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1. Las materias objeto de negociación. 2. Las materias exluidas de la negociación. Art. 37.2 del EBEP. 2.1. Está excluida la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas (art. 37.2.b). 2.2. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo (art. 37.2.c). 2.3. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica (art.37.2.d). 2.4. La regulación y determinación concreta en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional (art. 37.2.e). 2.5. Las decisiones de las Corporaciones que afecten a sus potestades de organización, si bien cuando las consecuencias de tales decisiones tengan repercusión en las condiciones de trabajo de "los funcionarios públicos" que se prevén en el art. 37.1, deberá procederse a negociar en las Mesas correspondientes. 3. Otras materias excluidas, no previstas en el art. 37.2 del EBEP. a) Régimen disciplinario de los funcionarios locales. b) Las situaciones administrativas. c) El régimen de incompatibilidades. d) Los instrumentos de gestión de los recursos humanos. e) Las que las partes acuerden.

1. INTRODUCCIÓN. 2. MECANISMOS QUE PERMITEN LIMITAR LA GENERACIÓN DE NUEVA OFERTA DE SUELO URBANIZABLE. 2.1. Limitaciones a la reclasificación de suelo no urbanizable en la jurisprudencia. 2.2. Límites específicos a la reclasificación establecidos directamente en nuestro ordenamiento: la prohibición de reclasificación y de cambio de uso de los suelos incendiados. 3. MECANISMOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE SUELO EXISTENTE. LA DESCLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE.

I. TUTELA CAUTELAR, DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL URBANISMO. CONSIDERACIONES GENERALES. II. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA. 1. Planeamiento urbanístico. 1.1. Medidas cautelares en el procedimiento administrativo de formación y aprobación del planeamiento. 1.1.1. Algunos apuntes sobre la suspensión de licencias en el procedimiento administrativo de elaboración del planeamiento urbanístico. 1.1.1.1. Características generales de la suspensión de licencias durante la actuación preparatoria del planeamiento urbanístico. 1.1.2. Rasgos comunes a la suspensión de licencias en el ordenamiento jurídico del suelo de las Comunidades Autonómicas de Castilla y León, Madrid, Cataluña, Galicia y País Vasco. 1.1.3. Algunas especialidades en los ordenamiento autonómicos estudiados. 1.2. Suspensión de los instrumentos de planeación urbanística en vía de recurso contencioso. 2. Medidas cautelares en la etapa de ejecución urbanística. 2.1. Suspensión cautelar de los instrumentos de ejecución urbanística en el procedimiento administrativo de formación y aprobación del nuevo planeamiento. 2.2. Algunas consideraciones sobre la suspensión cautelar de los instrumentos de gestión urbanística en vía contenciosa. 3. Disciplina Urbanística. 3.1. Medidas cautelares de protección de la legalidad urbanística. 3.1.1. Rasgos comunes, en la legislación autonómica citada, en materia de medidas cautelares de protección de la legalidad urbanística en sentido estricto. 3.2. Medidas cautelares en materia de disciplina urbanística en vía contencioso administrativa. III. ANOTACIONES PREVENTIVAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO. 1. Anotación preventiva en procesos de protección de la legalidad urbanística. 1.1. Función. 1.2. Procedimiento. 1.3. Legitimación. 1.4. Prórroga de la inscripción. 1.5. Formas de cesación de los efectos de la anotación. 2. Anotaciones preventivas ordenadas en proceso contencioso-administrativo de anulación de instrumentos de planeación, ejecución o licencias urbanísticas. 2.1. Anotación preventiva por interposición de recurso contencioso-administrativo y de la demanda contencioso-administrativa. 2.1.1. Objeto. 2.1.2. Legitimación. 2.1.3. Plazo de solicitud. 2.1.4. Audiencia de la parte contraria. 2.1.5. Cesación de los efectos de la inscripción. IV. BREVES NOTAS CONCLUSIVAS. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. La Sentencia. Medidas cautelares. Educación. Mantenimiento de la suspensión cautelar de resolución que ordena la escolarización de una menor en un centro de educación especial. Supuesto en el cual no resulta de aplicación la doctrina del fumus boi iuris, debiendo operar el criterio de la integridad del objeto del proceso. II. Fundamentos de Derecho.

1. Introducción. 2. La actividad para fomento de empleo. 3. El gasto del personal ejecutor del programa de empleo. 4. La relación contractual del personal para el fomento del empleo. 5. Las retribuciones del personal no permanente. 6. La conclusión.

1. Introducción. 2. Hacia las tres fases de protección del derecho de autor. 3. Protección de las medidas tecnológicas. a) Ex. art. 6.1. una primera protección. b) Ex art. 6.2 una segunda protección. c) Vulneración de medidas tecnológicas identificables con programas de ordenador. d) Vulneración de medidas tecnológicas que no poseen el carácter de programa de ordenador. 4. Medidas tecnológicas y juego de excepciones. 4.1. Límites y excepciones que afectan a las medidas tecnológicas. 4.1.1. Copia privada (art. 31.2 TRLPI). 4.1.2. Ilustración de la enseñanza (art. 32.2 TRLPI). a) Fin único. b) Indicación de la fuente. c) Finalidad no comercial. 4.1.3. Acceso a las bases de datos. Excepción al derecho sui generis [art. 135.1b) y c)]. a) Fines educativos. b) Procedimientos estatales. 4.2. Licitud o ilicitud de la elusión de una medida tecnológica por parte de un beneficiario de una excepción legal.

I. Introducción. II. La relación de los hechos. III. El Dictamen del Consejo de Estado. IV. La clásica singularidad del régimen de TRAGSA. V. Las últimas peculiaridades del régimen del medio propio. VI. Y de todo ello se deduce una conclusión analógica del régimen de TRAGSA respecto al de otros contratistas ordinarios.

a) Autoliquidaciones de IVTM, presentadas por internet. b) Solicitud de duplicado de permiso de circulación, o de conducción, por cambio de domicilio. c) Tramitación de transferencias de vehículos. d) Tramitación de bajas definitivas del vehículo.

1. Sobre la competencia local para prestar el servicio de ayuda a domicilio. 2. Referencia al sistema de financiación de los servicios sociales. 3. Cálculo del indicador de referencia. 4. Necesidad de elaborar memoria económico-financiera. 5. Determinación de la capacidad económica de los beneficiarios de la LDEP. 6. Reducciones adicionales. 7. Cuantía del precio público. 8. Estimación de ingresos procedentes del copago. 9. Conclusión.