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I. A QUÉ LLAMAMOS TRANSFUGUISMO Y LA DIMENSIÓN REAL DEL FENÓMENO. II. EL MODELO DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE NUESTRA CONSTITUCIÓN. 2.1. La relevancia de los partidos políticos en la participación política (artículo 6 CE) y el papel de los ciudadanos. 2.2. La prohibición de mandato imperativo y el ámbito nacional de la representación. 2.3. La inescindible unidad de ambas modalidades de sufragio (artículo 23). 2.4. El derecho de voto de los representantes es personal e indelegable (artículo 79.3 CE). 2.5. Principio democrático, pluralismo territorial y autonomía política de los Municipios (artículos 1.1, 1.2 y 137 y 140 CE). 2.6. Fusión de las teorías de los órganos y de la representación. III. ALGUNAS ESPECIFICIDADES DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LOS GOBIERNOS LOCALES. IV. LA INTERPRETACIÓN CONSOLIDADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS CARGOS PÚBLICOS REPRESENTATIVOS. LAS DUDAS DE UN SECTOR DOCTRINAL. 4.1. La creación de la jurisprudencia constitucional en los ochenta frente a ceses indebidos. Una teoría clásica de la representación política. 4.2. La consolidación de la jurisprudencia en los noventa ante un supuesto de abandono del partido. 4.3. Su ratificación en los dos mil: es indiferente la distinción entre expulsión del partido o abandono por el representante. 4.4. La disolución de un partido tampoco priva automáticamente de sus cargos y mandatos a los representantes. 4.5. Críticas doctrinales. V. LOS SERIOS RIESGOS DEL MODELO ALTERNATIVO: EL MANDATO IDEOLÓGICO O DE PARTIDO COMO MANDATO OLIGÁRQUICO. VI. MEDIDAS PARA DESINCENTIVAR EL TRANSFUGUISMO. 6.1. Regular, democratizar y cuidar la selección interna de los candidatos por los partidos. 6.2. El ethos del representante: la selección de los candidatos y su posterior actividad tras la elección deben estar limitados por Códigos de Conducta. 6.3. El Acuerdo de 1998 sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales. 6.4. La persecución de la actividad delictiva: cohecho y transfuguismo retribuido. El bandolerismo político. 6.5. La incidencia de la expulsión o el abandono de un grupo político: la restricción de derechos de los Concejales no adscritos. 6.6. Límites temporales a la moción de censura. 6.7. La exclusión de los tránsfugas de las candidaturas siguientes. 6.8. La disolución (extraordinaria) de los órganos municipales y la convocatoria de elecciones. VII. REFLEXIONES FINALES. VIII. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA.

I. Introducción. II. Antecedentes legislativos. 1. La redacción original. 2. La modificación por Ley 13/1996. 3. La modificación por Ley 50/1998. 4. La modificación por Ley 51/2002. III. La situación actual. 1. El criterio de la Dirección General de Tributos. IV. Las prácticas reguladoras de las Entidades Locales. V. Conclusiones.

I. CONCEPTO, FUNCIONES Y CARACTERES DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 1. Son documentos que producen efectos. 2. Por principio son documentos emitidos por un órgano administrativo. 3. Su emisión es válida. II. SOPORTES DOCUMENTALES. III. CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. IV. LENGUA DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. V. ESTILO DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN. VI. CARACTERÍSTICAS DE ESTILO. 1. Claridad en la redacción. 2. Sencillez en la redacción. 3. Concisión en el contenido. 4. Corrección en el uso gramatical. 5. Utilizar formas actuales de redacción. 6. Contexto. VII. DOCUMENTACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS. VIII. EL ACUERDO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN. IX. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. X. ESTRUCTURA FORMAL DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES. 1. Encabezamiento. A) Título del acuerdo o resolución. B) Datos generales de identificación del acuerdo o resolución. 2. Cuerpo del Acuerdo o Resolución. 3. Pie del Acuerdo o Resolución. 4. Partes del documento que contenga un Acuerdo. 5. Partes del documento que contenga una Resolución.

I. LA SENTENCIA. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. Finalización del plazo de vigencia para explotar el servicio de inspección técnica de vehículos. Discrepancia de la mercantil adjudicataria con la Administración respecto a la fecha inicial de la concesión. Debido a la falta de terrenos aptos para la instalación, se concede a la concesionaria autorización con carácter temporal limitado y provisional para la explotación del servicio en la sede física de la que dispone en ese instante. El cómputo del plazo debe iniciarse en el momento en que se adjudica la concesión mediante concurso, independientemente de que, durante los primero años, la explotación del servicio se hiciese en unos terrenos no aptos y bajo autorización provisional. El servicio público prestado tiene como único título la concesión y la autorización provisional solo tiene la relevancia de autorizar la sede física donde debe prestarse el servicio. La concreta ubicación física de la estación concedida no es relevante a los extremos de determinar el momento inicial en que la explotación concesional entró en funcionamiento. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. Introducción. II. Revisión de la literatura. III. Apunte geográfico y demográfico. IV. Análisis global del registro electoral. V. Análisis del registro general en los municipios con casos de corrupción. VI. Conclusiones.

I. Introducción. II. Pérdida de oportunidades y responsabilidad. III. Modelo de reclamación ante el colegio profesional previa al ejercicio de la acción civil. IV. Conclusión.

I. Introducción. II. El concepto de la responsabilidad contable y del alcance de fondos públicos. III. Descripción de los supuestos fácticos analizados en las sentencias de la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas de 24 de abril y 2 de noviembre de 2007 y de primera instancia de 2 de noviembre de 2006. IV. Algunas consideraciones de interés derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas respecto a la responsabilidad contable de los secretarios municipales. V. Conclusiones.

1. Responsabilidad ambiental y su imputación a la Administración. 1.1. Responsabilidad ambiental: deber de prevención, evitación y reparación de daños. 1.2. Su imputación a la Administración. 2. Iniciativa pública empresarial. 3. Contratación Pública. 3.1. Como regla, la responsabilidad ambiental incumple al contratista. 3.2. Excepciones a la responsabilidad del contratista y su eventual imputación a la Administración. 4. Actividades sujetas a autorización administrativa. 4.1. Presupuesto de la responsabilidad ambiental: carácter antijurídico del daño. 4.2. Como regla, la responsabilidad incumbe al sujeto autorizado. 4.3. Exoneración de responsabilidad ambiental del sujeto autorizado y su eventual imputación a la Administración. 5. El deber de prevención y reparación incumbe en todo caso al operador, sin perjuicio del ulterior derecho de repetición.