Hemeroteca

1. Introducción. 2. Surgimiento del estado social. 3. Principios del estado social. 4. Relación con el estado de bienestar. 5. La administración prestacional del Estado social. 6. Crisis del Estado social

1. Introducción a la evolución del recurso de casación en un contexto de reformas. 2. El Real Decreto-ley 5/2023: Agilidad procesal y ajustes en el interés casacional. 3. El Real Decreto-ley 6/2023: Reconfiguración de las vías de impugnación. 4. La Ley Orgánica 1/2025: Transformación de la legitimación y el procedimiento abreviado y sus ecos en el recurso de casación. 5. Reflexiones finales sobre un sistema casacional que ha de asentarse

1. Introducción. 2. El derecho al olvido digital. 3. Otros problemas derivados del impacto que en la esfera de los derechos fundamentales de los particulares suponen los resultados ofrecidos por los buscadores de internet: la función «autocompletar» y el «google bombing». 4. Conclusión

I.- Resumen: II.- la contratación pública socialmente responsable: definición. III.- la transversalidad de las cláusulas sociales y laborales. 1. Definición de cláusulas sociales. El problema competencial en la regulación de las condiciones laborales 1.1 La inclusión de cláusulas sociales en los contratos menores. 2. Clausulas sociales y laborales en la preparación del contrato a) En la definición del objeto del contrato b) En la exigencia de capacidad para contratar (prohibiciones para contratar) c) Los compromisos sociales en la acreditación de la solvencia técnica o profesional 3. Clausulas sociales y laborales en la adjudicación del contrato 4. Clausulas sociales y laborales en la ejecución del contrato IV.- conclusiones V.- anexos VI.- Bibliografía VI.1.- Webgrafía

I. Presentación. II. Marco legal. III. Pero, ¿Que es la perspectiva de género? IV. Existencia de desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Diagnóstico de situación. V. Razones por las que la contratación publica sensible al género es crucial en el contexto de la Unión Europea. Vi. Contratacion publica y perspectiva de género en la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos de sector público: 1.- estudio en la Unión Europea del caso de España. 1.1 Marco legal favorable. 1.2 No desarrollo de la inclusión de la perspectiva de género en la contratación pública por la Administración estatal. 1.3 Comunidades Autónomas y capitales de provincia. 1.4 Ventajas del modelo de la transversalidad de género adoptado por las CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos. 1.5 Dificultades para la implantación de la GRPP en España. 2.- breves comentarios al art. 1 de la LCSP (objeto y finalidad) en relación con la incorporación de cláusulas de género. 3.- fases del procedimiento de Contratacion en las que cabe incluir cláusulas de género. 3.1 Fase de pre-contratacion: preparación de pliegos. 3.1.1 Análisis de la prestación contractual. 3.1.2 Descripción del objeto del contrato con perspectiva de género (art. 99 LCSP).3.1.3 Justificación del expediente y necesidades a satisfacer con perspectiva de género. 3.1.4. Etiquetas sociales, de género y ecológicas y certificaciones de igualdad. 3.2 Fase de admisión. 3.2.1 Prohibiciones para contratar. 3.2.2 Solvencia Técnica con perspectiva de género. 3.3. Fase de licitación. 3.3.1 Criterios de adjudicación. 3.3.2 Criterios de preferencia o desempate. 3.3.3. Condiciones especiales de ejecución. 3.4. Fase de ejecución: verificación. 3.4.1. Calificación de criterios relacionados con la igualdad como obligaciones contractuales esenciales. 3.4.2 Establecimiento de penalidades y opción de resolución en caso de incumplimiento. 3.4.3 Establecimiento de verificadores específicos para cada cláusula de género. 3.4.4 Asignación de la responsabilidad de comprobación y control a la persona responsable del contrato o la unidad de seguimiento. 3.4.5 La carga de la prueba y la obligación de acreditar el cumplimiento de las cláusulas de igualdad. VII. Conclusión. VIII. Bibliografía. IX. Abreviatura.

I. Introducción y objetivos. 1. Introducción. 2. Objetivos. 3. Metodología. 4. Estructura. II. Antecedentes y el régimen jurídico actual del recurso de casación autonómico en el orden contencioso administrativo. A. Antecedentes. B. El régimen jurídico actual. i. La escasa regulación del recurso de casación autonómico. ii. Problemas que plantea el marco jurídico. 1. Composición de la Sección que debe resolver el recurso. 2. Casos en que procede 3. Procedimiento III. Estudio de la doctrina y jurisprudencia sobre el recurso de casación autonómico. A. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y análisis de la doctrina sobre la misma. i. Regulación del recurso en norma ordinaria u orgánica ii. Principio de seguridad jurídica. iii. Principio de igualdad y derecho a la tutela judicial efectiva B. Análisis de la postura de los distintos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. IV. Conclusiones. V. Referencias. A. Bibliografía. B. Doctrina administrativa.

1.- Revisión de los trabajos previos a la aprobación del AIA. 1-1.- Fase inicial. 1.2. Fase de negociaciones sobre la Ley de Inteligencia Artificial y primeras propuestas y proyectos. 1.3. Fase de votación y acuerdos. 1.4. Publicación, despliegue y entrada en vigor. 2.- Estructura del Reglamento. 3.-Ámbito de aplicación. 4.- Ciberseguridad. 5.- Elemento subjetivo. 6.- Responsabilidad y sanciones. 7.- Regulación de la IA a nivel mundial. 8.-Conclusiones

I. Introducción. Concepto de transporte de viajeros bajo demanda en vehículos de turismo, modalidades y régimen jurídico. II. Primer hito: la directiva de servicios de 2006 y su incidencia en la normativa española sobre transporte terrestre. III. Segundo hito: la ley de garantía de la unidad de mercado de 2013 y su proyección sobre la regulación de la actividad de taxis y VTC. IV. Tercer hito: la agenda europea para economía colaborativa de 2016 y su aplicación por el tribunal de justicia de la Unión Europea a las plataformas digitales de servicios de transporte. V. Cuarto hito: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Prestige and Limousine de 2023 y sus consecuencias sobre el ordenamiento jurídico español. Vi. Recapitulación conclusiva y reflexión final. VII. Bibliografía utilizada.

I. Introducción: los motivos de la creciente tendencia de intervención administrativa en las viviendas de uso turístico; II. Las competencias regulatorias en las viviendas de uso turístico; 1. La normativa de la unión europea; 2. La normativa del estado; 3. Las competencias de las comunidades autónomas; 4. Las competencias de las entidades locales; III. El régimen jurídico general de la intervención administrativa en las viviendas de uso turístico; IV. Los instrumentos de la intervención administrativa en las viviendas de uso turístico; 1. Una visión general de la implantación de las medidas de intervención administrativa en las viviendas de uso turístico: el predominio aparente de las declaraciones responsables; 2. El refuerzo de las medidas de intervención administrativa ex ante: los casos de las islas baleares y Aragón; 2.1. La desnaturalización de la declaración responsable a través de la planificación territorial y el urbanismo. El caso balear; 2.2. El caso aragonés: la intensificación de la declaración responsable mediante requerimientos urbanísticos y relativos a la propiedad horizontal; 2.2.1. Planteamiento general del esquema de intervención administrativa aragonesa en la comercialización de las viviendas de uso turístico; 2.2.2. La supeditación de la declaración responsable a un procedimiento administrativo cuasiautorizatorio por razones urbanísticas; 2.2.3. La integración de la potestad de veto de las comunidades de propietarios en el procedimiento de control de la declaración responsable; v. Final; vi. Bibliografía citada.

I. Introducción. II. Alcance de la potestad revisora de la Administración pública a propia iniciativa, de oficio, sobre la validez y/o la eficacia de sus propios actos jurídicos. 1. Antecedentes y evolución de la potestad revisora de actos y normas. 2. Supuestos legales de la potestad revisora, su naturaleza y sus límites. III. Alcance de las solicitudes de los particulares para pedir la declaración de lesividad de actos firmes, favorables y anulables, así como para pedir la revocación de actos desfavorables y, excepcionalmente, favorables. 1. Efectos y naturaleza jurídica de ambas solicitudes en la legislación vigente. 2. Su distinción con respecto a las solicitudes por las que se ejerce el derecho de petición del art.29 de la Constitución. IV. Conclusiones.