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I. La Sentencia. II. Argumentación del Tribunal.

1. Normativa aplicada. 2. Jurisprudencia aplicada. 3. La Sentencia. 4. Argumentación del Tribunal. 5. Consecuencias para la práctica.

I. La Sentencia. II. Argumentación del Tribunal. III. Consecuencias para la práctica.

1. RÉGIMEN DEL SUELO. A) La apreciación de valores a preservar no es una facultad discrecional de la Administración a la hora de clasificar suelo. B) El suelo consolidado por la edificación realizada desde hace muchos años, que cuenta con servicios de infraestructura integrados en la malla urbana y se halla en una parcela rodeada parcialmente por otras construcciones debe ser clasificado como suelo urbano consolidado. 2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. A) Nulidad de la aprobación por silencio administrativo de un plan parcial que desarrolla un planeamiento general no adaptado a la ley. B) Validez de la aprobación de un plan parcial de iniciativa privada por subrogación de la CA ante la inactividad municipal. C) El estudio de detalle es válido si se ajusta al PGOU, dada su limitada finalidad de fijar la rasante de una zona verde, con independencia del carácter consolidado o no del suelo urbano y de los deberes que de ello puedan derivarse para sus propietarios. 3. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. A) Actos de ejecución del planeamiento que no tienen el carácter de disposición general. B) Emplazamiento a interesados. 4. MOMENTO Y VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS. A) Para determinar la aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial sobre sistemas generales que crean ciudad, habrá que estar a las concretas circunstancias del caso, teniendo muy en cuenta los rasgos que el proyecto que legitima la expropiación presenta en aquel preciso lugar. El carácter supramunicipal de un determinado sistema general no excluye automáticamente que dicho sistema general contribuya a crear ciudad. La mera proximidad a suelo urbano o urbanizable no es un dato relevante para establecer si un sistema general crea ciudad o no. Lo determinante es si el sistema general, en ese punto, está llamado a integrarse en el entramado urbano. B) La simple circunstancia de que las ponencias catastrales se desvíen de lo que, con mayor o menor fundamento, se reputa como el valor real de mercado no constituye, en cambio, pérdida de vigencia.

1. ANTECEDENTES.- ¿Es posible conceder licencia de actividad en un local para un uso admitido, pero que no cumple la altura mínima establecida por el planeamiento y no es posible realizar obras estructurales por estar afectada por Patrimonio? 2. CONTESTACIÓN.- La conclusión que hemos de extraer de dichos pronunciamientos jurisprudenciales es que las edificaciones en situación de fuera de ordenación o, de manera más amplia, las edificaciones respecto de las que resulta imposible posibilidad de reacción en materia de protección de la legalidad urbanística, no pueden ser condenadas por siempre a su no uso ni ocupación. De no ser así las viviendas construidas situadas fuera de ordenación, no podrían ser habitadas ni los edificios industriales o comerciales puestos en funcionamiento.

1. ANTECEDENTES.- En marzo se acordó la incoación de expediente de restauración de legalidad, por temas de retranqueos no compatibles con el planeamiento. ¿Puede iniciarse tres meses después el procedimiento sancionador? 2. CONTESTACIÓN.- Sólo algunas legislaciones autonómicas, como ocurre en este caso con la castellano-leonesa, permite que, cuando ante un mismo acto proceda tramitar procedimiento sancionador por infracción urbanística así como procedimiento de restauración de la legalidad, ambos pueden ser objeto de un único expediente, sin perjuicio de regirse por su respectiva normativa de aplicación.

1. Antecedentes. 2. Contestación.

1. Antecedentes. 2. Contestación.

1. Antecedentes. 2. Contestación.

1. ANTECEDENTES.- En el sistema de cooperación, ¿es posible recibir subvención del Plan único de obras y servicios de la Generalitat de Cataluña? 2. CONTESTACIÓN.- Entendemos que la ejecución de una actuación urbanística por el sistema de cooperación debe ser íntegramente financiada por los propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanística. El hecho de que sea la Administración la que ejecute las obras de urbanización no posibilita, desde nuestro punto de vista, el hecho de que se reciba una subvención de la Comunidad Autónoma.