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I. Introducción. II. Las normas jurídicas aplicables a los contratos públicos adjudicados en los sectores de la defensa y la seguridad pública. 1. Origen y evolución del régimen de excepción. 2. Hacia una delimitación del concepto de "intereses esenciales de la seguridad": la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo y las iniciativas promovidas por la Comisión Europea. 3. Especialidades en el procedimiento de control de las adjudicaciones realizadas al amparo del artículo 296 del Tratado. III. Nuevos instrumentos para el fortalecimiento de un mercado europeo de materiales y bienes de defensa y seguridad. 1. Instrumentos no normativos para la aplicación del art. 296 del Tratado. a) Código de conducta para la adquisición de material de defensa. b) El Código de buenas prácticas en la cadena de suministros. c) Acuerdos marco relativos a la seguridad en los suministros y la información. 2. Intrumentos normativos: la propuesta de una nueva Directiva en el sector de la defensa y la seguridad. IV. El futuro de los contratos sobre defensa y seguridad en el marco del Tratado de Lisboa. V. Reflexión final. VI. Bibliografía.

I. Introducción. II. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. III. Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. IV. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. V. Concepto y características. VI. Tramitación de los convenios de colaboración. VII. Ejemplos de convenios de colaboración. VIII. Conclusiones.

ESTUDIO. I. Introducción. II. Doctrina judicial. 1. Diferencia entre los convenios de planeamiento y gestión urbanística. 2. Naturaleza jurídica. A. Tipo de acto. B. Contenido del convenio. C. Límites de los convenios: interés general. D. Ilegitimidad para obligar a la Administración a la firma de un convenio urbanístico de planeamiento. E. Acción pública frente al convenio. F. Imposibilidad de la impugnación de planes por incumplimiento de convenio. G. Resarcimiento de daños y perjuicios. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO. Procedimiento de aprobación de un Convenio Urbanístico de Planeamiento. I. Fase de Negociación. 1. Solicitud de parte al objeto de conseguir un convenio urbanístico. 2. Providencia de la Alcaldía recabando informe jurídico a la solicitud para la formalización de un convenio de planeamiento. 3. Informe jurídico. 4. Reuniones de negociación. 5. Redacción del borrador de convenio. 6. Corrección al borrador de convenio. II. Fase de aprobación. 1. Providencia para el inicio del expediente para la aprobación del convenio. 2. Informe jurídico. 3. Informe técnico. 4. Aprobación inicial del convenio. 5. Edicto de información pública. 6. Oficio al periódico local para publicación edicto relativo a la exposición pública del convenio urbanístico de planeamiento. 7. Oficio al Boletín Oficial de la Provincia para publicación del edicto relativo a la exposición pública del convenio urbanístico de planeamiento. 8. Certificado del período disposición pública. 9. Escrito de alegaciones al convenio urbanístico de planeamiento. 10. Informe jurídico sobre las alegaciones presentadas. 11. Informe técnico sobre las alegaciones presentadas. 12. Propuesta sobre la admisión y, en su caso, estimación de las alegaciones estableciendo la modificación del convenio. 13. Notificación de la propuesta sobre modificación del convenio a la parte interesada en la firma del convenio. 14. Aprobación definitiva del convenio. III. Fase de formalización. 1. Edicto de publicación en el boletín oficial correspondiente. 2. Rúbrica del convenio. 3. Archivo del convenio en el registro correspondiente.

0. Introducción. I. Actual régimen positivo de los convenios. II. Tipos de convenios. III. Negocios unilaterales y negocios bilaterales. IV. Diferencia entre Convenio y Contrato. V. Diferencia entre contrato y subvención: determinación del promotor de la actividad. VI. El convenio como negocio sustraído a las reglas legales aplicables al contrato y a la subvención. 1. La forma es de convenio pero el fondo es de contrato. 2. La forma es de convenio pero el fondo es de subvención. 3. La forma y el fondo son de convenios. VII. La excepción de las encomiendas de la LCSP.

1. Introducción. 2. Clasificación y caracterización de los costes. 3. Dificultades conceptuales y prácticas en el cálculo de costes. a) Costes de operación y mantenimiento. b) Costes de capital (amortización). c) Costes de oportunidad del capital. d) Costes de oportunidad del recurso. e) Costes ambientales. 4. Los costes del ciclo integral del agua en la ciudad de Zaragoza. 4.1. El modelo vigente de cálculo de costes. 4.2. Reclasificación y cuantificación de los costes. a) Reclasificación destinada a determinar el importe total de los costes. b) Reclasificación destinada a establecer la estructura de los costes. 5. Conclusiones.

I. Antecedentes. II. Determinaciones previas al inicio del expediente de contratación. La determinación del objeto del contrato. 1. Contratos de obras y de concesión de obra pública. 2. Contratos de servicios y de gestión de servicios públicos. 3. Contratos de suministros. 4. Variantes. III. Las características del objeto del contrato: especificaciones técnicas. IV. Capacidad y solvencia de los licitadores. 1. Prohibiciones de contratar. 2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional. 3. Otros aspectos. V. Adjudicación del contrato: determinación de la oferta económicamente más ventajosa. VI. Ejecución del contrato: condiciones de ejecución, penalidades y causas de resolución contractual. VII. Conclusiones.

I. Introducción. II. Requisitos de los criterios de adjudicación. III. Valoración de los criterios automáticos y de los criterios dependientes de un juicio de valor. IV. Distintos criterios de adjudicación: la experiencia. El precio. Criterios sociales y medioambientales. Otros criterios. Concreción del método de valoración. 1. El precio. 2. Criterios sociales y medioambientales. 3. Otros criterios. 4. Concreción del método de valoración. V. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. VI. Conclusiones.

I. LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA DE 1963. 2. RASGOS GENERALES DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 58/2003. 3. LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES EN PARTICULAR. 3.1. Observación previa: ni son criterios de graduación todos los que están en el art. 187 Ley General Tributaria, ni están todos los que son. 3.2. Criterios de graduación expresamente previstos en el art. 187 Ley General Tributaria. 3.2.1. La comisión repetida de infracciones tributarias. 3.2.2. El perjuicio económico para la Hacienda Pública. 3.2.3. El incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. 3.3. Los criterios de graduación no contemplados en el art. 187 Ley General Tributaria. 3.3.1. Observaciones previas. 3.3.2. Agravantes específicas: la reiteración en las conductas. 3.3.3. Atenuantes específicas. 4. CIRCUNSTANCIAS QUE REDUCEN LA SANCIÓN: EL ACUERDO Y LA CONFORMIDAD DEL OBLIGADO TRIBUTARIO. 5. LA POSIBILIDAD DE APLICAR SIMULTÁNEAMENTE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS SANCIONES.

I. INTRODUCCIÓN. II. LAS TRES MODALIDADES DE DELITOS URBANÍSTICOS. III. EL DELITO POR LA EJECUCIÓN DE ACTOS URBANÍSTICOS NO AUTORIZABLES EN TERRENOS Y LUGARES PROTEGIDOS. A) Los autores. B) Los elementos constitutivos del delito. IV. EL DELITO POR ACTOS URBANÍSTICOS NO AUTORIZABLES EN SUELO NO URBANIZABLE. A) Tipificación. B) Los elementos constitutivos del delito. V. LAS PENAS DE LOS DELITOS DEL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO PENAL. VI. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. VII. LA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA. A) Concepto. B) Cuatro modalidades. C) El elemento personal: la autoridad o funcionamiento público. D) El elemento culpabilístico: "A sabiendas de su injusticia". E) Primera modalidad: el informe favorable de planes, proyectos y licencias urbanísticas que sean contrarios a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes. F) Segunda modalidad: el silencio de la infracción de las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes con motivo de una inspección. G) Tercera modalidad: la omisión de inspecciones de carácter obligatorio. H) Cuarta modalidad: resolver o votar a favor de la aprobación de los instrumentos o proyectos urbanísticos o de la concesión de licencias urbanísticas. I) Penas. VIII. LAS CRÍTICAS A LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS URBANÍSTICOS.

1. Los derechos de participación en un contexto de descentralización política. 2. Su concreción en los Estatutos de Autonomía reformados recientemente. 3. Un modelo paradigmático: el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 3.1. Los derechos de participación política en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 3.2. Los derechos de la Democracia participativa en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.