Hemeroteca

1. Introducción. 2. Marco normativo. 2.1. En el ámbito del Derecho administrativo funcionarial. 2.2. En el ámbito del Derecho penal. 3. Algunas notas generales sobre las penas privativas de libertad. 4. Las consecuencias administrativas derivadas del cumplimiento de las penas privativas de libertad. 4.1. Prisión. 4.2. Localización permanente y responsabilidad subsidiaria por impago de multa. 5. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA COMPETENCIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y A SU INTERPRETACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. II. LA REINTERPRETACIÓN DEL SISTEMA COMPETENCIAL MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. III. LA POSICIÓN DE LOS ESTATUTOS EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN BÁSICA EN LA STC 247/2007 SOBRE EL NUEVO ESTATUTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. IV. LA SENTENCIA SOBRE EL ESTATUTO DE CATALUÑA Y SU DOCTRINA SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA EN LA DELIMITACIÓN DEL SISTEMA COMPETENCIAL: 1. La inadecuación estatutaria para la definición del sistema competencial: 1.1. El límite cualitativo de los Estatutos de Autonomía. 1.2. El límite de principio de la descentralización del Ordenamiento. 1.3. La función interpretativa del TC. 1.4. La función descriptiva y sistematizadora de los Estatutos de Autonomía. 2. La interpretación del artículo 110 EAC. Las competencias exclusivas. 3. La interpretación del artículo 111 EAC. Las competencias ejecutivas. 5. Otras interpretaciones del sistema competencial no llevadas al fallo: 5.1. Subvenciones no territorializables. 5.2. Alcance territorial de las competencias autonómicas. 5.3. Las submaterias. 5.4. Otros títulos competenciales interpretados: a) Educación. b) Empleo público. c) Régimen local. V. EL MODELO COMPETENCIAL RESULTANTE TRAS LA STC 31/2010, DE 28 DE JUNIO SOBRE EL ESTATUTO DE CATALUÑA.

1. Los efectos de la crisis económica. 2. Propuestas para un nuevo sistema de financiación local.

1. Planteamiento: el deber de conservación del inmueble por el propietario. 2. Referencia a la STSJ de Madrid de 11 de diciembre de 2008. a) Análisis sobre el expediente de ruina. b) Informe jurídico sobre la expropiación por incumplimiento de la función social del propietario. 1. La Constitución Española. Artículo 33 de la CE sobre el derecho de propiedad y el deber de protegerla. 2. Potestad expropiatoria de la propiedad no conservada. 2.1. La Ley de Expropiación Forzosa: la causa expropiandi. 2.2. La Ley de suelo madrileña competente en la aplicación del caso. 2.3. La expropiación-sanción. c) Aspectos relevantes analizados en la sentencia sobre el deber de conservación.

1. Consideraciones generales. 2. Los delitos de tráfico de influencias. 3. Su tipificación en el Código Penal. 3.1. Artículo 428. 3.2. Artículo 429. 3.3. Artículo 430. 3.4. Artículo 431. 4. Jurisprudencia aplicable a estos delitos. 4.1. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de marzo de 1998. 4.2. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de febrero de 1998. 4.3. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de abril de 1999. 4.4. Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 25 de septiembre de 2006. 4.5. Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 25 de diciembre de 2002. 4.6. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2006. 4.7. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1994. 4.8. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga del año 1994, confirmada por el Tribunal Supremo con sentencia de 5 de abril de año 2002. 4.9. Diversas sentencias absolutorias. 4.9.1. Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2004. 4.9.2. Sentencia de 7 de julio de 2003. 4.9.3. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga. 5. Consideraciones finales.

1. Introducción: la atención a los mayores en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 2. La atención a los mayores y su situación de dependencia en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 3. La atención a los mayores dependientes como Derecho estatutario. 4. Alcance del derecho a la atención a los mayores y sus situaciones de dependencia como derecho estatutario. 5. La doctrina sobre los derechos sociales estatutarios de la STC 247/2007, de 12 de diciembre de 2007. 6. Implicaciones de las previsiones estatutarias para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 6.1. Protección de los mayores en Andalucía con anterioridad a la Ley de Dependencia. 6.2. Protección de los mayores en Andalucía con posterioridad a la Ley de Dependencia estatal. 6.3. Derecho a una atención gerontológica adecuada en el ámbito sanitario, social y asistencial.

I. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN AL DERECHO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL. II. REGULACIÓN LEGAL Y NIVELES DE COMPETENCIAS. 1. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de subsidiariedad. 2. Marco constitucional: competencias estatales y autonómicas. 2.1. Competencias estatales. 2.2. Competencias autonómicas. 2.3. Competencias Locales. III. COMPETENCIAS ESTATALES. 1. El título competencial del Estado: supuestos del art. 149.1 de la Constitución relacionados con la movilidad sostenible. 1.1. Los Transportes Terrestres. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 1.2. Tráfico. Circulación de vehículos a motor. 1.3. Obras públicas de interés general o cuya realización afecta a más de una Comunidad Autónoma. 1.4. Medio ambiente. A) La Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. B) El Real Decreto Legislativo 2/2008, Texto refundido de la Ley del Suelo. IV. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS. 1. El título competencial de las Comunidades Autónomas: supuestos del art. 148 de la Constitución. Competencias exclusivas y competencias compartidas. La cláusula residual del art. 149.3 de la Constitución. 1.1. El art. 148 de la Constitución: competencias autonómicas en materia de movilidad sostenible. 1.2. Cabe también, de acuerdo con el art. 148.2 de la Constitución que una Comunidad Autónoma adquiera competencias de medio ambiente del art. 149 en el marco de una reforma de su estatuto de autonomía. 2. Panorama autonómico. 3. La Ley 9/2003 de 13 de junio de la movilidad de Cataluña. 3.1. Características generales. 3.2. Objetivos e instrumentos de desarrollo. 3.3. Cuestiones de competencia. V. COMPETENCIAS LOCALES. 1. El título competencial de las Entidades Locales. 2. Ordenanzas municipales y movilidad. 3. Entes locales y principio de subsidiariedad. VI. LAS RECOMENDACIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO. HACIA UNA LEY ESTATAL DE MOVILIDAD. 1. La resolución 2006/227 de 12 de julio 2007 "Por una Europa en movimiento-movilidad sostenible para nuestro continente". 2. La Proposición de Ley de movilidad sostenible presentada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Comisiones Obreras, Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds y Los Verdes. 3. Retos de una futura Ley Estatal frente a las competencias autonómicas y locales. Los interrogantes del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El posible conflicto de competencias con la Ley de Cataluña. A) El título competencial del Estado. B) El ámbito de la Ley y su transversalidad con otra legislación sectorial. C) La dificultad de definir la movilidad sostenible a efectos competenciales. D) La aplicación de la futura Ley en las Comunidades con competencia en la materia. E) El posible título competencial en el art. 149.1.1. de la Constitución. VII. EL MARGEN DE COMPETENCIAS AUTONÓMICO EN EL DESARROLLO NORMATIVO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 1. Cataluña. 2. País Vasco y Andalucía. 3. Autonomías sin título competencial propio o legislación sobre la materia: estudio del caso de Madrid. 3.1. La posible Ley de la Movilidad Sostenible de Madrid: su título competencial. 3.2. El margen de competencias de la Administración Local. VIII. CONCLUSIONES.

El derecho a obtener copias deriva de la normativa de régimen local y no es incondicionado.

1. Introducción. 2. Normativa comunitaria aplicable. 2.1. Normas de Derecho Originario. 2.2. Normas de Derecho Derivado. 3. Hechos objeto de litigio. 4. Recursos internos y cuestiones prejudiciales ante el TJCE. 5. Respuestas del TJCE y valoración de la Sentencia. 5.1. Alcance geográfico del permiso de residencia otorgado al amparo de la normativa comunitaria: los efectos se limitan al territorio del Estado miembro de acogida. 5.2. La invocación de los derechos de libre circulación ante las autoridades del propio Estado, si la situación personal presenta un elemento de conexión con el Derecho Comunitario. 5.3. La condición de beneficiario de la libre circulación en el Estado miembro del que es nacional el interesado, aunque no ejerza o busque en él una actividad laboral. 6. Conclusiones.