Hemeroteca

1. Introducción. 2. Análisis sobre la vulneración del Principio de Capacidad Económica. 3. Análisis sobre la vulneración del Derecho de Defensa y Práctica de Prueba. 4. Y ahora ¿qué? 5. Conclusiones.

1. Introducción. 2. Situación del Impuesto hasta el momento del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 3. Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017. 4. Eficacia de la Sentencia.

1. Introducción. 2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 3. El principio constitucional de capacidad económica. 4. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 5. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 6. Tributación municipal. 7. Otros supuestos. 8. Conclusiones.

Introducción. II. Recurso contencioso-administrativo. 1. Objeto. 2. Sujetos. 3. Procedimiento. 3.1. Nulidad del precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia. 3.2. Una demora superior a un año en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo supone una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 3.3. Inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por la vinculación negativa de la cosa juzgada material (art. 69.d LJCA). 4. Sentencia: inaplicación de una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. 5. Recurso de Apelación. 5.1. Es admisible el recurso de apelación si, de prosperar el recurso en su totalidad, concediendo al recurrente la indemnización total solicitada, la cuantía excedería de establecida en la Ley. 5.2. La impugnación de una disposición de carácter general no justifica el acceso a la apelación de un asunto sin cuantía para ello.

I. Planeamiento urbanístico. II. Régimen del suelo. III. Ejecución del planeamiento. IV. Disciplina urbanística. 1. Orden de demolición de obras realizadas sin licencia. Acreditación a cargo del promotor de la terminación total de las obras, 4 años antes de que se iniciara el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanistica. Medios de prueba. 2. No hay plazo de prescripción (caducidad) de la acción para la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en actuaciones clandestinas o ilegales, afectadas por la Ley de Costas. Distinción entre el plazo de prescripción de las infracciones y el de caducidad de la restauración de la legalidad o restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, en materia de Costas. 3. Sustantividad propia y autónoma de las autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico.

I. Cuestiones generales. II. Clases de empleados públicos. III. Acceso al empleo público. 1. La falta de motivación de la resolución de la comisión de selección vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. 2. La fecha límite para la adquisición de méritos alegados por los aspirantes es, de conformidad con las bases de la convocatoria, la del último día para la presenteación de las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo. Pueden subsanarse en vía de alzada cuestiones relativas a la concurrencia de un mérito previamente alegado. 3. Debe valorarse como tiempo de servicios prestados por los interinos el tiempo que permanezcan en situación de excedencia para cuidado de hijos menores. Concurso-oposición. 4. Los servicios prestados en una fundación pública debe ser valorados como trabajo previo en la administración. 5. La normativa comunitaria permite establecer como límite para el acceso a la función pública no haber cumplido la edad de 35 años. IV. Carrera y provisión de puestos de trabajo. 1. Procedimiento de concurso y permanencia en los puestos de trabajo como mérito. V. Derechos colectivos. Derecho a la libertad sindical. VI. Derecho a la negociación colectiva. VII. Derechos fundamentales. Derecho a la igualdad sin discriminación por razón de sexo. 1. La condición biológica de la mujer funcionaria ha de ser compatible con la conservación de los derechos profesionales, sin que la maternidad pueda producir ninguna desventaja. VIII. Derechos laborales. Jornada laboral. 1. La decisión de reducir a la mitad la jornada de trabajo sólo para el colectivo de los profesores funcionarios interinos que no son doctores contradice la normativa comunitaria sobre trabajo de duración determinada. IX. Deberes y códigos de conducta. X. Situaciones administrativas. 1. Imposibilidad de aplicar a los funcionarios interinos el régimen de garantías que la legislación establece para los funcionarios de carrera que son declarados en servicios especiales. XI. Extinción de relación funcionarial.

I. Consideración preliminar. II. Causalidad, objetividad y antijuridicidad. Responsabilidad por retraso en el otorgamiento de una concesión de una línea de transporte regular de viajeros por carretera como consecuencia de una acumulación de decisiones administrativas ilegales. Voto particular. III. Acción y procedimiento. Responsabilidad sanitaria. Daño desproporcionado. Inversión de la carga de la prueba. IV. Responsabilidad por normas con rango de ley. Modificación del régimen retributivo de las energías renovables, votos particulares. V. Responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión Europea.

I. La potestad sancionadora. II. Concepto de Sanción administrativa. III. Distribución de competencias normativas sancionadoras. IV. El principio de legalidad sancionadora: reserva de ley y tipicidad. 1. Reserva de Ley. 2. Tipicidad. V. Retroactividad de la norma sancionadora más favorable. VI. Elemento subjetivo de las infracciones: culpabilidad. VII. Sujetos responsables. VIII. Concurso de infracciones. Concurso de normas punitivas: non bis in idem. IX. Competencia sancionadora. X. Procedimiento administrativo sancionador. XI. En especial, la prueba y la presunción de inocencia. XII. La resolución sancionadora. XIII. La caducidad del procedimiento administrativo sancionador. XIV. La extensión de la sanción procedente en cada caso. Proporcionalidad e individualización de las sanciones. XV. La extinción de la responsabilidad administrativa sancionadora. XVI. Control jurisdiccional de la potestad sancionadora.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. Concesiones no comprendidas en la legislación sobre contratación pública. 2. Acuerdos de suministro de medicamentos y posible calificación como contratos públicos. 3. Límites a la subcontratación. III. Tribunal Supremo. IV. Audiencia Nacional. V. Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales. 1. División en Lotes. 2. Normas de garantía de la calidad (artículo 80 del TRLCSP y artículos 44 y 62 de la Directiva 2014/24/UE). 3. Cláusulas sociales. 4. Contratos de gestión de servicios públicos. 5. Contratos sujetos a regulación armonizada (umbrales). 6. Contratos de concesión de servicios. 7. Medios alternativos para la acreditación de la solvencia económica y financiera. 8. Efecto directo del art. 41 de la Directiva 2014/24/UE: objetivo evitar la participación previa de una empresa en un procedimiento de licitación pueda falsear la competencia. 9. Contratos de servicios sujetos a regulación armonizada. 10. Precio de los contratos (arts. 87.1 del TRLCSP y 88.4 y 5 del TRLCSP).