERAL DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: PROBLEMAS, SOLUCIONES Y HUIDAS
1. Introducción. 2. Un estatuto para todos los empleados públicos. 3. Un estatuto para todas las administraciones públicas. 4. Un estatuto de mínimos. 5. Las peculiaridades de la Administración local. 6. La difícil construcción de una clase directiva profesional. 7. La reducción del empleo temporal en la Administración pública. 8. La composición de los órganos de selección. 9. La carrera administrativa: competencia y desempeño profesional. 10. La afirmación de la posición del sindicato en el sector público. 11. La codificación de la ética del empleado público. 12. Las huídas. Bibliografía
Introducción. I. Una primera aproximación al fraude a la Ley Tributaria. 1. Tesis mayoritaria: el fraude a la Ley como especie del fraude a la Ley civil. 2. El fraude a la Ley tributaria como una forma de gravar determinadas economías de opción o como figura distinta al fraude a la Ley civil. II. Las distintas soluciones al fraude a la Ley Tributaria. 1. La solución al fraude a la Ley tributaria en la LGT. 2. Pero ¿es posible hablar de la analogía como mecanismo para luchar contra el fraude a la Ley tributaria?. 2.1. Las distintas "analogías" que maneja la doctrina tributaria española como solución al fraude a la ley. 2.2. Las distintas concepciones doctrinales en torno al fraude a la Ley tributaria y la analogía como solución al mismo. III. ¿Cuál es, entonces, el procedimiento o mecanismo que utiliza el aplicador del derecho para determinar la norma tributaria eludida en los supuestos de fraude a la ley?.
ANDALUCÍA MARCA EL CAMINO PARA EL DESARROLLO ESTATUTARIO DE LA AUTONOMÍA LOCAL
I. Introducción. II. Antecedentes: el equilibrio entre la liberalización y el modelo social europeo como resultado de la polémica gestación de la Directiva de Servicios. III. Principios generales de la Directiva: la realización del mercado interior de servicios y otros principios instrumentales administrativos. IV. Repercusiones administrativas de la Directiva de servicios (con particular atención a los entes locales). V. Problemas de su transposición en España. VI. Conclusión: la Directiva de servicios como proceso de consolidación del Mercado Europeo y la Unión administrativa.
ANULACIÓN DE ACUERDOS DE APROBACIÓN DE PDAIS Y SELECCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR POR INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. COMENTARIO A LA SENTENCIA NÚM. 893/2008, DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)
I. Sobre la cuestión sometida a control jurisdiccional: motivos de impugnación. II. Sobre las sentencias aludidas por la sala sentenciadora para basar la infracción por la LRAU de la legislación de contratos estatal. III. ¿Podría entenderse que los motivos esgrimidos constituyen un recurso indirecto contra la LRAU aplicable en el momento de la adjudicación del PDAI?. IV. Sobre el análisis de las sentencias que motivan el fallo de la Sala: diferencias sustanciales con el motivo enjuiciado. V. Algunas consideraciones de derecho sobre el fallo de la Sentencia de 19 de septiembre de 2008 comentada. VI. Posibles consecuencias de la anulación de PDAIS (e incluso de instrumentos de planeamiento de desarrollo) con base en alegaciones genéricas de infracción de normativa estatal de contratación pública. VII. Conclusión.
ANULACIÓN DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA DE AYUNTAMIENTO POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMENTARIO A LA SJ CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 25 DE ENERO DE 2007
I. LA SENTENCIA. Faltas y sanciones administrativas. Tráfico y seguridad vial. Anulación de la sanción pecuniaria impuesta por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en no colocar el ticket de estacionamiento en el salpicadero del vehículo de forma visible y legible desde el exterior. Vulneración de requisitos procedimentales, determinantes de la nulidad de la resolución, al no reunir la denuncia los requisitos legalmente establecidos para que pueda producir sus efectos. Falta de indentificación del denunciante con sus datos personales. Imposibilidad de sustituir dichos por su número de identificación profesional, pues los controladores de la ORA no tienen condición de agentes de la autoridad. Vulneración del principio de presunción de inocencia. El controlador de la ORA carece de presunción de veracidad al no ser agente de la autoridad, sin que hayan sido probados posteriormente a la denuncia los hechos denunciados por el mismo y negados rotundamente por el interesado. Inexistencia de falta de resolución sobre la práctica de las pruebas propuestas por el interesado al haberse presentado el escrito de alegaciones extemporáneamente de modo que el trámite había precluido. Por lo mismo, y al no existir elementos novedosos, no era preceptivo el trámite de audiencia alegado. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
ANULACIÓN PARCIAL DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL. COMENTARIO A LA STS (SALA 3.ª) DE 27 DE MARZO DE 2008
I. La Sentencia. Derecho de Asilo. Anulación de revocación de asilo concedido en el año 1986 a disidente político ecuatoguineano. No se cumplen las condiciones establecidas por los convenios internacionales para revocar la condición de refugiado, como son que existan motivos fundados para considerarle culpable de actos contrarios a los principios de Naciones Unidas o que sea considerado un peligro para la seguridad de España. II. Fundamentos de Derecho.
APLICABILIDAD DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
I. Introducción. II. Ámbito de aplicación de la LCSP. III. Naturaleza jurídica de las Cámaras. IV. Régimen contractual aplicable a las actividades de las Cámaras: 1. Consideración de las Cámaras como Administración Pública. 2. Consideración de las Cámaras como poder adjudicador: 2.1. Personalidad jurídica propia. 2.2. Hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. 2.3. Control público o influencia dominante sobre el ente. V. Conclusiones.
APLICACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES COMO ELEMENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
I. INTRODUCCIÓN. II. LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE: RETO URGENTE PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. III. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE EN EL DERECHO COMPARADO. 1. El caso de la normativa de la Comunidad Europea. 2. El caso de la normativa española. 3. Algunas experiencias prácticas de contratación pública sostenible. IV. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CRITERIOS SOCIALES Y DISCRIMINACIÓN POSITIVA. 1. Discriminación positiva como herramienta de inclusión. 2. Tipos de cláusulas sociales que pueden incorporarse. V. LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE EN LA NORMATIVA PERUANA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 1. El mejor valor por el dinero. 2. Criterios medioambientales. 3. Criterios sociales. 4. Problemas para la aplicación de cláusulas sociales en el Perú. VI. OPORTUNIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, ESPECIALMENTE PARA EL CASO DE CRITERIOS SOCIALES. VII. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES. VIII. CONCLUSIONES.
