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I. Cuestiones generales. 1. La limitación estatal básica del incremento de gastos en materia de personal impide la implantación de nuevos servicios administrativos que, en ningún caso, pueden ser considerados instituciones autonómicas de autogobierno. 2. Alcance de la legislación básica del estado en materia de función pública: régimen estatutario de los funcionarios y organización del servicio publico docente. 3. Procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales en casos de provisión de puestos de trabajo. II. Acceso al empleo público. 1. Derecho a la igualdad en el acceso a función pública. Nulidad de los preceptos que regulan un procedimiento de acceso en el que se valoran especialmente los servicios prestados por interinos. III. Carrera y provisión de puestos de trabajo. 1. Progresión en la carrera horizontal desde el tramo inicial en la agencia tributaria. 2. La evaluación del desempeño de los empleados públicos la puede motivar el órgano de evaluación por emisión a informes técnicos obrantes en el expediente. IV. Derechos laborales. 1. Permisos. 2. Jornada. 3. Licencia por estudios. V. Derechos retributivos.

I. Consideación preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. III. Tribunal Supremo. IV. Tribunales Superiores de Justicia.

I. Consideraciones preliminares. II. Concepto de acto administrativo. Tipos de actos administrativos. 1.1. Actos discrecionales. 1.2. Naturaleza de una relación de puestos de trabajo. 2. Impugnabilidad. 2.1. Acto de trámite. III. Procedimiento administrativo: 1. Iniciación. 2. Tramitación. 3. Terminación. IV. Requisitos del acto administrativo. 1. motivación. 2. Nulidad. V. Eficacia y ejecución del acto administrativo. 1. Notificación. 1.1. Intento de notificación a los efectos de cumplimiento de la obligación de notificar en plazo. 2. Ejecución del acto administrativo. 2.1. Suspensión de la ejección de tributos. 2.2. Deber de notificación y condición de interesado. VI. Eliminación del acto. 1. Recursos administrativos. 1.1. Recurso de alzada. 1.2. Recurso extraordinario de revisión. 2. Revisión de oficio.

1. Regulación y principios generales: procedimiento administrativo común. 1.1. Ideas generales, novedades, su referencia en la Ley 39/2015 y 40/2015. 1.1. Ideas generales, novedades, su referencia en la Ley 39/2015 y 40/2015. 1.2. Régimen jurídico del procedimiento administrativo común y derechos de las personas y del interesado en el procedimiento administrativo. 1.2.1. El procedimiento administrativo común. 1.2.2. Derechos de las personas y de los interesados en el procedimiento administrativo. 2. Fases procedimiento común: ideas generales. 2.1. Iniciación. 2.1.1. Información previa y medidas provisionales anteriores y simultáneas a la iniciación. 2.1.2. Iniciación oficio. 2.1.3. Iniciación a solicitud de un interesado. 2.1.4. Régimen alternativo: Declaración responsable y comunicación. 2.2. Ordenación del procedimiento. 2.3. Instrucción del procedimiento: Disposiciones generales. 2.3.1. Alegaciones. 2.3.2. Prueba. 2.3.2.1. Medios y periodo de prueba. 2.3.2.2. Práctica de prueba. 2.3.3. Informes. 2.3.4. Participación de los interesados. 2.3.4.1. Trámite de audiencia. 2.3.4.2. Información pública. 2.4. Terminación: Disposiciones Generales. 2.4.1. Resolución. 2.4.2. Desistimiento y renuncia. 2.4.3. Caducidad. 2.4.4. Terminación convencional. 3. Especialidades del procedimiento común. 3.1. Tramitación Simplificadora: Regulación General. 3.2. Las garantías de tramitación del procedimiento sancionador. 3.2.1. Derechos de los interesados. 3.2.2. Información y actuaciones previas. 3.2.3. Especialidades en la fase de inicio. 3.2.4. Instrucción. 3.2.5. Terminación. 3.2.5.1. Propuesta resolución. 3.2.5.2. Caducidad. 3.3. Las singularidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial. 3.3.1. Inicio. 3.3.2. Instrucción. 3.3.3. Terminación. 4. Notificaciones administrativas en papel y electrónicas. 4.1. Naturaleza jurídica de la notificación en relación con el procedimiento. 4.2. Práctica de las notificaciones en papel y electrónicas. 4.2.1. Notificaciones en papel. 4.2.2. Las notificaciones electrónicas. 4.2.3. Regulación común a la notificación en papel y electrónica. 4.3. Condiciones generales para la práctica de las generales. 4.3.1. Requisitos generales. 4.3.2. Notificaciones defectuosas. 4.4. Publicación. Indicación de notificaciones y publicaciones.

1. La regulación de la actividad económica como fundamento de la reforma. 2. Control de la gestión municipal de los servicios y de las entidades dependientes. 2.1. Antecedentes de la regulación y aplicación en el ámbito local. Especial atención a las sociedades mercantiles. 2.2. Elementos comunes sobre el control de entidades dependientes en la Ley 40/2015. Conclusiones.

1. Introducción. 2. Nuevo régimen administrativo. 3. El archivo electrónico. 4. Experiencias realizadas hasta la fecha. 5. A modo de conclusión.

1. Introducción. 2. Evolución normativa. 3. Definición y caracterización jurídica de Registro Electrónico General (REG). 4. Lugares habilitados para la presentación de documentos dirigidos a las Administraciones Públicas y su relación con el REG. 5. El acuerdo de creación y el funcionamiento del REG. 6. Los problemas de la acreditación de la identidad y de la autenticidad e integridad de la documentación en soporte electrónico. 7. Las oficinas de asistencia en materia de Registros.

1. La concepción del tiempo en el Derecho administrativo. 2. Términos y plazos. 3. La evolución del régimen de la temporalidad en la normativa administrativa. 3.1. Introducción. 3.2. La fijación de unas bases del procedimiento administrativo en la Ley Azcárate de 1889. 3.3. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y la fijación de un sistema de computación de plazos. 3.4. Los términos y plazos en la LRJPAC y en su reforma de 1999. 3.5. Las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 3.5.1. Hacia una Administración electrónica sin papel. 3.5.2. El señalamiento del sábado como día inhábil. 3.5.3. La determinación legal del díes ad quem. 2.5.4. La ampliación de los plazos de tramitación del procedimiento. 3.5.5. La introducción de los plazos por horas. 3.5.6. El cómputo de plazos en los registros electrónicos. 3.5.7. El plazo para la interposición de recursos en caso de silencio administrativo. 4. Sobre el modo de computación de los tiempos en el procedimiento administrativo común. 4.1. Alfa y omega en el cómputo de los plazos. 4.1.1. El día inicial del cómputo. 4.1.2. El día final del cómputo. 4.2. El cómputo de los plazos señalados por horas. 4.3. El cómputo de los plazos señalados por días. 4.4. La controversia jurídica sobre el cómputo de fecha a fecha aplicado a los plazos mensuales: ¿una interpretación lógica de los plazos? 5. La falta de resolución del procedimiento en el plazo establecido. 5.1. La fijación del plazo de resolución en el procedimiento administrativo común. 5.2. Los efectos del transcurso del plazo sin resolución y notificación: el silencio administrativo y la caducidad. 5.2.1. El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 5.2.2. La ausencia de resolución en plazo en los procedimiento incoados de oficio: la caducidad. 6. La responsabilidad de las autoridades y empleados públicos por el incumplimiento de los plazos de tramitación y resolución del procedimiento. 7. Conclusión.

1. Introducción. Acerca del privilegio de autotutela declarativa de la Administración y sobre la eficacia de los actos administrativos. 1.2. La ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas: continuidad del sistema de revisión. 2. La revisión de oficio. 2.1. Revisión de oficio de disposiciones y actos nulos. 2.2. La declaración de lesividad, presupuesto procesal, que no (propiamente) revisión de oficio. 2.3. Revocación de actos y corrección de errores. 3. Los recursos administrativos. 3.1. Un sistema insatisfactorio, que mantiene la nueva ley. 3.2. Objeto y clases. 3.3. Fin de la vía administrativa, interposición e inadmisión del recurso. 3.4. Suspensión de la ejecución, audiencia a los interesados y resolución. 3.5. Pluralidad de recursos. 3.6. Recursos administrativos de alzada, reposición y revisión. 4. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

1. Proemio. 2. El discutido principio de legalidad formal y material de la potestad sancionadora en las entidades locales: ¿un escollo definitivamente superado? 2.1. La imprecisa remisión del art. 25 LRJSP al Título XI LRBRL. 2.2. Reserva de ley formal y cobertura legal: dos conceptos no coincidentes. 2.3. La exigencia material del principio de legalidad en las entidades locales tras la reforma de 2003. 3. La cuestión procedimental. 3.1. La eficacia en el tiempo de la exigencia de reserva legal del procedimiento sancionador en la LRJSP. 3.2. El alcance de la reserva legal en materia de procedimiento sancionador y su proyección en el ámbito local.