Hemeroteca

I. Redes sociales y poder político. II. Hacia la democracia virtual. III. La ciberdemocracia no sólo es oferta informativa sino participación. IV. Democracia deliberativa virtual y periódica. V. Ventajas de la democracia virtual deliberativa y periódica.

I. Introducción. II. El Tribunal Supremo anuda, sin ponderación, ilegalidad urbanística y demolición. Los argumentos del Tribunal Supremo. III. Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. IV. Avances normativos: la Ley cántabra 2/2011 y el Real Decreto 8/2011. V. Conclusión.

I. LA SENTENCIA. Funcionarios Públicos. Administración local. Derechos. Vacaciones. Anulación de unas resoluciones municipales por las que se le asignan al Secretario, forzosamente, sus vacaciones anuales del 3 de mayo al 6 de junio, por necesidades del servicio y 7 días, determinados, de libre disposición, sin haber sido solicitado unas y otros. Falta de motivación expresa que justifique por el Ayuntamiento "las razones del servicios" invocadas para la concesión de las vacaciones durante un periodo distinto al reglamentariamente establecido con carácter preferente. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. La Sentencia. II. Argumentación del Tribunal. III. Normativa Aplicada. IV. Jurisprudencia aplicada. V. Consecuencias para la práctica.

1. Nota preliminar. 2. Comercio interior. 3. Energía. 4. Fomento. 5. Sector financiero: Cajas de Ahorros. 6. Sector inmobiliario: adopción de medidas mediante Decreto-Ley. 7. Telecomunicaciones. Cese de las emisiones de televisión local. 8. Transportes.

1. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. A) Potestad sancionadora con relación al régimen tarifario del sector eléctrico. 2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD SANCIONADORA: RESERVA DE LEY Y TIPICIDAD. A) Ordenanza municipal que prevé infracciones y sanciones sin cobertura legal. B) Aplicación retroactiva de la tipicidad a normas preconstitucionales. C) Subsumir la conducta infractora en un tipo general más benévolo habiendo uno especial más grave no lesiona el principio de tipicidad. 3. ANTIJURIDICIDAD. A) El ejercicio legítimo de un derecho fundamental constituye una causa de justificación que la excluye. 4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DE LAS INFRACCIONES. CULPABILIDAD. A) La presunción de inocencia exige que la Administración motive expresamente la culpabilidad en la resolución sancionadora. B) Exclusión de la culpabilidad por una interpretación errónea pero razonable de la normativa tributaria aplicable. C) Exclusión de la culpabilidad por fuerza mayor. 5. SUJETOS RESPONSABLES. A) Responsable solidario y lesión de la tipicidad y del principio acusatorio. B) La responsabilidad subsidiaria y solidaria exigen, al menos, culpa. 6. CONCURSO DE INFRACCIONES. CONCURSO DE NORMAS PUNITIVAS: NON BIS IN IDEM. A) Entidades mercantiles sancionadas y representantes legales condenados penalmente: identidad de sujeto. B) Obligación de suspender el procedimiento administrativo sancionador al tramitarse un proceso penal por los mismos hechos. C) Non bis in iden procesal en el ámbito tributario. 7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. A) Vulneración del derecho a ser informado de la acusación por no notificar una propuesta de resolución que contenía hechos relevantes y novedosos. 5. EN ESPECIAL, LA PRUEBA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. A) Prueba de cargo obtenida en las diligencias previas sin intervención del imputado y vulneración de la presunción de inocencia. 9. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. A) En el ámbito tributario por retraso en más de un mes de la incoación del procedimiento. B) No basta el simple transcurso del tiempo: hay que declararla expresamente para poder incoar un nuevo procedimiento. C) Informe equivalente a prueba que no produce la suspensión del plazo de caducidad. 10. EXTENSIÓN DE LA SANCIÓN PROCEDENTE EN CADA CASO. PROPORCIONALIDAD E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES. A) Circunstancias atenuantes. 11. CONTROL JURISDICCIONAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA. A) Imposibilidad de subsanar los vicios cometidos en el procedimiento administrativo sancionador en sede de recurso judicial pero retroacción de actuaciones para que la Administración enmiende el vicio y sancione otra vez. B) Que las sanciones disciplinarias por faltas leves impuestas a militares no puedan ser objeto de recurso judicial ordinario lesiona los arts. 24.1, 106 y 117.5 CE. C) Vulneración del derecho a la prueba por denegar en vía judicial una decisiva en términos de defensa y retroacción de actuaciones. D) El juez no puede cambiar ex novo el tipo infractor apreciado en vía administrativa.

1. Premisas. 2. El Derecho contractual europeo y el Tratado de Lisboa. 3. El Programa de Estocolmo y la seguridad jurídica. 4. Opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo. 5. Conclusiones: el alcance del Derecho contractual europeo. Importancia del Derecho contractual europeo y la seguridad jurídica para la recuperación económica y la salida de la crisis.

I. Introducción: el irresoluble debate sobre el estatuto ético y ontológico del embrión humano y sus implicaciones para el Derecho. II. Las patentes biotecnológicas en un contexto de pluralismo europeo respecto de las consideraciones morales en relación con la investigación embrionaria humana. III. La hasta ahora doctrina autorizada en la materia. IV. El cambio "revolucionario" provocado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18.10.2011 en el Asunto C-34/10, BRÜSTLE. V. Relevancia de la conceptualización jurídica del embrión humano en el Derecho de la Unión. VI. Interrogantes sin resolver con la nueva conceptualización jurídica del embrión humano en el Derecho de la Unión: los embriones somáticos derivados de la reprogramación celular con transferencia nuclear. VII. Conclusión: un mal paso en la dirección equivocada.

1. ANTECEDENTES. En una pared medianera en la que existen ventanas desde hace más de 100 años, ¿el vecino contiguo pude levantar una pared o construir un tejado para tapar dichas ventanas? 2. CONTESTACIÓN. No debe olvidarse que las licencias urbanísticas se otorgan siempre "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros" [art. 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RS), aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955], por razón de que las cuestiones civiles están reservadas a la jurisdicción ordinaria sin que la Administración, por ello, al otorgar o conceder una autorización o licencia, pueda definir directa o indirectamente, cuestiones que excedan del ámbito de sus atribuciones. Véase SSTS de 19 de septiembre de 1986 (LA LEY 4265/1986), de 5 de diciembre de 1998 (EC 2254/2000) y de 18 de febrero de 1999 (EC 2880/2000), entre otras.

1. Introducción. 2. Globalización y Estado constitucional. 3. La integración europea como respuesta a la globalización. 4. Constitución e integración europea. 5. Consideraciones finales.