Hemeroteca

I. Antecedentes. II. Determinaciones previas al inicio del expediente de contratación. La determinación del objeto del contrato. 1. Contratos de obras y de concesión de obra pública. 2. Contratos de servicios y de gestión de servicios públicos. 3. Contratos de suministros. 4. Variantes. III. Las características del objeto del contrato: especificaciones técnicas. IV. Capacidad y solvencia de los licitadores. 1. Prohibiciones de contratar. 2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional. 3. Otros aspectos. V. Adjudicación del contrato: determinación de la oferta económicamente más ventajosa. VI. Ejecución del contrato: condiciones de ejecución, penalidades y causas de resolución contractual. VII. Conclusiones.

I. Introducción. II. Requisitos de los criterios de adjudicación. III. Valoración de los criterios automáticos y de los criterios dependientes de un juicio de valor. IV. Distintos criterios de adjudicación: la experiencia. El precio. Criterios sociales y medioambientales. Otros criterios. Concreción del método de valoración. 1. El precio. 2. Criterios sociales y medioambientales. 3. Otros criterios. 4. Concreción del método de valoración. V. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. VI. Conclusiones.

I. LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA DE 1963. 2. RASGOS GENERALES DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 58/2003. 3. LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES EN PARTICULAR. 3.1. Observación previa: ni son criterios de graduación todos los que están en el art. 187 Ley General Tributaria, ni están todos los que son. 3.2. Criterios de graduación expresamente previstos en el art. 187 Ley General Tributaria. 3.2.1. La comisión repetida de infracciones tributarias. 3.2.2. El perjuicio económico para la Hacienda Pública. 3.2.3. El incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. 3.3. Los criterios de graduación no contemplados en el art. 187 Ley General Tributaria. 3.3.1. Observaciones previas. 3.3.2. Agravantes específicas: la reiteración en las conductas. 3.3.3. Atenuantes específicas. 4. CIRCUNSTANCIAS QUE REDUCEN LA SANCIÓN: EL ACUERDO Y LA CONFORMIDAD DEL OBLIGADO TRIBUTARIO. 5. LA POSIBILIDAD DE APLICAR SIMULTÁNEAMENTE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES.

I. INTRODUCCIÓN. II. LAS TRES MODALIDADES DE DELITOS URBANÍSTICOS. III. EL DELITO POR LA EJECUCIÓN DE ACTOS URBANÍSTICOS NO AUTORIZABLES EN TERRENOS Y LUGARES PROTEGIDOS. A) Los autores. B) Los elementos constitutivos del delito. IV. EL DELITO POR ACTOS URBANÍSTICOS NO AUTORIZABLES EN SUELO NO URBANIZABLE. A) Tipificación. B) Los elementos constitutivos del delito. V. LAS PENAS DE LOS DELITOS DEL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO PENAL. VI. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. VII. LA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA. A) Concepto. B) Cuatro modalidades. C) El elemento personal: la autoridad o funcionamiento público. D) El elemento culpabilístico: "A sabiendas de su injusticia". E) Primera modalidad: el informe favorable de planes, proyectos y licencias urbanísticas que sean contrarios a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes. F) Segunda modalidad: el silencio de la infracción de las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes con motivo de una inspección. G) Tercera modalidad: la omisión de inspecciones de carácter obligatorio. H) Cuarta modalidad: resolver o votar a favor de la aprobación de los instrumentos o proyectos urbanísticos o de la concesión de licencias urbanísticas. I) Penas. VIII. LAS CRÍTICAS A LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS URBANÍSTICOS.

1. Los derechos de participación en un contexto de descentralización política. 2. Su concreción en los Estatutos de Autonomía reformados recientemente. 3. Un modelo paradigmático: el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 3.1. Los derechos de participación política en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 3.2. Los derechos de la Democracia participativa en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

1. Introducción: el concepto de "Derechos europeos de la minorías". 2. Principios comunes y divergencias en el Derecho Constitucional de los Estados Europeos. 3. Los derechos culturales de las minorías según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4. Derechos "especiales" según el Convenio-Marco para la protección de las minorías nacionales y la Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias. 5. El derecho de la Unión Europea y su tutela indirecta de los derechos de las minorías.

I. Introducción: la judicialización de las garantías 1. La idea del "recurso judicial efectivo". 2. La garantía penal. II. La arraigada presencia de los Derechos fundamentales en los Tratados en que se basa la Unión Europea. III. La codificación que representa la Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea. IV. Hacia la plena eficacia de la Carta. V. El doble efecto de la Ley de ratificación: 1. La normal funcionalidad para que entre en vigor un tratado. 2. El compromiso adicional que representa la referencia expresa a la aplicación del artículo 10.2 de la Constitución. VI. Algunos contenidos de la Carta especialmente interesantes.

I. INTRODUCCIÓN. II. LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA, FACTOR DE IMPULSO Y CONCRECIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES. UNA IMPRONTA SOBRE LA LABOR REALIZADA POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESTE ÁMBITO. 1. Consideraciones generales. 2. Objeto y estructura de las leyes autonómicas sobre la materia. 3. Valor y eficacia jurídica de los derechos sociales creados por la legislación autonómica. III. LA RECEPCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. IV. UN EXCURSUS IMPUESTO POR LA STC 247/2007 DE 12 DE DICIEMBRE: PODER DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA PARA PROCLAMAR PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES. 1. La posibilidad de desarrollar y "especificar" derechos fundamentales. 2. La posibilidad de crear derechos nuevos (o derivados de principios rectores constitucionales). 3. Límites al poder normativo de los Parlamentos autonómicos. A) Cobertura competencial suficiente. B) Respeto al ámbito de las leyes orgánicas reguladoras de los derechos fundamentales. C) Respeto al principio de igualdad ex art. 139. CE. D) El límite al artículo 138.2 CE. E) La sujeción al posible despliegue por el Estado de la potestad contenida en el artículo 149.1. 1.ª CE. V. LA POLÉMICA SOBRE LA LICITUD DE LA INCLUSIÓN DE PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. 1. Sobre la oportunidad de su inclusión en los Estatutos. 2. Sobre la constitucionalidad de la inserción en los estatutos de dichas tablas de principios, derechos y deberes. A) El presunto impedimento formal: el tenor literal del artículo 147.2 CE. Posturas que se mantienen sobre el contenido posible de los Estatutos. a) Interpretaciones estrictas sobre el alcance del artículo 147.2 CE. b) Interpretaciones amplias sobre el contenido estatutario posible. B) Los argumentos de fondo, a favor y en contra, sobe los enunciados de principios, derechos y deberes de los Estatutos de Autonomía. a) Primera cuestión. Sobre la relación entre los derechos fundamentales y las Cartas estatutarias de derechos. B) Sobre la petrificación y sustracción al juego democrático que puede suponer la inclusión de derechos en los Estatutos. c) Otra línea argumental. Los Estatutos son aprobados por Leyes orgánicas del Estado. ¿Pueden éstas crear desigualdades entre los españoles? d) De nuevo sobre la sujeción a la potestad del Estado ínsita en el artículo 149.1.1ª CE. e) El argumento del derecho comparado. f) La tesis de la STC 247/2007: los derechos sustantivos ex novo que proclaman los Estatutos no son derechos, sino mandatos a los poderes públicos autonómicos. VI. LA EFICACIA DE LOS ENUNCIADOS ESTATUTARIOS. 1. Los enunciados estatutarios puramente retóricos. 2. El valor de los principios rectores estatutarios. 3. El valor de los derechos sustantivos proclamados en los Estatutos de Autonomía. 4. La vinculación entre las tablas estatutarias de principios y derechos y la legislación de desarrollo.

1. La Directiva de Servicios: objeto, contenido y perspectivas de transposición. 2. Incidencia en el proceso de revisión normativa de las ordenanzas locales de la nueva concepción de la potestad normativa local contenida en los Estatutos de Autonomía de nueva generación. 3. Principales ámbitos de competencia municipal afectados por la Directiva de Servicios. 4. La obligada simplificación de procedimientos, ventanilla única y Administración electrónica.