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I. Introducción. II. La inicial regulación del visado colegial. III. La nueva regulación derivada de la Directiva. IV. El Real Decreto 1000/2010.

1. Introducción. 2. Antecedentes y justificación de la necesidad de una Ley de Responsabilidad Medioambiental. 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental: 3.1. Ámbito objetivo: ¿qué se entiende por daño medioambiental?. 3.2. Ámbito subjetivo: A) Sujetos responsables. B) Autoridad competente. Ministerio fiscal. C) Interesados. 3.3. Ámbito temporal. 4. Obligaciones impuestas por la Ley de Responsabilidad Medioambiental: 4.1. Prevención y evitación de daños medioambientales. 4.2. Reparación de daños medioambientales. 4.3. Obligaciones de comunicación. 5. Inexigibilidad de obligación de sufragar los costes. 6. Potestades y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de prevención, evitación y reparación. 7. Garantías financieras. 8. Fondos de compensación y de reparación. 9. Cuestiones procedimentales. 10. Régimen sancionador. 11. Conclusiones.

I. Introducción. II. Efectos de la sustitución del procedimiento de licencias o autorizaciones previas por el procedimiento de comunicaciones previas o de declaraciones responsables y control posterior. A. El procedimiento de control posterior. B. Posible hecho imponible. B.1 Análisis Legislativo. B.2 Análisis Doctrinal Jurisprudencial. C. Devengo y posibilidad del régimen de autoliquidación. III. Modelo de Ordenanza Fiscal.

I. Planteamiento. II. La total ineficacia del acto nulo en la teoría clásica de Derecho Civil: fundamento y consecuencias. III. La radical asunción de la teoría clásica de la nulidad de Derecho Civil por el Derecho Administrativo. IV. La falta de justificación de la teoría clásica y radical de la nulidad en el actual Derecho Administrativo español. V. Mantenimiento de los caracteres clásicos de la nulidad salvo excepciones justificadas. VI. Eficacia extraprocesal de los actos nulos: obligatoriedad y presunción de validez mientras su nulidad no sea declarada. VII. Sometimiento de la nulidad a las reglas procesales. VIII. Imprescriptibilidad de la nulidad y sometimiento de los recursos contra actos nulos a los plazos ordinarios. IX. La ineficacia procesal perpetua e ipso iure del acto nulo no declarado como tal. A) La nulidad alegada en recursos indirectos contra actos. B) La nulidad alegada como excepción procesal en el contencioso-administrativo. C) La alegación de la nulidad de actos administrativos ante otras jurisdicciones. X. Posibilidad de restringir la legitimación para invocar causas de nulidad ¿nulidades de pleno derecho relativas?. XI. La apreciación de oficio no es característica esencial ni exclusiva de los vicios de nulidad. XII. El sometimiento de la nulidad a los límites propios del contencioso entre Administraciones. XIII. El posible mantenimiento de los efectos de los actos nulos. XIV. La nulidad no siempre comporta una vía de hecho. XV. ¿Es posible la convalidación de los actos nulos?. A) La convalidación legislativa. B) La convalidación por subsanación administrativa. C) Renuncia a la acción de nulidad. XVI. Conclusión: la relativización y diversificación del régimen de la nulidad.

1. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN EN LAS SUBVENCIONES. 2. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA. 2.1. Requerimiento de colaboración a los beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de una subvención local. 2.1.1. Informe técnico sobre necesidad y conveniencia de colaboración de beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de una subvención en el ámbito local. 2.1.2. Requerimiento por parte de la intervención municipal sobre la necesidad y conveniencia de colaboración por parte del beneficiario, entidad colaboradora o tercero relacionado con el objeto de una subvención local. 2.1.3. Certificado de presentación o no de la documentación requerida. 2.1.4. Informe sobre el incumplimiento de la colaboración. 2.2. Ejercicio de las facultades concedidas a la Intervención. 2.2.1. Ejercicio de las facultades concedidas a la Intervención. 2.2.2. Negativa del interesado al cumplimiento de los requerimientos efectuados por la intervención, en ejercicio de las facultades de control.

1. Consideraciones generales sobre la figura de la oferta de empleo público. 2. Naturaleza jurídica y límites de la OEP. 2.1. Naturaleza. 2.2. Límites operativos. 3. La negociación colectiva de la OEP. 4. La consecuencia inmediata: la vuelta a los orígenes.

I. INTRODUCCIÓN. 1. Consideraciones generales. 2. Análisis previo de la nomenclatura utilizada por el texto refundido: políticas públicas, ordenación territorial y urbanística, y legislación sectorial o aplicable. A) Políticas públicas. B) Ordenación territorial y urbanística; legislación, instrumentos y contenido normativo. C) Legislación sectorial, aplicable o reguladora. II. MATERIAS RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS INSTRUMENTOS Y ORDENACIÓN URBANÍSTICOS. A. Derechos de información y participación. B. Zonas verdes y espacios libres. C. Publicidad y documentos de planeamiento y gestión urbanísticos. D) Facultades del Derecho de propiedad: vuelo y subsuelo. E) Situación suelo urbanizado y actuaciones de dotación. F) Redistribución de beneficios y cargas. G) Valoración de edificaciones y suelo urbanizado. Efectos indemnizatorios y expropiatorios. H) Patrimonios públicos de suelo y destino de los bienes a usos de interés social. I) Convenios urbanísticos. Inscripciones en el Registro de la Propiedad y edificaciones incorporadas al patrimonio particular. J) Edificaciones existentes. K) Determinación de porcentajes de reserva de viviendas de protección pública. L) Constancia, incrementos edificabilidad o de densidad a raíz de alteración de la Ordenación Urbanística. III. MATERIAS ATRIBUIDAS CONJUNTAMENTE A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: PROBLEMÁTICA DE SU EQUIPACIÓN. 1. Configuración del modelo territorial. 2. Potestades para vincular suelo a uso residencial y derecho a la vivienda. 3. Potestades y técnicas de actuación comunes a la ordenación territorial y urbanística. 4. Régimen jurídico homogéneo de la ordenación territorial y urbanística. IV. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ANTE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA. A) Actos promovidos por la Administración General del Estado (Disp. Adic. 10.ª). B) Participación del Estado en la ordenación territorial y urbanística (Disp. Adic. 8.ª).

1. La economía española en el período 2004-2008. 1.1. La economía española en 2007 y 2008. 2. La estrategia de política económica en 2008 y los Presupuestos Generales del Estado para 2008. 2.1. Estabilidad presupuestaria. 2.2. Capitalización de la economía. 2.3. Reformas en los mercados de bienes, servicios y factores. 3. Mejoras en la calidad de la regulación. 4. Conclusión.

1. El anclaje constitucional de la participación ciudadana y su fundamento. A. Las manifestaciones de la participación ciudadana en los asuntos públicos. B. El artículo 23 de la Constitución: el derecho a participar en los asuntos públicos. Contenido y alcance. C. El reconocimiento constitucional de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales: el principio de audiencia a los ciudadanos. 2. La configuración legal de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales. A. La competencia para establecer el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias. B. Las garantías procedimentales mínimas de la participación ciudadana: el trámite de audiencia a los ciudadanos y la información pública. a) El trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias: concepto y modalidades. b) Alternativas al trámite de audiencia. c) Otras formas de participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales: la información pública. 3. Nuevas formas de participación ciudadana en la elaboración de disposiciones generales: la iniciativa popular reglamentaria. A. Fundamento y naturaleza jurídica. B. Los sujetos legitimados para ejercer el derecho a la iniciativa reglamentaria. C. El objeto de la iniciativa reglamentaria. D. Procedimiento y efectos de la iniciativa reglamentaria.

1. INTRODUCCIÓN. 2. EL ARTÍCULO 142 CE COMO PUNTO DE PARTIDA. 2.1. La suficiencia financiera, un concepto relevante pero de difícil protección. 2.2. Los medios "fundamentales" de financiación de los entes locales. 2.2.1. Los tributos propios. 2.2.2. Las participaciones en los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma. 2.3. ¿Ha alcanzado la PICA el papel que el constituyente tenía reservado para ella?. 2.4. ¿Cuáles son los motivos que han podido ocasinar o propiciar que un mandato constitucional aparentemente tan claro haya sido obviado hasta la fecha? 2.4.1. Prioridad de la financiación de las Comunidades Autónomas. 2.4.2. Perversión de los títulos competenciales. 2.4.3. Escasa valentía y amplitud de miras. 2.4.4. Justificación del carácter condicionado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 3. ACTUALIDAD DE LA MATERIA. 3.1. Una exigencia política. 3.2. Un problema económico. 3.3. Las reformas estatutarias recogen por primera vez la PICA. 4. LA LEY 6/2010, DE 11 DE JUNIO, REGULADORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 4.1. El Fondo de participación en el nuevo Estatuto de Autonomía. 4.2. El Plan de cooperación municipal. Especial referencia al Fondo para la nivelación de los servicios municipales. 4.3. Contenido de la Ley 6/2010. 4.3.1. Los beneficiarios del Fondo. 4.3.2. la dotación del Fondo y su distribución. 4.3.3. Aspectos formales de la gestión del Fondo. 4.3.4. El principio de lealtad institucional y la tutela financiera. 4.4. ¿Configura la Ley 6/2010 un verdadero sistema de participación en tributos? 4.4.1. Carácter incondicionado. 4.4.2. Estabilidad en su aplicación y seguridad en la obtención de ingresos. 4.4.3. Evolución. 4.4.4. Participación en tributos, no en ingresos. 4.4.5. Conclusión. 4.5. Elemento cuantitativo: la dotación del Fondo. 4.5.1. Evolución respecto a su antecedente inmediato. 4.5.2. Dotación respecto a la participación en tributos del Estado. 4.5.3. Las Comunidades Autónomas no incrementan su compromiso en la misma línea que el Estado con ellas. 4.5.4. Una posible alternativa: cambiar de perspectiva. 4.6. El tratamiento de las diputaciones provinciales en la Ley 6/2010. 4.6.1. Las provincias, entes locales necesarios. 4.6.2. La provincia en las leyes de autonomía local y de participación en los tributos autonómicos. 5. CONCLUSIONES FINALES.