Hemeroteca

I. Diferenciación y aproximación entre sanidad veterinaria y sanidad pecuaria: lucha contra zoonosis y epixootias. II. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. III. Significado general de la legislación de sanidad animal y de la actuación administrativa que prevé. Policía y principio de proporcionalidad. IV. La no indemnizabilidad de las medidas de sanidad animal y sus excepciones. En especial, los pagos por sacrificio de animales.

1. Introducción. 2. Principios generales. 3. Principio democrático. 4. Controles sobre las entidades locales. 5. Competencias locales. 6. Competencias de las diputaciones provinciales. 7. Mapa de los municipios y entidades locales. 8. Mancomunidades y consorcios. 9. Entidades instrumentales. 10. Miembros y personal al servicio de las corporaciones locales. 11. Actividad económico-financiera de los entes locales. 12. Retención de cantidades adeudadas.

1. Introducción: el Derecho emergente de la crisis económica y su recepción en la jurisprudencia en materia de régimen local del Tribunal Supremo. 2. Doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo referida a los entes locales. 3. Epílogo. Los desafíos y retos del sistema de gobierno local: participación ciudadana, transparencia y responsabilidad, desarrollo económico sostenible, bienestar y cohesión social.

1. El sistema de admisión del amparo constitucional. 2. La decisión de admisión, iniciación y objeto del proceso de amparo. 2.1. La decisión de admisión. 2.1.1. Presupuestos para la admisión del recurso. 2.1.2. Falta de requisitos subsanables. 2.1.3. Inadmisión del amparo. 2.1.4. La especial trascendencia constitucional como requisito procesal y como requisito de admisión. 2.2. La iniciación del proceso de amparo. 2.2.1. El objeto del proceso de amparo. 2.2.2. La tutela cautelar. 3. La sentencia y sus efectos. 3.1. Contenido de la sentencia de amparo. 3.2. Pronunciamiento sobre costas y sanciones pecuniarias. 3.3. Publicidad. 3.4. Régimen de recursos. 3.5. Efectos de la sentencia.

1. Introducción. 2. La interinidad en el empleo público. 2.1. La regulación de los funcionarios interinos. 2.2. La interinidad en el sector público: cifras para la reflexión. 2.3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las amortizaciones de plazas cubiertas interinamente. 2.4. Una nueva doctrina del Tribunal Supremo: consecuencias indemnizatorias en los supuestos de provisión reglamentaria de las plazas cubiertas con contratados laborales indefinidos no fijos. 2.5. La línea de separación entre funcionarios de carrera e interinos se debilita jurisprudencialmente. 3. La oferta de empleo público. 4. El efecto de las leyes de Presupuestos Generales del Estado en la interinidad de los empleados públicos, a través de las limitaciones en las ofertas de empleo público. 5. La nueva perspectiva del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 29 de octubre de 2010, y el retroceso de las sentencias de 13 de noviembre de 2013 y de 2 de diciembre de 2015. 6. El impacto de las directivas comunitarias en el empleo público. 6.1. La aplicación de las directivas comunitarias y su incidencia en relación con la legislación nacional. 6.2. La lucha frente a la precariedad en el empleo público. La directiva 1999/70/CE y el asunto Mascolo, Napolitano y otros. 7. A modo de reflexiones finales. 8. Nota final.

1. Introducción. 2. El nuevo modelo competencial de la Ley 27/2013. 3. Las competencias de las diputaciones provinciales en la Ley 27/2013.

1. Introducción. 2. Reconocimiento normativo del principio de libre concurrencia. 3. El respeto a la libre concurrencia y no discriminación contractual en la jurisprudencia. 4. La subsanación de las ofertas y el respeto al principio de libre concurrencia. 5. Conclusión.

1. Introducción general. 1.1. ¿Qué es la transparencia? 1.2. ¿Qué es el gobierno abierto? 2. Valoración global de la Ley estatal de transparencia y de las leyes autonómicas: aciertos y desaciertos. 3. Análisis de las ordenanzas de transparencia de las diputaciones provinciales. 4. Medidas de reacción ante el incumplimiento de las leyes y ordenanzas de transparencia. 5. Responsabilidad sancionadora, disciplinaria y penal. 6. Conclusiones. 7. Reflexión final: la inconstitucionalidad de la definición del expediente administrativo. 8. Bibliografía.

1. El aún vigente modelo de casación basado en motivos de admisión tasados y que deja fuera del acceso al Tribunal Supremo a una muy nutrida variedad de materias (de derecho estatal o relacionadas con la normativa de la Unión Europea) no resulta satisfactorio desde la perspectiva de la dimensión funcional que la sociedad reclama del Tribunal Supremo. 2. Ius constitutionis vs. Ius litigationis: la anacrónica reedición de una vieja controversia. El Tribunal Supremo español es un tribunal de justicia. El Tribunal Supremo español es un tribunal del artículo 9.3 CE (seguridad jurídica), del artículo 24 CE (derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) y, por supuesto, del artículo 14 CE (igualdad en la aplicación de la ley). 3. Las técnicas procesales concretas para la defensa de la legalidad constituyen un campo abierto a la libertad del legislador: las enseñanzas y los limites de los artículos 123 y 152.1 CE. 4. El recurso de casación contencioso-administrativo basado en el interés casacional objetivo constituye una novedad: sin embargo, no es una revolución ni supone adentrarse en el seno de un paraje ignoto. 5. Las previsiones de entrada de recursos de casación tras el 22 de julio de 2016. 6. Delimitación de los criterios definidores del interés casacional: cómo y cuándo. 7. Algunos aspectos procedimentales del nuevo recurso de casación. 8. ¿Hay que motivar la admisión/inadmisión de los recursos? 9. Retos organizativos y gubernativos en el Tribunal Supremo como consecuencia de la nueva casación contenciosa. 10. El recurso de casación ante las salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia.

1. Planteamiento introductorio. 2. Destronamiento generalizado de la licencia urbanística. 3. Medidas contra el denominado "feísmo urbanístico" 4. Particulares supuestos de intervención. 5. Disciplina urbanística.