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I. Consideraciones preliminares. II. Concepto de acto administrativo. 1. Actos impugnables. 1.1. Suspensión del plazo de resolución del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada: acto de trámite culificado. III. Procedimiento administrativo. 1. Tramitación. 1.1. Adecuada motivación del Acuerdo de ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección tributaria. 1.2. Anulación de resolución sancionadora por denegación de práctica de la prueba sin motivación suficiente. 1.3. Valor probatorio de las Actas de Inspección de Trabajo. 1.4. Trascendencia invalidante de la no realización del trámite de audiencia en el procedimiento sancionador. IV. Requisitos del acto administrativo. 1. Motivación. 1.1. Sanción tributaria sin motivación suficiente: nulidad de pleno derecho. V. Eficacia y ejecución del acto administrativo. 1. Notificación. 1.1. Requisitos para notificación de una sanción en plazo: concepto "intento de notificación". 1.2. "Intento de notificación" versus "notificación misma". 1.3. Publicación ajustada a derecho de los Acuerdos Colegiales. 2. Ejecución del acto. 2.1. Concepto de "Vía de Hecho". 2.2. Notificación edictal realizada sin que la Administración Tributaria hubiera desplegado un mínimo de diligencia para averiguar el verdadero domicilio de la sociedad notificada. Apremio improcedente. VI. Eliminación del acto administrativo. 1. Revisión de Oficio. 1.1. Finalidad de la Revisión de Oficio de los actos nulos de pleno derecho. 1.2. Ampliación del plazo en el procedimiento de Revisión de oficio. 1.3. Petición de revisión de oficio: derecho del solicitante de una denegación motivada de revisión de oficio. 2. Revocación. 2.1. No cabe la invocación de la "doctrina de los actos propios" cuando de su aplicación derivara el mantenimiento de una situación de ilegalidad. 2.2. Revocación de los actos administrativos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. 2.3. Revocación de un acto de gravamen que acuerda a su vez otra medida desfavorable para el interesado.

1. Comentario de la Resolución del TEAC de 2 de febrero de 2017. 2. Algunas consideraciones en relación con la resolución comentada. Bibliografía.

1. Introducción y delimitación del objeto de estudio. 2. Las estrategias de política legislativa en la configuración legal del mecenazgo. 3. La regulación estatal del mecenazgo. Los donativos. 4. Los donativos de mecenago en la regulación autonómica. 5. Modulaciones en el tratamiento de los donativos estatales en la legislación autonómica. Bibliografía.

1. Consideraciones previas. 2. La necesidad de reforzar la presunción de inocencia en el ámbito de la Unión Europea. 3. La Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento y del Consejo de 9 de marzo de 2016. 4. Reflexiones a propósito del derecho a no autoincriminarse en materia tributaria. 5. Conclusión. Bibliografía.

1. Origen y recepción del principio de protección de la confianza legítima. 2. Fundamentos constitucionales del principio de protección de la confianza legítima. 3. El principio de protección de la confianza legítima como límite a la retroactividad de las Normas tributarias. 4. Reflexiones finales. Bibliografía.

I. Introducción. II. El ámbito de aplicación del principio de no discriminación en el empleo temporal. 1. La unidad de tratamiento de las relaciones temporales de trabajo dependiente. 2. El objeto de comparación: trabajo por tiempo indefinido comparable. 3. Las condiciones de empleo y trabajo afectadas. 4. Las razones objetivas que justifican el trato diferenciado. III. La indemnización por extinción del contrato como condición de trabajo sometida al principio de no discriminación. 1. La comparabilidad de las causas de extinción. Despido objetivo frente a reincorporación de la persona sustituida. 2. La extensión de las indemnizaciones por causas objetivas al resto de modalidades de contratación determinada. 3. La aplicación de la prohibición de discriminación a las relaciones entre privados en España.

I. Supuesto de hecho. II. Algunos aspectos del contrato de interinidad. III. Percepción por el interino de la misma retribución que el trabajador al que sustituye.

I. la reforma procesal de 2015. II. El derecho fundamental a los recursos. III. La L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ y el R.D. 229/2017, de 10 de marzo. IV. La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. V. Nuevas propuestas doctrinales. VI. Conclusiones.