Hemeroteca

I. El deber de defensa de los bienes. II. Las potestades exorbitantes. III. Concepto. IV. Caracteres del deslinde. V. Supuestos del deslinde. VI. Efectos del deslinde. VII. Expediente previo: Acuerdo. VIII. Consecuencias del deslinde.

I. El concepto difuso del servicio público local. 1.1. Distinción entre servicio público y actividad económica. 1.2. El principio de libertad de formas de gestión de los servicios locales. II. Los servicios económico de interés general en los Tratados de la Unión Europea. 2.1. Ausencia de un concepto de servicio público en Derecho comunitario. 2.2. Los servicios de interés general en el Tratado de Lisboa. III. Servicio de interés económico general y medio propio. IV. El devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en la gestión directa de servicios municipales por sociedad mercantil. 4.1. Obligada recepción del concepto de medio propio. 4.2. Particularidades de la sujeción al IVA de los servicios de interés económico general. 4.3. Evolución de la legislación y la doctrina española. 4.4. Levantamiento del velo: Doctrina del Medio Técnico. Sentencias Tribunal Supremo, de fecha 10 de marzo de 2000, 25 de septiembre de 2002, 24 de junio 2003, y de 23 de abril de 2004. 4.5. El problema de la financiación. 4.5.1. Naturaleza de las subvenciones de explotación concedidas y su posible vinculación al precio de las operaciones. 4.5.2. Naturaleza de la contraprestación y de la facturación. 4.6. Consolidación de la doctrina del medio técnico y pérdida del derecho a la deducción del IVA soportado. V. Las subvenciones de explotación en los servicios públicos sujetos al impuesto. 5.1. Sujeción al IVA de los locales de recepción voluntaria prestados en gestión directa por sociedad municipal. 5.2. Los efectos de la STJCE, de 6 de octubre de 2005, asunto C-204/03. 5.3. Posible vinculación al precio de las subvenciones de explotación. 5.4. Criterios de distinción. 5.4.1. Doctrina del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 5.4.2. Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades, en adelante el Tribunal, de 22 de noviembre de 2002, Asunto C-184/00, ASBL Office des produits wallons. 5.4.3. Doctrina de los Tribunales españoles. 1. STSJ País Vasco, núm. 52/2004. 2. STS de 15 de junio de 2006, R.º 5218/2001. VI. Conclusiones.

I. Planteamiento. II. El silencio administrativo negativo: alcance. III. La administración tiene la obligación de resolver de forma expresa y en plazo. IV. La ejecutividad de los datos administrativos. V. Análisis crítico de la sentencia.

I. Introducción. II. El plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo. III. Previsiones de la legislación autonómica urbanística y de la legislación de régimen local. IV. Situaciones y supuestos judiciales recientes. 1. Recepción del acta en cumplimiento de la legislación de régimen local y recepción de la comunicación exigida en la legislación sectorial. 2. Recepción de la comunicación exigida en la legislación sectorial y posterior publicación en el Diario Oficial correspondiente, sin constancia de la notificación prevista en la legislación de régimen local. 3. Incidencia de la existencia de requerimiento previo regulado en el art. 44 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 4. Recepción del acta en cumplimiento de la legislación de régimen local y publicación posterior en el Diario Oficial correspondiente. V. Conclusiones.

I. El supuesto de hecho de la STS de 21 de octubre de 2008. II. La forma de recurrir en casación la extemporaneidad declarada por el Tribunal de instancia. III. El vencimiento de los plazos. IV. La presentación el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. V. La llamada rehabilitación de plazos. A) En general. B) En los escritos de preparación y de interposición de los recursos no se admite la rehabilitación de plazos. C) Es dudosa la admisión de la rehabilitación de plazos en los escritos de oposición de los recursos de casación. VI. Los plazos durante el mes de agosto. VII. Los plazos en los escritos presentados por medios telemáticos. VIII. Epílogo.

Coherencia y credibilidad.

1. El reconeixement constitucional i internacional del dret a l'habitatge. 2. El dret a l'habitatge a la Constitució espanyola del 1978 i als estatuts d'autonomia. 3. Polítiques habitacionals i desplegament legislatiu del dret a l'habitatge.

I. La nueva era. II. Un contenido diferente. III. Un nuevo desarrollo para los Recursos Humanos. IV. En las profundidades.

1. Introducción. 2. Metodología: el modelo de simulación Carrión. 3. Proyecciones demográficas. 3.1. Los flujos migratorios exteriores y el stok de población extranjera residente. 3.2. La dinámica demográfica de la población extranjera. 3.3. Las hipótesis y los resultados del escenario base migratorio. 4. Proyecciones macroeconómicas. 4.1. Proyección del empleo. a) Empleo relativo de los nativos e inmigrantes. b) El capital humano de la población activa inmigrante. c) Estimación de la correlación entre el capital humano y el empleo. 4.2. Proyecciones de la productividad y del PIB. a) Hipótesis para proyectar la productividad. 5. Proyección de las cotizaciones y de las pensiones. 5.1. Proyección de cotizaciones. 5.2. Proyección del gasto en pensiones de jubilación. a) Proyecciones de las pensiones medias. b) Proyección del gasto en pensiones de jubilación. 5.3. Definición de una ratio de solvencia de la Seguridad Social. 5.4. Efecto de la inmigración. a) Diferenciación del gasto en pensiones y del ratio de solvencia. b) Hipótesis para el cálculo de las cotizaciones y del gasto en pensiones de jubilación. c) Gasto en pensiones de jubilación. d) Descomposición de la ratio pensiones/PIB. e) Solvencia del sistema. f) Contribución de los inmigrantes. 6. Escenarios alternativos. 7. Conclusiones.