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I. La volatilidad del legislador: de la crítica al depósito para recurrir en la LEC de 2000 a su instauración general en la Ley 1/2009. II. Su finalidad: ¿recaudatoria o disuasoria de recursos improcedentes? a) Su pretendida finalidad disuasoria de recursos improcedentes. b) Su finalidad predominantemente recaudatoria. III. Compatibilidad con el art. 24.1 de la Constitución. IV. Su naturaleza jurídica. 1. No es una tasa. 2. Es un depósito necesario legal. V. Requisitos subjetivos. 1. Su carácter, en principio, universal. 2. La exención de la mayoría de las entidades públicas. 3. La exención de los litigantes que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita. 4. ¿Qué sucederá en los supuestos de pluralidad de recurrentes? VI. Requisitos objetivos: recursos para cuya interposición es necesario efectuar el depósito y cuantía del mismo. 1. Órdenes jurisdiccionales. 2. Resoluciones definitivas. 3. Resoluciones interlocutorias. 4. Subsistencia de los depósitos ya establecidos en la LPL y en la LEC. 5. Actualización y revisión de esas cuantías. 6. Recursos excluidos: la nulidad de actuaciones y los recursos contra resoluciones orales. a) La nulidad de actuaciones. b) Los recursos contra resoluciones orales. 7. Recursos con doble depósito: los recursos de casación contencioso-administrativos contra autos que necesitan la previa interposición de recurso de reposición. 8. La interposición simultánea de recurso extraordinario por infracción procesal y de casación civil. 9. El problema de los recursos devolutivos sin trámite de preparación. a) Planteamiento. b) Constitución del depósito en el momento de la interposición de aquellos recursos devolutivos que carecen de fase de preparación. c) La adhesión a la apelación. VII. Requisitos de la actividad. 1. Lugar. 2. Tiempo. 3. Forma. VIII. El problema del ámbito de la subsanación. 1. El confuso texto legal. 2. Intepretaciones posibles del texto legal. 3. Los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la subsanación del depósito para recurrir. 4. La indicación del depósito en la instrucción de recursos. 5. La subsanación de la subsanación. IX. El recurso de queja contra la decisión del Juez o Tribunal a quo de no admitir a trámite un recurso devolutivo por falta o defecto en la constitución del depósito. 1. La equívoca redacción de la LOPJ. 2. La admisión del recurso de queja en la práctica judicial. X. ¿Podrá incluirse el importe del depósito en la tasación de costas? XI. Compatibilidad del depósito con la tasa exigida por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. XII. Epílogo.

I. Determinación de la norma aplicable para la valoración. II. Criterios de valoración conforme a la Ley 6/1998. La doctrina jurisprudencial sobre el concepto "crear ciudad". III. Criterios de valoración conforme al Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. IV. La aplicación de la doctrina del concepto "crear ciudad" tras la entrada en vigor del Texto Refundido de 2008. V. Cuadro de sentencias estudiadas más relevantes.

La Sentencia.

La Sentencia.

I. Planteamiento de la cuestión. II. La financiación pública directa de los partidos políticos. III. La financiación ordinaria o financiación de gastos corrientes. 1. En función de la obtención de representación parlamentaria. 2. En función del número de votos obtenidos. 3. Modelos mixtos. IV. Financiación Electoral. V. Financiación de los Grupos Parlamentarios. VI. A modo de conclusión. VII. Referencias Bibliográficas. Autores. Legislación.

I. Introducción. Hacia la zonificación de la prostitución. II. La resurrección del Reglamentarismo decimonónico. III. La Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio público de Barcelona. IV. ¿Puede sancionarse localmente la negociación de servicios sexuales, cuando se lleve a cabo en el espacio público de Barcelona? V. La regulación interesadamente sesgada del trabajo sexual. VI. Bibliografía.

I. La estabilidad presupuestaria en un contexto global. 1. Sobre viejas y nuevas soberanías. 2. La estabilidad presupuestaria como exigencia comunitaria. 3. La estabilidad presupuestaria como exigencia aplicable a todas las Administraciones Públicas. II. La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 1. Ámbito de aplicación y principios generales. 2. El equilibrio presupuestario de todo el sector público. 3. El equilibrio presupuestario del sector público estatal. 4. El equilibrio presupuestario de las Entidades Locales. 5. La Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 6. El Real Deceto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 7. El Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. III. La Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 1. La condición de Ley Orgánica: justificación y oportunidad. 2. Caracteres generales. 3. La Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. IV. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1. Crisis económica y estabilidad presupuestaria. 2. La garantía de la estabilidad presupuestaria como mandato constitucional. 3. Caracteres generales. 4. Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

I. Planteamiento de la cuestión y fallo. II. Concreción del marco normativo aplicable a la jornada del personal al servicio de las Administraciones Locales hasta junio de 2012. III. Consecuencias prácticas de la sentencia. IV. Corolario.

I. Los cuerpos de Secretarios, Interventores y Depositarios durante la II República. II. El franquismo y el proceso de estatalización de los Cuerpos Nacionales de Administración local.