Hemeroteca

1. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2. El contexto presupuestario de los Organismos Públicos de Investigación. 3. El presupuesto del CSIC. 4. Conclusiones.

1. Introducción. 2. Principales lineas del presupuesto para 2002. 3. Las prioridades para la política presupuestaria: estabilidad y gasto en productividad. 4. Conclusión.

1. Presentación. 2. Introducción. 3. Breve referencia al régimen jurídico de los presupuestos locales. 4. Algunos elementos para el diagnóstico de la situación económico-financiera de las Entidades Locales. 5. Propuestas para una estrategia financiera de las Entidades Locales. 6. Anexos. 7. Bibliografía.

1. Nuevas exigencias en la gestión de residuos. 2. el principio contaminador - pagador. 3. Los tributos ambientales. 4. Eficacia de las tasas fiscales como ténica de control. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

I. Introducción. II. El principio de aplicación uniforme del Derecho comunitario. III. Aplicación uniforme del Derecho comunitario en el ámbito del Derecho privado. IV. Conclusiones.

I. Preliminiar. II. La retroactividad, un viejo concepto renovado y reducido. III. Los Reglamentos en su laberinto: la "retroactividad impropia". IV. Derechos individuales y ¿resurrección de los iura quaesita?.

I. La opinión del prof. Díez-Picazo sobre la "socialización del riesgo" y la aparición en la jurisprudencia y la doctrina españolas de un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. II. El supuesto respaldo constitucional del art. 9.3. Sentencias del Tribunal Supremo. La rectificación de la Sentencia de 30 de noviembre de 1992: aunque se refiriese a la responsabilidad del legislador, es insuficiente para poder decidir sobre su solo texto. III. Doctrina dominante sobre el art. 9.3. como alusivo a la responsabilidad patrimonial. La tesis de este trabajo: el art. 9.3. no se refiere a la responsabilidad patrimonial, sino a la responsabilidad política, según los orígenes mismos del constitucionalismo occidental. La salida de un régimen político que desconocía, y aun negaba, esa responsabilidad. IV. El tema en los orígenes del moderno constitucionalismo en el siglo XVIII. La consagración del lexema responsabilidad y su significación. V. En concreto, en el constitucionalismo norteamericano. VI. En los orígenes de la Revolución Francesa. El art. 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y sus precedentes explícitos. VII. El origen en Locke de la doctrina de la responsabilidad de los gobernantes. Su esencialidad en la doctrina democrática originaria y actual y la justificación de su inclusión en el Título Preliminar de la Constitución. VIII. La tradición de nuestro propio constitucionalismo: La Constitución de Cádiz. IX. El respaldo a esa tesis por otros conceptos constitucionales y por un sector doctrinal cualificado. J. Leguina. M. Beltrán de Felipe. En la Constitución el término "Responsabilidad" se usa siempre y exclusivamente para la responsabilidad política. X. Una apreciación somera de los demás argumentos invocados en favor del reconocimiento general de una responsabilidad patrimonial del Estado legislador. La radical falta de jurisdicción de los Tribunales Contencioso-Administrativos para entender de acciones de condena contra el legislador. Conclusión.

I. La plasmación del principio de no discriminación en el Derecho positivo comunitario y en el español. II. La aplicación del principio de no discriminación fiscal en el Derecho español. III. Las excepciones a la aplicación en el Derecho español del principio de no discriminación fiscal.

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA CONSIDERACIÓN TRADICIONAL DE LA POTESTAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PROCEDER A SANCIONAR. II. LA OFICIALIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA COMO NECESARIA CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. SU RECONOCIMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE Y LA EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA EN ESTE SENTIDO EN OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS. III. LA SUPERACIÓN DE LA NEGACIÓN TRADICIONAL DE LEGITIMACIÓN PROCEDIMENTAL AL DENUNCIANTE CUANDO ÉSTE ES TITULAR DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS. SU CRECIENTE RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL Y SU AFIRMACIÓN EXPRESA POR LA LEY DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICA DEL PAÍS VASCO. IV. LA NECESARIA INTRODUCCIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA EN LOS ÁMBITOS EN LO QUE SE TUTELAN INTERESES COLECTIVOS. V. EL PROGRESIVO RECONOCIMIENTO DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA DENUNCIAR LOS ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A INTERESES COLECTIVOS A LAS ASOCIACIONES CREADAS PARA SU DEFENSA.

1. Introducción. 2. La jurisprudencia del TJCE relativa al principio de precaucíon. 3. La sentencia virginiamicina. 4. Conclusión.