Hemeroteca

1. Introducción: la autonomía financiera local y la obligación del pago de tasas autonómicas. 2. Antecedentes legislativos para la introducción de la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos. 3. Elementos de la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos. 4. La validez de la tasa ante la jurisprudencia (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Tribunal Supremo y doctrina del Tribunal Constitucional). 4.1. La invocada invasión de la autonomía local desde una perspectiva competencial. 4.2. La invocada invasión de la autonomía local desde una perspectiva financiera. 4.2.1. La autonomía financiera de los entes locales desde la vertiente del gasto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 4.2.2. La autonomía financiera de los Entes locales desde la vertiente del gasto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 5. Conclusión: la autonomía financiera local en su vertiente del gasto no es mermada por el establecimiento de la tasa.

I. LA SENTENCIA. Contratos Administrativos. Nulidad de una cláusula, y de los actos administrativos dictados en su aplicación, del pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación, por el procedimiento restringido mediante la forma de concurso, de obras en relación con el tratamiento de montes y masas forestales. Utilización de una fórmula para valorar la experiencia de los concursantes, consistente en primar los trabajos análogos realizados dentro del territorio de determinada Comunidad Autónoma, que vulnera los principios de libre concurrencia y de igualdad. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. Introducción. Contextualización de la cuestión controvertida en el marco de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de imposición directa. 2. Análisis de los hechos y del Derecho aplicable. La compensación transfronteriza de pérdidas. 3. Interdicción de trato discriminatorio versus prohibición de restricción de libertades comunitarias fundamentales. A) Ausencia de enjuiciamiento desde la óptica del tratamiento discriminatorio. B) Sobre la comparabilidad entre residentes en la doctrina del TJCE. La discriminación o restricción inversa. 4. Análisis del juicio de comunitariedad desarrollado por el TJCE a la luz del principio de no restricción. A) Justificación del tratamiento restrictivo. La necesidad de preservar la coherencia o integridad del sistema fiscal. 5. Consideraciones finales.

I. La garantía de los principios generales de la contratación pública es el objeto y finalidad de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. II. El riesgo de huída de los principios generales. III. El carácter básico de las normas sobre selección del contratista y adjudicación de los contratos. Jurisdicción competente. IV. Los procedimientos de adjudicación de los contratos en la LCSP. 1. Los procedimientos previstos por la norma: abiertos, restringido, negociado y diálogo competitivo. 2. Procedimiento negociado con y sin publicidad. A) Procedimiento negociado sin publicidad. Supuestos para su utilización y tramitación. B) El nuevo procedimiento negociado con publicidad. 3. Los contratos menores. V. El nuevo recurso especial en materia de contratación. Consideraciones críticas. VI. Bibliografía.

I. Introducción. La Unión Europea como instrumento de uniformización jurídica-administrativa. II. Un ejemplo concreto de incidencia en la Administración municipal y su organización administrativa a través de la normativa de la contratación pública. 1. Los encargos a entes instrumentales propios como modalidad organizativa: límites. A) El origen de los denominados servicios in house providing. B) Alcance y significado de la STJCE de 19 de abril de 2007 (ASENFO vs-TRAGSA). 2. La Delimitación de la figura de los convenios. III. La distinción entre contrato de servicios y contrato de "concesión de servicios". Conclusiones.

I. El art. 38.4.b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. II. De la "Ventanilla Única" a la "Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano" y de éstas a la "Ventanilla Única Electrónica". III. ¿Es aplicable el concepto "ciudadanos" del art. 38.4 LRJPAC a las Administraciones Públicas? IV. El problema del "Auto-registro" en las Entidades Locales. V. Bibliografía.

I. PLANTEAMIENTO GENERAL. II. CUESTIONES JURÍDICAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS URBANÍSTICAS. 1. La obligación de derribo y la ejecución de las sentencias urbanísticas. Supuestos de aplicación. 2. La ejecución de sentencias urbanísticas que estiman la nulidad de un plan urbanístico: entre la inseguridad jurídica y los pronunciamientos judiciales. a) La anulación de un plan urbanístico general. b) La anulación del plan urbanístico derivado. 3. La ejecución de sentencias urbanísticas que anulan instrumentos de gestión urbanística. III. LA POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES Y LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN (ART. 103 LJCA). 1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias urbanísticas corresponde al órgano que la dictó en primera instancia (art. 103.1 LJCA). 2. La obligación de las partes de cumplir con las sentencias (art. 103.2 LJCA). 3. El deber de colaboración de las personas y entidades tanto públicas como privadas (art. 103.3 LJCA). 4. La nulidad de los actos y disposiciones contrarios al pronunciamiento de las sentencias dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento (art. 103.4 y 103.5 LJCA). a) Actos y disposiciones que entran en el ámbito de aplicación del artículo 103.4 LJCA. b) La contradicción con el pronunciamiento del fallo de la sentencia como requisito objetivo para estimar la nulidad del acto o disposición administrativa. c) La finalidad de eludir el cumplimiento del pronunciamiento de la sentencia y su carácter subjetivo. d) El procedimiento para declarar la nulidad del acto o disposición administrativa (art. 103.5 LJCA). IV. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 1. La ejecución voluntaria (art. 104.1 LJCA). 2. La ejecución forzosa (art. 104.2 LJCA). a) La legitimación de las partes y personas afectadas para instar la ejecución forzosa de la sentencia. La nueva postura de los tribunales. 3. El incidente de ejecución de sentencia (art. 109 LJCA). V. LA PROHIBICIÓN DE INEJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL FALLO Y LAS CAUSAS DE IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y LEGAL. 1. La prohibición de suspender o declarar la inejecución total o parcial del fallo (art. 105 LJCA). 2. La causa de imposibilidad material. a) la concurrencia de la imposibilidad material o legal está sometida a las prescripciones procedimentales del art. 105.2 LJCA. La indemnización sustitutoria. b) La imposibilidad material y su interpretación restrictiva. c) El estado de la técnica y la complejidad en la demolición. d) La imposibilidad material no es sinónimo de complejidad o prolongación en el tiempo de la ejecución. 3. La causa de imposibilidad legal o jurídica. a) La imposibilidad legal o jurídica como característica propia en la ejecución de sentencias urbanísticas. b) La interpretación jurisprudencial de la imposibilidad legal o jurídica. c) La presencia de terceros adquirentes de buena fe no es causa de imposibilidad legal o jurídica. Especial referencia a la imposibildiad económica. VI. MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS URBANÍSTICAS EN LA LJCA. 1. La insuficiente publicación y registro de las sentencias (art. 107 LJCA). 2. La potestad de sustitución en el ejercicio de potestades regladas y discrecionales en la ejecución de las sentencias (art. 108 LJCA). 3. Medidas previstas en el art. 112 de la LJCA para el cumplimiento de las sentencias urbanísticas. a) Las multas coercitivas y su inocente aplicación en la práctica. b) El testimonio de particulares ante la inejecución de una sentencia. VII. CONCLUSIONES.

I. Introducción. II. Reflexiones previas sobre lo que ha supuesto la entrada en vigor del EBEP en materia de empleo público. III. La selección en el ámbito local. Problemática concreta que plantea tras el EBEP. 1. Procesos y sistemas de selección. 2. La excesiva laboralización en el empleo público local. IV. Alcance y contenido de la legislación autonómica de desarrollo sobre el empleo público local. El caso particular de la Comunidad Autónoma de Murcia.

I. LA SENTENCIA. Proceso contencioso-administrativo. Impugnación de autos que deniegan la apertura de pieza separada de ejecución de sentencia; estimación. Deber de sustanciar el incidente planteado. La Administración del Estado ha ordenado incoar un nuevo procedimiento de deslinde con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia firme que declaraba la exclusión del deslinde de dominio público-terrestre de determinados terrenos de una Comunidad de Propietarios. La incoación del nuevo procedimiento de deslinde comporta limitaciones para los propietarios que pueden impugnarlo, sin esperar a la orden definitiva de deslinde. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. Las normas de los Planes Urbanísticos. II. Las especialidades organizativas. 3. Peculiaridades en materia de reglamentación sobre bienes públicos. 4. Peculiaridades de los reglamementos de personal. 5. Peculiaridades de las normas presupuestarias y tributarias.