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1. Acceso al empleo público. A. El límite máximo de edad de 30 años para ingresar en la policía local es contrario al derecho europeo. B. El desconocimiento por los aspirantes de los criterios de calificación de una prueba vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. C. No pueden valorarse como mérito para el acceso ni para la promoción en el empleo público los servicios prestados como personal eventual. D. Los servicios prestados a la Administración mediante contrato de servicios de analista informático no constituyen mérito valorable en concepto de experiencia por prestación de servicios en administraciones públicas. E. El control judicial de la discrecionalidad técnica de los órganos de selección no permite sustituir la decisión motivada del tribunal calificador, que no incurre en error patente, por la estimación del órgano judicial basada en la opinión sustentada en un informe pericial. 2. Provisión de Puestos de Trabajo. A. Concurso de méritos. Méritos de conciliación familiar: concepto de "acceso desde municipio distinto". B. Libre designación: motivación del cese. C. Nombramiento en comisión de servicios: su carácter voluntario implica convocatoria pública. D. Cese de funcionario en comisión de servicios: desviación de poder. 3. Derechos individuales. A. Ni siquiera el legislador autonómico puede dispensar del requisito de la titulación para la promoción interna funcionarial. B. Es discriminatorio privar a los interinos de larga duración del complemento de carrera profesional. 4. Derechos colectivos. A. Los criterios generales en materia de acceso, carrera y provisión de un puesto directivo deben ser materias objeto de negociación. B. La obligatoriedad de lo negociado condiciona al ejercicio ulterior de la potestad presupuestaria del ayuntamiento, que ha de ordenarse al cumplimiento de lo acordado. 5. Extinción de la relación de servicio. A. Motivación de la denegación de la solicitud de prolongación del servicio activo.

1. Consideración preliminar. 2. Causalidad, objetividad y antijuridicidad. 3. Acción y procedimiento. 4. Responsabilidad del legislador. 5. Responsabilidad del Poder Judicial. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Plazo para reclamar en el caso de una actuación que posibilita la sustracción de menores: distinción entre daños continuados y daños permanentes. 6. Responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión Europea. Falta de una violación suficientemente caracterizada.

1. Concepto de sanción. 2. Principio de legalidad sancionadora: reserva de Ley y tipicidad. 3. Retroactividad de la norma sancionadora más favorable. 4. Elemento subjetivo de las infracciones: culpabilidad. 5. Sujetos responsables. 6. Concurso de infracciones. Concurso de normas punitivas: non bis in idem. 7. Procedimiento administrativo sancionador. 8. En especial, la prueba y la presunción de inocencia. 9. Caducidad del procedimiento administrativo sancionador. 10. Extensión de la sanción procedente en cada caso. Proporcionalidad e individualización de las sanciones. 11. Extinción de la responsabilidad sancionadora por prescripción. 12. Extinción de la responsabilidad sancionadora por muerte del sancionado. 13. Ejecución de las sanciones. Suspensión de las recurridas en vía jurisdiccional. 14. Control jurisdiccional de la potestad sancionadora.

1. Administración local. A. Autonomía local. a. Alteración de términos municipales. b. La utilización de los bienes municipales para fines específicos propios de una determinada ideología vulnera el principio de neutralidad política. c. La actuación en contra del principio de la neutralidad política constituye un límite al ejercicio de la autonomía local. B. Competencias municipales. a. El uso de técnicas de prospección y extracción de hidrocarburos no es competencia municipal, ni asunto que se circunscriba al ámbito local. b. La organización territorial del Estado escapa de las competencias atribuidas a los municipios. C. Impugnación de acuerdos de las entidades locales. D. Organización Municipal. E. Régimen de funcionamiento de las entidades locales. a. Nulidad de acuerdo municipal por no estar en plazo a disposición de los concejales la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día. b. Nulidad de acuerdo municipal por no estar justificada la situación de urgencia que habilita para la convocatoria extraordinaria de la sesión y por vulnerarse el derecho a la información sobre los asuntos incluidos en el orden del día. 2. Colegios profesionales y profesiones tituladas.

1. Consideración preliminar. 2. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A. Calificación de contratos públicos. B. Obligación de las entidades adjudicadoras de excluir de una licitación al licitador responsable de una infracción en materia de pago de cotizaciones a la Seguridad Social. C. Violación de los principios de igualdad y transparencia por la reevaluación de la oferta de un licitador. 3. Tribunal Supremo. A. La obligación de motivar las valoraciones como elemento de control de la discrecionalidad técnica en las adjudicaciones de los contratos. B. Eficacia de las resoluciones de los Tribunales administrativos de recursos contractuales. C. Interposición de recurso de alzada en un supuesto en el que era procedente el recurso especial en materia de contratación. D. ¿Puede incluirse válidamente el compromiso de absorber o mantener al personal del antiguo concesionario como criterio de adjudicación? E. Requisitos de la motivación de la adjudicación del contrato. F. Anulación de un contrato: inicio del plazo de preinscripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios. G. Plazo de prescripción de la acción de responsabilidad quincenal del contratista de obras. H. Riesgo y ventura en el contrato de obras. 4. Audiencia Nacional y Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales. A. Pliegos: determinación de clasificación y prescripciones técnicas. B. Acuerdo Marco: contrato de suministro.

1. Consideración preliminar. 2. Concepto de acto administrativo. A. Naturaleza. a. Las relaciones de puestos de trabajo tienen naturaleza de acto administrativo. B. Actos impugnables. a. La resolución dictada tras la fase de ejecución de sentencia es un acto autónomo susceptible de impugnación. 3. Procedimiento administrativo. A. Iniciación. B. Tramitación. C. Terminación. a. No hay silencio positivo en las peticiones enmarcadas en un procedimiento iniciado de oficio. 4. Requisitos del acto administrativo. A. Motivación. 5. Eficacia y ejecución del acto. A. Notificación. B. Ejecución del acto. 6. Eliminación del acto administrativo. A. Revisión de oficio. B. Recursos administrativos

I. Introducción. II. La prohibición de ayudas estatales dentro de la Unión Europea. III. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de octubre de 2014 sobre exención del IBI. IV. Concepto de exención tributaria. V. Las exenciones tributarias en el IBI. VI. Conclusiones.

I. Introducción. II. Los límites del Derecho de la UE en la potestad tributaria de los Entes territoriales: especial referencia a las Entidades Locales. III. Los tributos locales afectados por el Derecho de la UE. IV. Conclusiones.

I. Consideraciones generales. II. La condición de sujeto pasivo en el IBI y los principales supuestos de exoneración de gravamen derivados, no tanto de la condición de la persona titular, sino de la finalidad que el inmueble está llamado a cumplir. 1. A vueltas con la exención de los inmuebles de la Iglesia Católica y de las restantes confesiones religiosas: análisis de las recientes sentencias del TC y del TS. 2. Análisis del supuesto específico relativo a Correos y Telégrafos. III. Análisis de la problemática derivada de la aplicación del gravamen sobre aquellos bienes demaniales objeto de concesión administrativa.