Hemeroteca

I. El Informe Fourtou y el caso concreto del urbanismo valenciano. II. Actuaciones comunitarias posteriores de vigilancia y control del urbanismo español. III. Competencias de la Unión Europea en materia medioambiental y urbanística: A) Competencias comunitarias. B) Competencias nacionales. IV. La protección del medio ambiente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. V. Acciones comunitarias en materia medioambiental y urbanística. VI. Normativa comunitaria más relevante en materia medioambiental y urbanística. VII. Disposiciones normativas comunitarias y nacionales relativas al impacto ambiental: A) Normativa comunitaria. B) Normativa nacional. VIII. Regulación penal y sancionadora de los delitos e infracciones en materia de medio ambiente y ordenación del territorio en la normativa española. IX. La normativa urbanística española tras el Informe Fourtou: A) Normativa estatal. B) Normativa autonómica: el caso concreto de la Comunidad Valenciana.

1. Finalidad de la regulación constitucional de los períodos de sesiones. 2. Normativa de aplicación. 3. La práctica seguida en el Senado. 4. La viabilidad constitucional y reglamentaria de que el Senado se reúna de forma habitual los meses de enero y julio. a) Legitimación para la solicitud. b) Orden del día determinado. 5. Consideraciones complementarias. Conclusiones.

I. Planteamiento de la cuestión. II. Evolución del tratamiento legislativo de las garantías para obtener la suspensión automática de la ejecución en vía económico-administrativa. A) Primeros pasos: emancipación del régimen administrativo común de la suspensión. B) El art. 81.4 del Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, por el que se aprobó el Reglmamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas. C) Hacia la configuración actual de la suspensión automática de la ejeucción en sede económico-administrativa. III. Análisis de los posicionamientos doctrinales y jurisprudenciales habidos en la materia. a) La doctrina del Tribunal Supremo. b) Implicaciones del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). c) Otros argumentos. IV. A modo de conclusión.

1. Ideas generales. 2. Fuentes. 3. Reparto de competencias. 4. Principios de ejercicio de potestad disciplinaria. 5. Código de conducta. 6. Relación entre infracciones muy graves y el Código de Conducta. 7. ¿Qué queda sin faz negativa?. 8. Antiguas infracciones muy graves sin correspondencia. Criterios para nuevas tipificaciones. 9. Acción, prescripción y sanciones. 10. Procedimiento.

I. Habilitación constitucional para consultas populares en sede autonómica. 1. Estatuto constitucional de la participación. 2. Tipificación constitucional de la participación directa. II. Exigencias de legalidad de las consultas populares en sede autonómica. 1. Exigibilidad o no de una competencia explícita. 2. Necesidad de habilitación legal y naturaleza de èsta. III. La "consulta Ibarretxe" y la sentencia del Tribunal Constitucional. 1. Tipificación de una consulta popular como referéndum. 2. Sobre la admisibilidad de referenda no expresamente previstos. 3. Sobre la necesidad de una competencia expresa. 4. Sobre la intangibilidad del poder constituyente. 5. Sobre la tramitación improcedente de la ley. 6. Elementos añadidos de inconstitucionalidad. 7. Conclusión.

I. MESAS DE CONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL. 1.1. Naturaleza jurídica. 1.2. Composición. a) Presidente. b) Vocales. c) Secretario. d) Personal de la Diputación. e) Mesa en Ayuntamientos que cuenten cuyo único funcionario es el Secretario-Interventor. f) Nombramiento de los miembros de la Mesa de contratación. 1.3. Régimen Jurídico. 1.3.1. Constitución de la Mesa. 1.3.2. Funcionamiento de la Mesa. 1.3.3. Sustitución de los componentes de la Mesa. 1.3.4. Deber de abstención de los miembros de la Mesa. II. FUNCIONES DE APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER GENERAL, ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, ETC. DE LOS LICITADORES Y SUBSANACIÓN DE LOS ERRORES PRODUCIDOS EN ÉSTA. 2.1. Introducción. 2.2. Funciones de apertura y calificación de la documentación de carácter general acreditativa de la personalidad etc. de los licitadores y subsanación de los errores producidos en ésta. 2.2.1. Presentación de la documentación, requisitos de forma, lugar y tiempo. 2.2.2. Apertura de la documentación, subsanación y calificación previa. 2.2.2.1. Planteamiento. 2.2.2.2. Defectos subsanables. a) Principios generales. b) Posibles defectos subsanables. b.1) Defectos de documentos acreditativos de la personalidad y apoderamiento. b.2) Defectos en la declaración responsable de no estar incursa la empresa licitadora en las prohibiciones de contratar y al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. b.3) Defectos en la constitución de la garantía provisional. b.5) Otros defectos susceptibles de subsanación. b.6) Cuestiones varias. 2.2.3. Valoración de los criterios de selección de las empresas. 2.2.3.1. Introducción. 2.2.3.2. Determinación de la solvencia económica y financiera y profesional o técnica, o, en su caso, de la clasificación de los licitadores. a) Solvencia económica y financiera y profesional o técnica. b) Clasificación. 2.2.3.3. Pronunciamiento sobre las empresas admitidas. III. FUNCIONES DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 3.1. Cuestiones generales. 3.2. Celebración del acto de apertura de proposiciones. 3.2.1. Apertura de las proposiciones. 3.2.1.1. Lectura del anuncio de licitación; recuento, confrontación y examen de las proposiciones. 3.2.1.2. Actuación en caso de discrepancias. 3.2.1.3. Manifestación de la calificación de los documentos presentados, etc.; invitación a los licitadores interesados a que manifiesten dudas. 3.2.2. Rechazo de las proposiciones. 3.2.3. Observaciones; concreción de la proposición con el precio más bajo o económicamente más ventajosa y actuación en el caso de igualdad de proposiciones; acta de la Mesa; devolución de documentación. 3.2.3.1. Observaciones. 3.2.3.2. Propuesta de adjudicación [arts, 22,1 g) RPLCSP y 87.2 RGLCAP]. a) Es un acto de trámite. b) Es un acto de carácter discrecional que requiere, por ello, de la suficiente motivación. c) No es vinculante para el órgano de contratación. d) Es requisito de validez de la adjudicación, cuando resulte preceptiva. e) No crea derechos frente a terceros. 3.2.3.3. Levantamiento de acta de la Mesa (art. 87.3 RGLCAP). 3.2.3.4. Archivo y devolución de las proposciones presentadas. IV. OTROS ÓRGANOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL COMPLEMENTARIOS DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 4.1. Cuestiones generales. 4.2. Comité de expertos. 4.2.1. Composición. 4.2.2. Designación. 4.2.3. Naturaleza jurídica. 4.3. Organismo Técnico especializado. Composición y designación. 4.4. Funciones de apertura de documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor, por el comité de expertos/organismo técnico especializado. V. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

1. Résumé. 2. Rétrospective. 3. État des lieux: la place de la GRH aujourd'hui dans la fonction publique?. 4. Prospective: la GRH publique demain?.

I. Introducción II. El carácter potestativo del recurso. III. El ámbito objetivo del recurso. IV. El órgano competente para la resolución del recurso: el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y los Tribunales Autonómicos. V. Novedades procedimentales en la tramitación del recurso. VI. El Plazo para la interposición del recurso. VII. Consideraciones y reflexiones finales: propuestas para un sistema unitario de recurso en materia de contratos públicos.

1. Endeudamiento. 2. Nueva línea ICO. 3. Trabajo fructífero de la FEMP.