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Exposición y Explicación. I. Introducción. II. Supuestos previos y reales como requisitos del empadronamiento. III. Planteamiento de la cuestión, empadronamiento y ejercicio de competencias administrativas conforme a la ley estatal de la comunidad autónoma. IV. La habitabilidad y vida en morada apta. V. Evitación de contradicciones por el procedimiento de los Municipios sobre el empadronamiento. VI. A modo de conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS GENERALES DE LA POSICIÓN DE LA POLICÍA LOCAL DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 1. Normas que regulan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 2. Normas reguladoras del Régimen Local. 3. Normas que regulan función pública. 4. Normativa sectorial. II. LA LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y LA COORDINACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2. Coordinación de las Policías Locales. III. LA POLICÍA LOCAL ANTE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DE ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 1. El ámbito local en la aplicación del Estatuto. 2. El ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto. 3. Algunos efectos prácticos de la aplicación del Estatuto. IV. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

I. EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA POSIBILIDAD DE SUSTITUIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ENTREGA DE TERRENOS EN LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA A TRAVÉS DE SU EQUIVALENTE DINERARIO. A) La regulación básica del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo que posibilita el cumplimiento alternativo del deber de entrega de terrenos lucrativos donde se materialice el aprovechamiento que corresponde a la Administración en concepto de participación en las plusvalías urbanisticas y del deber de entrega de terrenos destinados a dotaciones públicas en las actuaciones de dotación. B) La concreción por la legislación urbanística autonómica de los casos, condiciones y formas de sustitución de la entrega de terrenos. La articulación de la monetarización a través de la figura de los convenios urbanísticos de gestión. II. El régimen jurídico de la monetarización. A) La articulación de la monetarización a través de la figura de los convenios urbanísticos de gestión. II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MONETARIZACIÓN. A) La articulación de la monetarización a través de un convenio urbanístico de gestión. a) La determinación de los supuestos donde resulta admisible la sustitución del deber de entrega de terrenos por su cumplimiento mediante el pago de una cantidad económica. b) El convenio de monetarización sólo puede suscribirse con los propietarios afectados por la actuación urbanística o con las Corporaciones de Derecho Público en que se integran para dicha gestión. c) ¿La monetarización debe ser consensuada o puede imponerse coactivamente al sujeto que verifique la actuación de transformación urbanística? d) El contenido de la monetarización. Momento temporal en que puede realizarse. B) La cuantificación de la monetarización. Posibilidades de pago. a) La determinación de los criterios legales que debe respetar la monetarización. b) La admisión del pago aplazado. C) La impugnación del Convenio de monetarización. a) Plazo y motivos de impugnación. b) Efectos de la anulación la monetarización.

1. Antecedentes históricos. 1.1. El lento caminar hacia la creación de los cuerpos nacionales de Administración local. 1.2. El Estatuto municipal de Calvo Sotelo. 1.3. La regulación del régimen anterior. 1.4. La transición hacia la democracia. 2. La legislación posterior a la Constitución española de 1978: la Ley reguladora de las bases del régimen local y sus continuas modificaciones. 2.1. Normativa aplicable. 2.2. Estructuración. 2.3. Selección, nombramiento y toma de posesión. 2.3.1. El concurso de méritos. 2.3.2. La libre designación. 3. El camino hacia el Estatuto básico del empleado público: el Libro blanco para la reforma del gobierno local y el informe de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto básico del empleado público. 4. La regulación contenida en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público.

I. Antecedentes. II. Concepto. III. Requisitos. IV. Supuestos. V. Caracteres. VI. Selección y nombramiento. VII. Contenido de la relación. VIII. Cese. IX. La consolidación de empleo interino. X. Bibliografía de referencia.

I. Introducción. II. Las definiciones de museo y colección museográfica. III. Las competencias normativas y ejecutivas sobre los museos de titularidad local en Andalucía. IV. La creación de museos: la autorización museística y la inscripción en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas. V. La participación de los museos locales en el Sistema Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas. VI. La reserva de la denominación "museo" y "colección museográfica" a las entidades que reúnan los requisitos legales mínimos y sean reconocidas administrativamente. VII. Régimen Jurídico de los Bienes e Inmuebles museísticos.

I. INTRODUCCIÓN. II. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. 1. Administración Pública, sector público, sector privado. 2. Acción de fomento, procedimientos de selección y juegos de azar. 3. Premios y distinciones. A. El premio-subvención. B. El premio honorífico. C. El premio jurídico. 4. Con o sin convocatoria. 5. Méritos pasados, méritos futuros. 6. Personas físicas y jurídicas. Relaciones de sujeción general o especial. III. GRUPO NORMATIVO. 1. Normativa de subvenciones. 2. Normativa de contratos. 3. Normativa educativa. 4. Normativa de calidad de los servicios y de la gestión pública. 5. Otra normativa sectorial. 6. Normativa de procedimiento administrativo. 7. Normativa fiscal. IV. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PREMIADORA. 1. Órganos reguladores. 2. Órganos convocantes. 3. Órganos concedentes. 4. En particular, los jurados. V. EL CONTENIDO DE LOS PREMIOS. 1. Prestaciones económicas. 2. Prestaciones honoríficas. 3. Prestaciones jurídicas o de ejecución continuada. 4. Obligaciones del premiado. VI. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 1. El procedimiento sin convocatoria. A. Inicio del procedimiento. B. Instrucción y ordenación. C. Resolución. 2. El procedimiento con convocatoria. A. Contenido de la convocatoria. B. Los interesados identificados y los interesados anónimos. C. Desarrollo del procedimiento. D. Resolución. 3. Régimen de recursos. 4. El procedimiento de ejecución. VII. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN. II. LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 1. Concepto y finalidad. 2. Determinación. 3. Régimen de usos. 3.1. Usos para los que no se requiere autorización. 3.2. Usos impuestos en los primeros 20 metros de esta zona. 3.3. Usos prohibidos en toda la zona de servidumbre de protección (art. 25.1 LC). 3.4 Usos autorizables en la zona de servidumbre de protección. 3.5. Autorizaciones. 3.6. Clasificación del suelo. III. LA SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO. 1. Concepto y finalidad. 2. Determinación. 3. Efectos. 4. Consideraciones de tipo procedimental. 5. Clasificación del suelo. IV. LA SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR. 1. Concepto y finalidad. 2. Determinación. 3. Efectos. V. LA ZONA DE INFLUENCIA. 1. Concepto y naturaleza. 2. Determinación y contenido. VI. EL DERECHO TRANSITORIO.

I. La potestad sancionadora de la Administración Pública: los principios de legalidad y tipicidad. II. Los privilegios de la Administración pública. 1. Autotutela declarativa y ejecutiva, privilegios de carácter económico y privilegios en relación con los bienes públicos. 2. Privilegios de carácter procesal. III. En especial, la regla Solve et Repete.

1. El tránsito de la regulación de los registros para presentar en forma presencial solicitudes, escritos y comunicaciones, a la regulación del registro electrónico en la LAE. 2. Las funciones de los registros. 3. Breve síntesis de la regulación del registro electrónico en la LAE. 3.1. La derogación expresa de los preceptos de la LRJPAC reguladores de los registros telemáticos, y régimen jurídico aplicable a los registros electrónicos existentes y a los de nueva creación. 3.2. El contenido, a vuela pluma, de los artículos 24, 25 y 26 de la LAE, todos ellos dictados al amparo del artículo 149.1 18 CE, salvo el artículo 24.4 de la LAE. 4. La necesidad de contextualizar el registro electrónico en el marco de la legislación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en el que debe integrarse el, aún hoy, régimen jurídico especial de las administraciones públicas electrónicas y la regulación especial del procedimiento electrónico administrativo común). 4.1. Determinar las normas con rango legal y las relaciones ordinamentales aplicables a los aspectos nucleares del objeto de estudio (en este caso, los registros electrónicos). 4.1.1. El carácter de Ley especial de la LAE frente a la LRJPAC, respecto de la regulación del registro electrónico. 4.1.2. La LRJPAC y la LAE son leyes generales respecto del resto del ordenamiento jurídico estatal, que regulan aspectos del régimen jurídico y del procedimiento administrativo. El carácter prevalente de la legislación estatal especial (por ejemplo, la contratación electrónica). 4.1.3. La aplicación, con carácter supletorio, de los preceptos de la LAE que no se dictan al amparo del artículo 149.1.18 CE. 4.2. Los derechos reconocidos en la LRJPAC y en la LAE, y su relación con los registros electrónicos. 4.2.1. El carácter voluntario de la relación electrónica y las posibilidades de variar de medio de relación: el mantenimiento del consentimiento como criterio general para la relación electrónica y la obligación o no de utilizar modelos o sistemas electrónicos normalizados en la relación electrónica. Su incidencia en los registros electrónicos. 4.2.2. El derecho a la copia sellada y a acuses de recibo acreditativos de la relación electrónica realizada. 4.2.3. El ejercicio electrónico del derecho a formular alegaciones y derecho a aportar documentos adicionales (a tener presente en la gestión de los registros electrónicos). 4.2.4. El derecho a conocer electrónicamente el estado de los procedimientos, electrónicos o no. 4.2.5. El derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las administraciones públicas. 5. La necesidad de contextualizar el registro electrónico respecto de las novedades más transformadoras que aporta la nueva legislación de la Administración electrónica en la relación ciudadano-Administración pública, y en su organización y funcionamiento. En especial, la actuación administrativa automatizada. 6. La obligación de crear registro(s) electrónico(s) en las AAPP que integran el ámbito subjetivo de aplicación de la LAE. 7. La creación de un registro electrónico. 8. Los tipos de documentos que pueden admitir los registros electrónicos. 9. El funcionamiento de los registros electrónicos. 9.1. La información, relativa al registro electrónico, que debe obrar en la sede electrónica del registro. 9.2. La emisión de recibos acreditativos de la presentación de documentos. 9.3. El cómputo de plazos.