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I. Clases de empleados públicos. 1. Los funcionarios interinos pueden ocupar plazas de policía local, desde una perspectiva constitucional. II. Acceso al empleo público. 1. Proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal. No hay razón por la que el Tribunal calificador haya de tener en cuenta un informe sobre la experiencia profesional previa de los aspirantes ni dicho informe puede considerarse vinculante. 2. Es conforme a derecho la fijación por la Comisión de Selección de un número mínimo de respuestas acertadas para superar una prueba, tras la corrección anónima de los exámenes. 3. Vulnera el principio de igualdad la exigencia de una talla mínima a quienes pretender acceder a una determinada especialidad cuando dicha talla no se exige a quienes accedan a esa misma especialidad teniendo ya la condición de militares. III. Provisión de puestos de trabajo. Ilegalidad del Decreto foral que impone el vascuence como mérito en los concursos-oposiciones y en los concursos de méritos en las zonas no vascófonas de Navarra. 2. Motivación de los ceses de libre designación. 3. Necesidad de convocatoria previa en las comisiones de servicios. IV. Derechos fundamentales. 1. Derecho a la integridad física y moral. A. Es vulnerado si se deja al funcionario de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique. 2. Derecho a la huelga. V. Derechos colectivos. Negociación colectiva. 1. Jornada de trabajo. VI. Derechos retributivos. Cuestiones generales. Trienios. VII. Régimen disciplinario. 1. El incumplimiento de deberes y obligaciones propios de un funcionario puede acarrear el cese en un puesto de libre designación y una sanción disciplinaria, sin que la concurrencia de ambas medidas suponga vulneración del principio "non bis in idem". VIII. Extinción de la relación funcionarial. 1. El TS declara en casación que es ajustado a derecho el cese de los funcionarios interinos docentes no universitarios llegado el mes de junio.

I. Consideración preliminar. II. Causalidad, objetividad y antijuridicidad. 1. Responsabilidad por actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El criterio de la proporcionalidad. 2. Responsabilidad por daños sanitarios. El criterio de la anormalidad. 3. Responsabilidad por las reacciones a una vacuna. El criterio de la mala praxis. 4. La teoría del margen de tolerancia. El criterio de la razonabilidad. 5. Responsabilidad administrativa por accidentes de tráfico. Colisión de un animal en una vía pública en ausencia de señalización de peligro por animales sueltos. 6. Suicidio de un recluso sin antecedentes que pudieran manifestar una intención suicida. El criterio de la diligencia. 7. Responsabilidad sanitaria. El criterio de la "lex artis ad hoc". III. Responsabilidad del poder judicial. Prisión preventiva seguida de absolución.

I. Concepto de sanción administrativa. II. Potestad sancionadora. III. Principio de legalidad administrativa sancionadora: la reserva de ley. 1. alcance de la colaboración reglamentaria. 2. La colaboración de guías de la CNMV sin carácter normativo. IV. Principio de legalidad administrativa sancionadora: tipicidad. V. Antijuridicidad. 1. Admisión de infracciones sin demostración de su resultado lesivo. 2. Los Estados miembros no pueden sancionar conductas desarrolladas en ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el Derecho de la Unión Europea. 3. Sanción por infracción electoral que no vulnera la libertad de información, pero quizás habría que destipificar. VI. Elemento subjetivo de las infracciones: culpabilidad. 1. Solo las eximentes completas en el ámbito penal impiden apreciar posteriormente la responsabilidad disciplinaria. 2. La responsabilidad sancionadora no solo se transmite cuando una empresa deja jurídicamente de existir, sino también cuando, manteniendo su personalidad jurídica, deja de existir económicamente. 3. No hay confianza legítima, aunque la Administración haya participado en la Comisión de la infracción. VII. Sujetos responsables. VIII. Ejercicio obligado o facultativo de la potestad sancionadora. Legitimación para exigir su ejercicio. IX. Procedimiento administrativo sancionador. 1. Las notificaciones edictales sólo caben como remedio último y excepcional. Su uso improcedente vulnera el derecho a conocer la acusación. 2. La ausencia de asistencia letrada en un trámite del procedimiento disciplinario militar no provoca indefensión material si posteriormente se hace valer ese derecho en diligencias posteriores. 3. La imposición de una segunda sanción por el mismo órgano que impuso previamente otra que fue anulada por motivos formales no afecta a su objetividad en el procedimiento disciplinario militar. 4. Irregularidades no invalidantes. X. En especial, la prueba y la presunción de inocencia. 1. Prueba por hallazgo casual; vale, pero a condición de que la orden de investigación sea legal...

I. Comunidades Autónomas. 1. Organización autónomica. Conflicto de competencias. II. Administración Local. 1. Alteración de términos municipales. 2. Competencias municipales. 3. Impugnación de acuerdos de las Corporaciones Locales. 4. Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales. III. Colegios profesionales y profesiones titualadas.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. III. Tribunal Supremo. 1. Adjudicación del contrato: valoración de la experiencia como criterio de solvencia (STS de 29 de mayo de 2019). 2. Criterios de adjudicación: el precio como único criterio (STS de 30 de mayo de 2019). 3. Criterios de valoración: fijación de subcriterios (STS de 29 de junio de 2019). 4. Naturaleza de la retribución que percibe el concesionario de servicios públicos. 5. Imposición de penalidades. Caducidad del expediente (STS de 21 de mayo de 2019). 6. Reequilibrio económico del contrato de concesión (STS de 22 de mayo de 2019). 7. Pago del precio: fijación de un interés de demora distinto al legal (STS de 29 de octubre de 2018).8. Resolución del contrato: cláusula que establece la indemnización correspondiente a la resolución del contrato por causa imputable a la Administración (STS de 1 de julio de 2019). 9. Resolución del contrato: supuesto que permite resolver el contrato a instancias el contratista (STS de 29 de junio de 2019). IV. Audiencia Nacional. 1. Solvencia técnica y económica de la licitadora (SAN de 20 de febrero de 2019). V. Tribunales Superiores de Justicia y Tribunales Administrativos Contractuales.

I. Introducción. II. Modelo de documentación para la actuación de los Ayuntamientos ante el hallazgo de bienes arqueológicos o paleontológicos.

I. Introducción. II. El casco urbano. III. La legislación de protección de carreteras. IV. La definición legal de vía urbana. V. ¿Existen las travesías en las vías de titularidad municipal? VI. La confusión con el suelo urbano. VII. Otras competencias de protección del dominio público. VIII. Conclusión.

I. Introducción. II. El reparto competencial relativo a la ciberseguridad de servicios de administración electrónica. III. Aspectos principales de la reforma del régimen de identificación y firma electrónica en la LPAC. IV. Algunos aspectos positivos de la reforma, que también los hay... V. Bibliografía.

I. Sentido. II. Modalidades. III. Eficacia sobre el acto informado. IV. Valoración y fuerza de convicción. V. Referencia a los informes de reparos procedentes de la Intervención local.

I. Introducción. II. Enfoque del proyecto. III. Un nuevo modelo. IV. Presupuestos orientados a resultados de la Diputación Foral de Gipuzkoa. V. Seguimiento y rendición de cuentas. VI. Oportunidades. VII. Dificultades. VIII. Conclusiones.