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I. INTRODUCCIÓN. II. LÍMITES A LA CONFIGURACIÓN Y AL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE MEDIO PROPIO. 1. La necesidad de una declaración legal sobre el carácter de medio propio del ente encomendado y de la determinación normativa o estatutaria del régimen de las encomiendas. 2. El capital de las sociedades encomendadas debe ser íntegramente público. 3. Prohibición de encomiendas a sociedades públicas que impliquen el ejercicio de autoridad. III. LÍMITES A LA ACTUACIÓN CONTRACTUAL DE LOS ENTES QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE MEDIOS PROPIOS. 1. Imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por el ente matriz. 2. Sometimiento de los contratos de las entidades encomendadas a la LCSP.

1. Providencia de la Alcaldía de inicio del procedimiento. 2. Notificación al inculpado. 3. Notificación al Instructor y al Secretario. 4. Abstención del Instructor. 5. Resolución sobre la abstención. 6. Notificación de la resolución al Instructor. 7. Incidente de recusación. Escrito del inculpado recusando al Instructor. 8. Incidente de recusación. Manifestación del recusado sobre si se da o no en él la causa alegada por el inculpado. 9. Incidente de recusación. Resolucion sobre la recusación. 10. Incidente de recusación. Notificación al inculpado de la resolución sobre la recusación. 11. Acta de declaración del funcionario inculpado. 12. Otras diligencias realizadas por el Instructor. (continuará).

(Continuación de la pág. 443 del cuaderno de abril). 13. Formulación del pliego de cargos. 14. Notificación del pliego de cargos. 15. Formulación del pliego de descargos. 16. Providencia de práctica de las pruebas. 17. Notificación de la providencia de práctica de las pruebas. 18. Prácticas de las pruebas. Acta de toma de declaración de un facultativo. 19. Audiencia al inculpado para que alegue lo que estime pertinente. 20. Propuesta de resolución. 21. Notificación de la propuesta de resolución al interesado. 22. Alegaciones del inculpado a la propuesta de resolución. 23. Remisión del expediente completo al órgano que ha acordado la incoación del procedimiento. 24. Orden del órgano que ha acordado la incoación del procedimiento al Instructor para que practique las diligencias que considere necesarias. 25. Resolución de la Alcaldía que pone fin al procedimiento. 26. Notificación de la resolución. 27. Anotación de la sanción en el Registro de Personal.

1. Introducción. 2. Las Administraciones Públicas en el actual entorno socio-económico: la nueva gestión pública. 3. La importancia del capital intelectual en el sector público. 4. Propuestas de modelos de capital intelectual para el sector público. 4.1. Proyecto SICAP. 4.2. Modelo de capital intelectual propuesto por Caba y Sierra. 4.3. Modelo de capital intelectual propuesto por Bossi. 4.4. Modelo THALEC para la gestión del conocimiento. 4.5. Otras experiencias de aplicación de modelos de gestión del capital intelectual en el sector público. 5. Conclusiones. Referencias bibliográficas.

Coexistencia cooperativa entre los tres ámbitos de poder.

I. INTRODUCCIÓN. II. POR DIVISIÓN DE LA FINCA O EXPROPIACIÓN PARCIAL. 1.º) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 8.ª) de 28 de abril de 1990. 2.º STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª) de 7 de julio de 1990. 3.º) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 22 de marzo de 1993. 4.º) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 3 de noviembre de 1998. 5.º STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 11 de octubre de 2000. 6.º) STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 5 de julio de 2002. 7.º) STSJ de Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) de 21 de febrero de 2007. 8.º) STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) de 7 de septiembre de 2007. III. POR IMPACTO AMBIENTAL. 1.º) STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 3 de mayo de 2000. 2.º) STSJ de Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de marzo de 2001. 3.º) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) de 30 de septiembre de 2005. IV. POR PRIVACIÓN DEL DERECHO A EDIFICAR. 1.º) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 4 de julio de 1995. 2.º) STSJ de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 20 de septiembre de 2000. 3.º) STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) de 13 de febrero de 2001. 4.º) STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 7 de abril de 2001.

I. Introducción. II. La expropiación forzosa como instrumento modernizador de la sociedad. III. Expropiación forzosa y obras públicas de carreteras: legislación histórica y régimen vigente. 1. Aspectos generales: progreso socieoeconómico, vías de comunicación y expropiación forzosa. 2. La normativa histórica anterior a la Constitución de Cádiz en materia de obras públicas, carreteras y expropiación forzosa. 3. Las primeras Leyes en el siglo XIX sobre expropiación forzosa y carreteras, y las previsiones constitucionales. 4. La Legislación sobre expropiación forzosa y en materia de obras públicas entre dos siglos y en un nuevo marco constitucional. 5. La ley de Expropiación Forzosa de 1954 y las nuevas Leyes en materia de Carreteras. 6. La Legislación vigente en materia de expropiación forzosa y de carreteras en el marco de la Constitución Española de 1978, y su situación actual.

I. Introducción. II. Recurso extemporáneo. III. Recurso en plazo.

I. Introducción. II. La discutible caracterización de la reversión expropiatoria como derecho de configuración legal. III. El cambio de afectación de los bienes expropiados en la legislación urbanística: antecedentes de la LS/2007. IV. La causa expropiandi como límite sustantivo al cambio de afectación. 1. Planteamiento general. 2. La sustitución del uso dotacional público por otro igualmente público. 3. La consumación de la causa expropiandi por el transcurso del tiempo. V. Consideraciones finales.

I. La externalización incipiente de los procedimientos de concesión de licencias municipales. II. El nuevo visado colegial a la luz de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia. III. La posible caracterización del compromiso de la inserción del visado colegial en el procedimiento de otorgamiento de licencias vía convenio como una conducta colusoria. IV. La actuación de las Administraciones Públicas también está sujeta a la prohibición legal de conductas y acuerdos colusorios. V. La celebración por los Colegios Oficiales de Arquitectos de convenios y la emisión de visados al amparo de los mismos, representan actividades económicas típicas que están sometidas a la legislación de defensa de la competencia. VI. Conclusión.