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I. Introducción. II. Desistimiento del procedimiento. III. Suspensión y desistimiento de los contratos.

I. EL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE COMO ELEMENTO CLAVE DE LA LEY DE COSTAS DE 1988: DE UN SIMPLE ACTO DECLARATORIO DE ESTADOS POSESORIOS A UN ACTO DECLARATIVO DE LA TITULARIDAD DOMINICAL A FAVOR DEL ESTADO. 1. Concepto: una manifestación de la autotutela administrativa. 2. Órgano competente: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 3. Procedimiento: la notificación a los propietarios colindantes y el trámite de información pública. 4. Efectos: en la Ley de Costas vigente el deslinde pasa de ser un simple acto declarativo de estados posesorios con eficacia limitada -como era en la Ley de Costas de 1969- a ser un acto declarativo de la titularidad dominical a favor del Estado. III. RECURSOS CONTRA EL DESLINDE. 1. Acción pública. 2. Recurso de reposición. 3. Recursos contencioso-administrativos: no solo por cuestiones de competencia y procedimiento, sino también de fondo. 4. Juicios civiles: su suerte viene determinada por el resultado del deslinde administrativo. III. DESLINDE Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD: LA RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS HIPOTECARIOS MEDIANTE LA POSIBILIDAD DE RECTIFICAR LOS ASIENTOS REGISTRALES EN BASE A LAS RESOLUCIONES DE DESLINDE. IV. LA CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESLINDE. 1 La caducidad de los procedimientos en general. 2. Deslindes iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de Procedimiento de las Administraciones Públicas, es decir, deslindes iniciados antes del día 14 de abril de 1999: no están sujetos a plazo y, por tanto, no se produce nunca la caducidad del deslinde. 3. Deslindes iniciados entre la entrada en vigor de la Ley 4/1999 y la de la Ley 53/2002 que modificó el art. 12.1 de la Ley de Costas, es decir, deslindes iniciados entre el 14 de abril de 1999 y el 31 de diciembre de 2002: el plazo para resolver esos procedimientos es de seis meses, transcurridos los cuales se produce la caducidad. 4. Deslindes iniciados con posterioridad a la Ley 53/2002, es decir, a partir del día 1 de enero de 2003: el plazo máximo de duración de esos procedimientos es de dos años, transcurridos los cuales sin haberse notificado la resolución se produce la caducidad. 5. Otras cuestiones sobre la duración del procedimiento de deslinde: fecha de iniciación, ampliación y suspensión. 6. Efectos de la caducidad del deslinde.

I. EL PUNCTUM SALIENS DE LOS DESLINDES: LA CONVERSIÓN DE PROPIETARIOS EN CONCESIONARIOS. 1. La privación de la propiedad en aplicación de la Ley de Costas de 1988 es una expropiación pero se considera que el propietario recibe el justiprecio en virtud de la concesión para seguir disfrutando de su bien durante sesenta años. 2. El informe Auken. II. LA ANCHURA DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN RESPECTO A LOS TERRENOS QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS ESTABAN CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO O COMO SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO CON PLAN PARCIAL. 1. De la servidumbre de salvamento en la Ley de Costas de 1969 (20 metros) a la servidumbre de protección en la Ley de Costas de 1988 (100 metros). 2. Primera posibilidad de que se aplique una servidumbre de protección de sólo 20 metros: terrenos clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanización con Plan Parcial aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas: el caso del hotel construido en la playa de El Algarrobico. 3. Segunda posibilidad de que se aplique una servidumbre de protección de sólo 20 metros: terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas. 4. La doctrina jurisprudencial conocida como "la fuerza normativa de lo fáctico en relación con el suelo urbano". III. LA FIJACIÓN DE LA CUANTÍA EN LOS RECURSOS DE CASACIÓN QUE VERSAN SOBRE DESLINDES DE LAS COSTAS. 1. Procesos que deberían ser de inequívoca cuantía indeterminada. 2. Su conversión jurisprudencial en procesos de cuantía determinada: el órgano jurisdiccional ejerciendo funciones de tasador inmobiliario a la baja. 3. Se aplican todas las reglas que sirven para fijar la cuantía en casación, no se admite la apertura de un periodo de prueba para que las partes puedan acreditar la cuantía casacional e incluso se habla de una "presunción de insuficiencia de la summa gravaminis". IV. LA IMPORTANCIA DE LAS CUESTIONES PROBATORIAS EN LOS JUICIOS SOBRE DESLINDES: LAS LIMITADAS POSIBILIDADES DE REVISAR EN CASACIÓN LA VALORACIÓN PROBATORIA DE INSTANCIA. 1. Regla general: en el recurso de casación no puede modificarse la valoración de la prueba llevada a cabo en la instancia. 2. Excepciones a esa regla general: los siete temas probatorios que pueden ser tratados en un recurso de casación. 3. La dificultad de que el TS revise la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal de instancia sobre la inclusión o no de los terrenos afectados en alguna de las categorías del dominio público marítimo. 4. Posibilidades prácticas de rectificar en casación la valoración probatoria de la sentencia de instancia sobre el deslinde: el uso del art. 88.3 de la LJCA; la falta de toma en consideración de dictámenes periciales por el Tribunal de instancia; valoraciones contradictorias entre parcelas limítrofes de las mismas características; valoración manifiestamente errónea de documentos del expediente, etc. V. EPÍLOGO.

1. Introducción: la distinción entre funcionarios y trabajadores. 2. El absentismo en el marco del personal laboral. Una primera aproximación. 3. Análisis del régimen de aplicación del art. 52.d) del ET: algunas reflexiones interpretativas sobre las ausencias del trabajador. 4. Análisis del régimen de aplicación del art. 52.d) del ET: algunas reflexiones interpretativas sobre el absentismo de la entidad local. 5. Un apunte final: la enfermedad común o el accidente no laboral como causa de despido.

I. El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. II. Una operación legislativa de flexibilización profunda del modelo laboral. III. El patrón normativo al uso y su secuencia legislativa doble: utilización del Decreto-Ley por razones de necesidad y tramitación parlamentaria posterior del mismo como proyecto legislativo. IV. Ausencia de concertación social y deslegitimación sindical de la reforma. V. Las "debilidades del modelo laboral" y la "rigidez del mercado de trabajo": desempleo y temporalidad. VI. La terapia prescrita y sus medidas de actuación: hacia un "horizonte de seguridad jurídica y confianza" para la recuperación del empleo. VII. El desplazamiento del equilibrio del modelo laboral como resultado.

1. Introducción. 2. La entrega de terrenos. 2.1. Aspectos jurídicos, técnicos y económicos. 2.2. Repercusiones patrimoniales de la entrega de terrenos. 3. La recepción de terrenos. 3.1. Finalidad y control de los Patrimonios Públicos de Suelo. 4. La gestión de los Patrimonios Públicos de Suelo: la realidad española. 5. Consideraciones finales.

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA: ¿ES LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS EXTRANJEROS UN DERECHO DE SEGUNDA CATEGORÍA? II. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 2.1. La protección de datos como derecho inherente a la dignidad humana. 2.2. Contenido y límites del derecho a la protección de datos. III. LA CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS: LA DISTINCIÓN ENTRE FICHEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS. IV. NUEVOS PRIVILEGIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS PERSONALES. 4.1. El deber de información en la recogida de datos. 4.2. El consentimiento previo del afectado. A) El acceso a datos de carácter electrónico en poder de la Administración. B) La cesión de datos del padrón municipal de habitantes. 4.3. La calidad de los datos objeto de tratamiento. V. LÍMITES A LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS EXTRANJEROS. 5.1. El deber de colaboración en la cesión de datos sobre extranjeros. 5.2. El acceso directo a datos personales de los extranjeros sin el consentimiento del interesado. 6. REFLEXIÓN FINAL. 7. BIBLIOGRAFÍA.

1. Las categorías del Derecho constitucional en el examen del diseño institucional: el principio democrático. 2. Sigue. Los poderes y las competencias en el Tratado de Lisboa. 3. El sistema institucional de la Unión Europea: las instituciones. 4. La representación de la Unión Europea entre instituciones y órganos individuales: la representación externa. 5. Sigue. La representación interna: el Consejo Europeo y el Consejo. 6. Sigue. La representación interna: el Parlamento Europeo. 7. Sigue. La represtanción interna: la Comisión. 8. El perfil funcional del diseño institucional europeo: el diálogo interinstitucional. 9. La particular posición del juez comunitario y el principio de primacía en el ordenamiento europeo. 10. La construcción del sistema político europeo. 11. ¿Quién guía a la Unión?

1. El documento extrajudicial como concepto autónomo en el Derecho de la Unión Europea. 2. El "Acto auténtico". 3. Fedatario público o autoridad pública. 4. La autenticación. 5. Efectos del Acto auténtico. 6. El reconocimiento transfronterizo.

1. Antecedentes. 2. Contestación.