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El largo e inacabado proceso de adquisición del derecho de sufragio por los extranjeros en las elecciones locales españolas
Gálvez Muñoz, Luis
Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 133/2025, pág. 45 a 77
Sumario
I. Introducción. II. Una mirada al exterior como punto de partida: 1. Derecho internacional. 2. Derecho comparado. III. El marco inicial sobre el Derecho de sufragio de los extranjeros: 1. El artículo 13.2 CE en el proceso constituyente. 2. La redacción original de la LOREG. IV. La adquisición del derecho de sufragio municipal por los ciudadanos europeos: 1. La regulación europea y sus limitaciones. 2. Las repercusiones en el derecho español: 2.1. En la CE. 2.2. En la LOREG. V. La adquisición del derecho de sufragio municipal por Los nacionales de países fuera del ámbito de la ciudadanía UE: 1. La reforma de la LOREG de 1997 y propuestas de cambio. 2. El proceso de concertación de tratados. VI. Consideraciones finales. Bibliografía .
La teoría general del derecho de crisis aplicada a la lucha contra las epidemias y las pandemias.
Álvarez García, Vicente
Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 133/2025, pág. 13 a 43
Sumario
I. Introducción: sobre las catástrofes provocadas por la mano del Hombre y por obra de la naturaleza: 1. Las catástrofes humanas y las catástrofes naturales. 2. Las crisis sanitarias en la historia. II. Los perfiles básicos del derecho De las crisis: 1. Una introducción elemental a los poderes de crisis. 2. Los fundamentos del derecho de necesidad: 2.1. Los elementos configuradores. 2.2. Los rasgos esenciales del derecho de las crisis. 2.3. Los límites y los controles de los poderes de necesidad o de crisis. III. La crisis provocada por la pandemia de la covid-19. IV. El análisis de la Aplicación del estado constitucional de alarma para hacer frente a la Covid-19. V. Un breve estudio de la legislación sanitaria ordinaria aplicada para la lucha contra la covid-19. VI. El imprescindible reajuste del Derecho de necesidad en España para luchar contra las grandes crisis De salud pública. 1. Las dimensiones de las crisis sanitarias. 2. Algunas ideas para una imprescindible reordenación del derecho constitucional de emergencia. 3. Los parámetros esenciales que deben ser tenidos en cuenta para el necesario reajuste de la legislación sanitaria ordinaria para hacer frente a las futuras grandes crisis de salud pública. VII. Una Mínima consideración final. VIII. Bibliografía
Vivienda, función social y cesión de uso obligatoria a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 120/2024, de 8 de octubre
Buendía Méndez, Alicia
Revista Vasca de Administración Pública, n.º 131/2025, pág. 103 a 140
Sumario
I. Introducción: los deberes del poder público y del propietario privado en el marco del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La opinión mayoritaria en la STC núm. 120/2024, de 8 de octubre. —II. Configuración sustantiva del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. 1. ¿Derecho subjetivo individual o principio rector de la política económica y social? 2. A favor de la consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo individual: criterios de interpretación. 3. Como mínimo, obligación de medios que vincula al poder público. —III. Función social de la vivienda: supeditación de la riqueza a la consecución del interés general y medidas para su efectividad. —IV. El problema de la vivienda vacía o deshabitada: políticas de movilización. —V. La cesión de uso obligatoria ante la constatación del incumplimiento de la función social en la normativa catalana: examen sustantivo. —VI. Vis expansiva de la función social de la vivienda hacia el propietario de vivienda: traslación de un riesgo excesivo sobre la esfera patrimonial del propietario privado sin acompañamiento de la Administración Pública. Los votos particulares en la STC núm. 120/2024, de 8 de octubre. —VII. Conclusiones. —VIII. Bibliografía
Panorama actual de la evaluación ex post: ¿ornamento o aspiración democrática para las administraciones públicas?
Nabaskues Martínez De Eulate, Iker
Revista Vasca de Administración Pública, n.º 131/2025, pág. 57 a 94
Sumario
I. Sobre el sentido de comprobar el impacto y la eficacia del Derecho. —II. Asimetría de las evaluaciones ex ante y ex post. —III. Anclaje de la evaluación ex post en los fines y valores del ordenamiento jurídico. —IV. La evaluación ex post casi una década después de la Ley 39/2015 —V. Tras la pista de la evaluación ex post en el ordenamiento del Estado —VI. El interés del Consejo de Estado en la evaluación expost —VII. El rol de la Comisión Europea, la OCDE y el Tribunal de Cuentas Europeo en el fomento de la evaluación ex post. —VIII. ¿Para qué la evaluación ex post? —IX. Conclusión: ¿La evaluación ex post, ornamento o aspiración democrática?
Régimen jurídico de la contratación entre los entes locales y las comunidades energéticas
Fuentes I Gasó, Josep Ramon
Revista Vasca de Administración Pública, n.º 131/2025, pág. 23 a 57
Sumario
I. Introducción. —II. Los entes locales como actores activos en la transición energética. 1. Competencias municipales en materia de medio ambiente y transición energética. 2. Las comunidades energéticas. —III. Posibilidad de conformación de comunidades energéticas con participación de entes locales. 1. Asociaciones. 2. Cooperativas. 3. Sociedades de capital mixto. 4. Consorcios. —IV. Régimen jurídico de la contratación entre entes locales y comunidades energéticas. 1. Si el ente local no es miembro de una comunidad energética. A. Ente local que ostenta la condición de Administración pública y que no desarrolla actividades en el campo de la energía. B. Poderes Adjudicadores No Administración Pública que no desarrollan actividades en el campo de la energía. C. Ente local que ostenta la condición de Administración pública y que sí desarrolla actividades en el campo de la energía. D. Poderes Adjudicadores No Administración Pública que sí desarrollan actividades en el campo de la energía. 2. Si el ente local es miembro de una comunidad energética. —V. Conclusiones. —VI. Bibliografía
La revocación de actos de gravamen y su impacto procesal
Moreu Carbonell, Elisa
Revista de Administración Pública, n.º 226/2025, pág. 121 a 154
Sumario
I. Planteamiento, objetivos y justificación metodológica. II. Análisis de casos relevantes sobre revocación de actos de gravamen y su incidencia procesal: 1. Casos resueltos por los tribunales del orden contencioso-administrativo. 2. Otros casos estudiados por el Consejo de Estado y por los consejos consultivos autonómicos. 3. La escasa información que ofrecen las Administraciones públicas sobre el ejercicio de su potestad revocatoria. III. Marco jurídico básico de la revocación: 1. Objeto de la revocación. 2. Motivos de la revocación. 3. Procedimiento de revocación: 3.1. Iniciación del procedimiento de revocación. 3.2. Instrucción del procedimiento de revocación. 3.3. Plazo para resolver y resolución revocatoria. 3.4. Límites de ejercicio de la potestad revocatoria. IV. Resultados: eficacia material y procesal de la revocación: 1. Eficacia material de la revocación. 2. Eficacia procesal de la revocación: 2.1. Impacto de la revocación sobre un proceso pendiente. 2.2. Revocación y satis-facción extraprocesal. 2.3. Revocación y retrotracción del expediente sancionador .V. Discusión y conclusiones
Redimensionar las potestades administrativas la hipertrofia de un concepto en el derecho administrativo español
Rodríguez de Santiago, José María
Revista de Administración Pública, n.º 226/2025, pág. 93 a 120
Sumario
I. Introducción. II. El concepto de potestad administrativa. III. El atractivo teórico y el valor estético del concepto. IV. El contenido ideológico del concepto: la limitación y el control de las «ingentes» prerrogativas de la administración. La ausencia de un concepto unitario de poder público estatal. V. El valor doctrinal del concepto en sus comienzos: un derecho administrativo independiente del derecho positivo. VI. «potestades administrativas», «funciones públicas», «ejercicio de autoridad» o de «poder público». VII. Insuficiencias actuales del concepto de potestad: 1. El diseño constitucional del poder público administrativo restó valor al concepto de potestad. 2. Un concepto inadecuado para explicar la variedad de la actuación administrativa en el moderno estado social. 3. La banalidad de la situación jurídico-pasiva de la «sujeción». VIII. Conclusión y propuesta: redimensionar las potestades administrativas y discutir sobre la actuación y las tareas administrativas
La ley general de subvenciones no es tan general: el caso del fondo de apoyo a la inversión industrial productiva (FAIIP)
Fernández, Tomás Ramón
Revista de Administración Pública, n.º 226/2025, pág. 61 a 68
Sumario
I. La ley general de subvenciones de 17 de noviembre de 2003 no es tan general. II. El FAIIP y su régimen jurídico. III. El procedimiento aplicable. IV. Atando cabos
Sobre el régimen jurídico de las sociedades públicas: claroscuros, sombras y negruras
Fuertes, Mercedes
Revista de Administración Pública, n.º 226/2025, pág. 33 a 60
Sumario
I. A modo de obertura. II. El desconcierto del claroscuro: sociedades mercantiles dadivosas. III. Sombras grávidas de paradojas. IV. Un ámbito especialmente turbio: los convenios. V. ¿se quiere asegurar la irresponsabilidad? VI. ¿puede ser claro y limpio el régimen jurídico de las sociedades públicas?
Reflexión sobre las sociedades mercantiles públicas y los convenios de colaboración.
Córdoba Castroverde, Diego
Revista de Administración Pública, n.º 226/2025, pág. 13 a 32
Sumario
I. Introducción. II. Las sociedades mercantiles públicas y su problemática actual: 1. Dispersión normativa y falta de seguridad jurídica. 2. La dualidad de intereses públicos y privados. 3. Las sociedades mercantiles públicas y la competencia. 4. El control sobre los nombramientos y el régimen de responsabilidad de los consejeros y administradores de las sociedades mercantiles de capital público. 5. La externalización del procedimiento administrativo. III. Los convenios de colaboración: 1. La distribución desigual de fondos públicos por la vía del convenio de colaboración. Control judicial. 2. ¿Pueden los tribunales obligar a la Administración a suscribir un convenio de colaboración con una entidad privada?