Hemeroteca

1. Introducción. 2. Jurisprudencia anterior del TS. 3. STC 108/2022. 4. Cambio de criterio del TS. 5. Consideraciones finales.

I. Energía eléctrica. II. Fomento. 1. Pérdida del derecho al cobro de una subvención y requerimientos necesarios para interrumpir la prescripción de la denegación. 2. Nulidad del real decreto1027/2022 de 20 de diciembre por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, next generation. 3. Obligación de abono de subvenciones públicas, pago de intereses y fijación del dies a quo para su cómputo. III. Recursos minerales. IV. Telecomunicaciones. V. Transportes terrestres. 1. Régimen de incompatibilidad de los centros técnicos de tacógrafos. 2. Autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor

I. Aguas continentales. 1. Impugnación de la modificación del reglamento de planificación hidrológica operada por el RD 1159/2021. desestimación. corrección de la estructura prevista para los planes hidrológicos, de la inclusión de los programas de medidas dentro de la parte normativa de los planes, así como del establecimiento de caudales ecológicos en los planes. 2. Sanciones administrativas en materia de aguas. doctrina general sobre la existencia de la doble instancia en los recursos. concepto de sanción de naturaleza penal. importancia objetiva de la sanción como criterio dirimente. Inexistencia de sanción penal, a efectos de la doble instancia, en el caso concreto. 3. Petición de revisión de oficio de la decisión de modificación del proyecto de recrecimiento de un embalse (Yesa, en la provincia de Huesca) para construir un dique para protección del casco urbano de un municipio. no existe fundamentación razonable en una de las causas de nulidad reguladas en la ley de procedimiento administrativo. II. Aguas marítimas. 1. Bienes integrantes del dominio público marítimo terrestre: las marismas. 2. Alcance de las competencias municipales en relación con la limpieza, salubridad, salvamento y seguridad de las playas y lugares públicos de baño. 3. Uso privativo del dominio público marítimo-terrestre. 3.1. Otorgamiento de concesiones al amparo de la Ley de Puertos de 1928. 3.2. Requisitos de aplicabilidad de la Disposición Transitoria Tercera 4 del Reglamento General de Costas 3.3. Prórroga de títulos concesionales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. 3.4. Caducidad del título por incumplimiento del clausulado concesional. III. Propiedades públicas. régimen económico financiero. 1. Aguas continentales: exacciones por abastecimiento en alta. 1.1. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua: cuantificación. 2. Aguas continentales: exacciones por abastecimiento en baja. 2.1. Exacciones por abastecimiento de agua en baja: imposición y ordenación. 3. Aguas continentales: canon por utilización de bienes del dominio hidráulico 4. Dominio público local. 4.1. Tasas por utilización del dominio público local en general: cómputo días publicación. 4.2. Tasas por utilización del dominio público local: la cuestión del transporte de electricidad y gas. 5. Impuesto sobre bienes inmuebles. 5.1. Centros sanitarios. 5.2. Centros educativos: derecho de superficie. 6. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 6.1. Hecho imponible. 6.2. Bonificación por interés general. 7. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. 7.1. Dominio público radioeléctrico. 7.2. Dominio público local: tasa por aprovechamiento especial del dominio público.

I. Clases de personal. 1. Personal eventual: no caben excepciones a la prohibición de que esta condición pueda constituir mérito en el acceso a la función pública o a la de personal laboral fijo, ni siquiera a la luz del derecho UE o de la reciente jurisprudencia comunitaria y del tribunal supremo. II. Carrera y provisión de puestos de trabajo. 1. Grado personal: los servicios prestados como funcionario interino deben computar para la consolidación del grado personal al devenir funcionario de carrera. 2. Concurso específico: fundamentos de la motivación. 3. Libre designación: la anulación por falta o insuficiencia de motivación del cese en puesto de libre designación implica la reposición del cesado en dicho puesto. III. Derechos laborales. 1. Permisos. 1.1. La reducción de jornada de los funcionarios locales del art. 48. h) del TREBEP debe comportar la correspondiente disminución de sus retribuciones. 1.2. La reducción de jornada del art. 49 e) del TREBEP, en la medida en que es retribuida, se somete a requisitos estrictos y puede extinguirse por la escolarización del menor. 1.3. En los supuestos de familias monoparentales, el permiso del progenitor diferente de la madre biológica del art. 49. c del TREBEP, no es acumulable al permiso de maternidad. 2. Deberes. 2.1. No tienen el mismo alcance los deberes a los que están sujetos los policías funcionarios de carrera y aquellos otros de los policías alumnos. 3. Código de conducta. 3.1. El Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el código de conducta de la guardia civil es conforme a derecho considerado en su conjunto y en lo atinente a su artículo seis. 4. Régimen disciplinario. 4.1. Faltas muy graves. acoso sexual. comportamiento, físico o verbal, de naturaleza sexual que puede ser explícito o implícito, siempre que resulte inequívoco. 4.2. Expediente disciplinario. El funcionario denunciado al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no sea sancionado, tiene la condición de interesado en ese procedimiento y tiene derecho a acceder a dicho expediente. 5. Pérdida de la relación de servicio. 5.1. Jubilación: la solicitud de permanencia en el servicio activo del secretario general de un ayuntamiento ha de entenderse estimada por silencio, no siendo óbice para ello lo establecido en el RD 1777/1994, de 5 de agosto.

I. Planeamiento urbanístico. 1. La evaluación ambiental estratégica de un PGOU debe realizarse en la fase preliminar de borrador. 2. En ausencia de un análisis material comparativo, la mera reviviscencia de un plan urbanístico por la anulación de su revisión no vulnera el principio de no regresión ambiental. II. Ejecución de planeamiento. 1. Aprobación definitiva de proyecto: informes sectoriales previos a la información pública. III. Intervención en los usos del suelo y la edificación. 1. La administración autonómica carece de legitimación para instar la revisión de oficio de una licencia urbanística y demás actos de la administración local, salvo que una ley expresamente se la atribuya para materias determinadas o que la legitimación haya sido admitida previamente por sentencia firme el TS ratifica su doctrina. 2. No se pierde la caducidad ganada por la realización de nuevas obras que excedan de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad, sobre instalaciones, obras y construcciones en situación asimilada a fuera de ordenación, por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. 3. No procede suspender cautelarmente la ejecución del cese de una actividad clandestina, ya que supondría una declaración de naturaleza positiva, accediendo al otorgamiento de una licencia inexistente o denegada, por el tiempo que durara la tramitación del recurso. IV. Voces. 1. Ejecución del planeamiento. 2. Intervención urbanística. 3. Planeamiento urbanístico

I. Consideración preliminar. II. Responsabilidad del legislador y de la administración por la prohibición de ejercer determinadas actividades económicas durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. III. Responsabilidad del legislador por el cambio en la regulación de los VTC

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de justicia de la unión europea. 1. Irregularidades en los contratos públicos para la gestión de los fondos estructurales de la unión europea. criterios aplicables a las correcciones financieras. 2. Alcance de la obligación de motivación que incumbe al órgano de contratación en las ofertas anormalmente bajas III. Tribunal supremo. 1. Posibilidad de un ente público de ser adjudicatario de un contrato. 2. Solvencia económica y financiera y principio de proporcionalidad. 3. Aptitud del licitador: contrato de servicios de terapia respiratoria domiciliaria. 4. Anulación del «céntimo sanitario» y doctrina del enriquecimiento injusto. 5. Reequilibrio económico del contrato. 6. Aprobación de la certificación final de obra y devengo de intereses de demora. 7. Liquidación de una concesión: concepto de «inversiones indemnizables». 8. Invalidez del rescate de una concesión que no se fundamenta en un interés público sobrevenido. IV. Audiencia nacional. 1. La demora en el pago del precio de un contrato devenga intereses si el contratista presenta la factura correctamente. 2. Justificación de la suficiencia económica y financiera por acumulación de la acreditada por un componente de la UTE. 3. La causa de resolución del apartado d) del artículo 284 de la ley 30/2007 requiere que al momento de la adjudicación exista un contrato principal. V. Tribunales superiores de justicia y tribunales administrativos contractuales. 1. Solicitud de resarcimiento por la imposibilidad de ejecución del contrato: indemnización de daños y perjuicios: acreditación de la concurrencia de daños. 2. Reconocimiento de los intereses de demora. 3. Revisión de precios.

I. Introducción. II. El recurso de amparo constitucional: 1. Una regulación constitucional ambigua. 2. Una enmienda profética y un viacrucis interminable. 3. La reforma de la ley orgánica 6/2007: un «certiorari» vergonzante. 4. La inutilidad del sacrificio. 5. Y ahora, ¿qué hacemos? III. El recurso de Casación contencioso-administrativo: 1. Una breve mirada a la historia próxima de la jurisdicción contencioso-administrativa. 2. El nuevo recurso de casación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio: otro «certiorari» vergonzante. 3. La necesidad inexcusable de un replanteamiento general de la estructura de la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. No solo hay que conseguir que «salgan», hay que evitar, en lo posible, que «entren».

I. El estudio de conceptos jurídicos transversales con metodología realista. II. Una primera aproximación al tópico de la onerosidad como causa de los contratos. III. El mito de la onerosidad en El derecho (civil) común. IV. La onerosidad en el derecho europeo: 1. La onerosidad en las directivas del IVA. 2. La onerosidad en las directivas de Contratos públicos y en la jurisprudencia del TJUE. 3. Un nuevo escenario: la onerosidad en las normas europeas de contabilidad y su incorporación del concepto de onerosidad excesiva (HARDSHIP). V. Los significados de la onerosidad en el derecho administrativo español de contratos públicos: 1. El Concepto propio de onerosidad del art. 2.1 LCSP. 2. La mayor onerosidad como criterio de adaptación del precio de los contratos ante circunstancias imprevistas y extraordinarias: 2.1. La doctrina del consejo de estado. 2.2. La mayor onerosidad como táctica jurídica de reequilibrio del precio ante situaciones económicas extraordinarias. IV. Conclusión: el futuro del concepto de onerosidad contractual en la administración del colapso climático.

I. Introducción: 1. Un sistema de acceso a la judicatura decimonónico para el mundo del siglo XXI. 2. Igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la carrera judicial. II. Las pruebas de acceso a la judicatura. III. Propuestas de reforma del sistema de acceso a la judicatura. 1: una simple mejora del actual sistema de oposición: 1.1. Una primera prueba tipo test o de otro tipo más completa. 1.2. Repensar el temario de la oposición. 1.3. La inclusión de una prueba práctica. 2: una propuesta de reforma del Sistema de acceso a la judicatura de mayor calado. 2.1. Una prueba de acceso más sencilla y una superación de pruebas posteriores de aplicación práctica. 2.2. La experiencia previa para el acceso a la judicatura. IV. A modo de conclusión: la relevancia del Sistema de selección de nuestros jueces. Bibliografía.