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I. Introducción. II. La difícil identificación de los problemas competenciales reales: 1. STC 126/2023, de 27 de septiembre: restauración de terrenos, ordenación de recursos hidráulicos y procedimiento administrativo común. 2. STC 127/2023, de 27 de septiembre: aprovechamientos minerales estratégicos. 3. STC 20/2024, de 31 de enero: contención energética y salud. 4. STC 25/2024, de 13 de febrero: sostenibilidad del territorio y autonomía local. III. El mantra de la técnica legislativa como cuestión ajena al juicio de constitucionalidad de las normas con rango de ley. IV. Nuevas técnicas regulatorias: 1. STC 79/2024, de 21 de mayo: la vivienda, de principio a derecho. 2. STC 142/2024, de 20 de noviembre: realidades naturales como personas jurídicas. V. Lagunas legales: 1. STC 65/2024, de 11 de abril: la exclusión de negocios jurídicos de la contratación. 2. STC 76/2024, de 8 de mayo: restauración de la legalidad en la servidumbre de protección marítimo-terrestre. VI. Silencio estatutario: existencia y sentido. VII. A modo de conclusiones.

I. Exordio. A propósito de una reciente querella jurisprudencial. II. La iniciativa legislativa del gobierno: sentido constitucional y régimen jurídico. III. Vexata quaestio: la fiscalización contencioso-administrativa de los actos de gobierno. IV. La iniciativa legislativa del gobierno como acto interorgánico de grado constitucional. V. La disciplina legal de la iniciativa legislativa del gobierno. VI. Conclusión: «lex iubeat non suadeat», o de cómo el esfuerzo inútil conduce a la melancolía.

I. Datos de identificación. II. Resumen del fallo. III. Antecedentes de hecho. IV. Disposiciones aplicadas. V. Doctrina del Tribunal Supremo. VI. Comentario final

I. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia. II. La equidad como criterio auxiliar en la interpretación judicial de la ley. III. Criterio interpretativo seguido por la Audiencia Nacional en su sentencia de fecha 9 de abril de 2025. IV. Conclusión

Introducción. 1º.- ¿Era necesaria la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que lleva a cabo la Ley de Eficiencia 1/2025? ¿Por qué?. 2º.- Algunos sectores de la doctrina y la práctica judicial han señalado que la reforma es escasa y no explica demasiado bien cómo se alcanzará esa mayor agilidad en la tramitación de los asuntos contencioso-administrativos… ¿Qué medidas urgen en la jurisdicción contenciosa? ¿Algo parecido a los MASC en el ámbito del Derecho Público? 3º.- La LO 1/2025 modifica el artículo 19.1. LJCA para ampliar la legitimación de los sindicatos en determinados supuestos… ¿Asume el legislador la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo? ¿Qué opinión merece la modificación del precepto? 4º.- La anticipación de la práctica probatoria en el marco del procedimiento abreviado es un aspecto relevante de la reforma. ¿Se evitarán suspensiones? ¿Qué problemas prácticos pueden surgir en los próximos meses? 5º.- La LO 1/2025, de 2 de enero, también modifica la decisión sobre la vista en el procedimiento abreviado, de tal forma que el demandado tendrá que informar sobre qué hechos existe disconformidad y qué medios de prueba, distintos de los ya obrantes en actuaciones, habrían de ser practicados para despejar esa disconformidad. La pregunta es obligada: ¿Se evitarán dilaciones al romperse la automaticidad de la vista? ¿Es una reforma razonable? 6º.- Finalmente, se modifica el apartado 20 del artículo 78 LJCA para introducir la sentencia oral, análogamente a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta novedad ha despertado cierto escepticismo… ¿Será la sentencia oral una realidad en la jurisdicción contencioso-administrativa? ¿La sentencia oral no puede perjudicar el derecho a conocer la motivación por las partes?

I. Introducción. II. La formación de la exigencia de buena administración en el derecho de la Unión Europea. III. La naturaleza jurídica de la buena administración en el derecho de la Unión Europea: principio, principio general, derecho fundamental y derecho subjetivo. III. La exigencia europea de buena administración: eje de las garantías, dentro y fuera del procedimiento. IV. La concepción de la buena administración en el ordenamiento jurídico español. VI. La buena administración, ¿concepto autónomo del derecho español o categoría compartida con el derecho de la Unión Europea?. VII. La contribución inesperada al derecho español. VIII. Conclusiones.

I. Planteamiento. II. El mito del contrato social y la imposición del poder. III. Debilidad de la función de control de la administración. IV. El derecho del poder y el derecho del servicio público. V. El interés de la ideología. VI. Ni derecho de estado ni derecho del estado. VII. Materias acumulativas. VIII. El derecho de la constitución. IX. La insuficiencia del derecho administrativo y la incapacidad del estado. X. Desiderátum: de «la administración como problema» a «¿la administración como solución?»

I. Datos de identificación. II. Resumen del fallo. III. Antecedentes de hecho. IV. Disposiciones aplicadas. V. Doctrina del Tribunal Supremo. VI. Comentario final.

I. Introducción. II. Primera aproximación al art. 120 de la Ley 39/2015. III. La anterior interposición de recurso contencioso-administrativo. IV. Procedimientos en los que es susceptible de aplicación el art. 120. Su relación con el art. 22.1.g) de la Ley 39/2015. V. Déficits de regulación que presenta el art. 120. 1. El presupuesto de hecho para adoptar la decisión de suspender el plazo para resolver y notificar. 2. El acuerdo de suspensión. 3. El recurso contra el acuerdo de suspensión. 4. El levantamiento de la suspensión y la resolución de los recursos. VI. Efectos que produce la regulación. VII. Conclusiones.