Hemeroteca

I. Las notificaciones electrónicas: del «derecho» a la «obligación» a relacionarse electrónicamente con la Administración. 1. El papel de las notificaciones administrativas en el seno del procedimiento administrativo y sus características principales: algunos apuntes previos. 2. Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. 3. Medios para la notificación de los actos administrativos a persona jurídica. —II. ¿Ampliación del ámbito subjetivo en el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos? —III. La reconocida eficacia jurisprudencial de la validez de las notificaciones en papel a personas jurídicas. —IV. Conclusiones. —V. Bibliografía

Sumario: I. Algunas consideraciones previas. —II. Análisis de la jurisprudencia constitucional. 1. Los inicios: una década de jurisprudencia. A) El punto de partida: la previsión o programación de las subvenciones. B) La regulación o normación de las ayudas. C) Las competencias ejecutivas o la gestión de las subvenciones condicionadas. D) La primera excepción a la doctrina del Tribunal Constitucional. 2. La segunda etapa: consolidación y avances en la doctrina jurisprudencial. A) El punto de referencia. B) El desarrollo de la doctrina constitucional. C) Las ayudas de la Unión Europea. 3. La tercera etapa: la actualidad. —III. A modo de conclusión.

I. Introducción: contexto normativo. II. Objeto de este artículo y tesis que se defiende. III. El asunto no está del todo solucionado en el art. 14.1 de la ley 19/2013. IV. El acceso parcial seudonimizado. V. Cuando la publicación esté tipificada como sanción accesoria, No cabe el derecho de acceso a la información (sin seudonimización). VI. No debe concederse el acceso no seudonimizado a Sanciones que no sean firmes en ambas vías, si no procede su Publicación. VII. No procede el acceso no seudonimizado a sanciones canceladas por el transcurso del tiempo. VIII. Cuando existe una norma con rango de ley que dispone la publicación de Ciertas sanciones, y excluye la de las restantes, no cabe derecho de acceso al contenido no seudonimizado de estas últimas. IX. El Acceso a las restantes sanciones no seudonimizadas. X. La cuestión en la práctica. XI. Conclusiones

I. Introducción: la explosión de una guerra a las puertas de Europa y sus consecuencias en el ámbito de la contratación pública. II. Mecanismos que permiten excepcionar la aplicación del principio de riesgo y ventura. III. Estado de la cuestión y evolución histórica de la institución jurídica de la revisión de precios en España: 1. Estado de la cuestión. 2. Perspectiva histórica y evolución de la figura. IV. El fracaso del sistema vigente de revisión de precios. V. Las medidas adoptadas en Francia y Portugal. Vi. Propuestas de reforma Normativa a la luz de la nueva estrategia nacional de contratación pública. VII. La última respuesta del legislador español: la ley 11/2023, de 8 de mayo. VIII. Conclusiones.

I. La discrecionalidad del Gobierno en la aprobación de normas reglamentarias y su control por falta de motivación. El bono cultural. II. Una reflexión final.

I. El crecimiento de las big tech: 1. Las características del negocio: datos, efectos de red y economías de escala. 2. Las estrategias para acrecentar y mantener su poder: un obstáculo para el derecho de la competencia. II. La respuesta Europea: regular para la competencia. III. Los títulos que justifican La regulación: 1. Los presupuestos de una intervención pública regulatoria en los mercados digitales. 2. La reducción de barreras de entrada y la prevención de la competencia desleal. 3. La protección de consumidores y destinatarios. 4. La tutela del orden público. IV. Las técnicas regulatorias utilizadas: 1. El ámbito de aplicación: los sujetos y las actividades: 1.1. Los guardianes de acceso: el riesgo regulatorio que deriva de la designación. 1.2. Las actividades: Una recopilación de la casuística de las últimas décadas. 2. Las obligaciones: técnicas regulatorias adaptadas al sector. 3. La autoridad competente. V. Los límites A la intervención: necesidad, proporcionalidad y no discriminación. VI. Un primer paso en la regulación de los —necesarios— Mercados digitales.

I. El concepto de servicios públicos digitales: 1. Los servicios públicos Digitales en el marco de las políticas públicas. 2. El contexto normativo para definir Los servicios públicos digitales. II. Naturaleza jurídica del servicio público Digital: 1. Distribución competencias en materia de servicios públicos digitales. 2. Calificación jurídica de los servicios públicos digitales: 2.1. Funcionamiento Administrativo digital y sus límites. 2.2. Configuración prestacional. III. Servicios Públicos digitales en sentido estricto: 1. La aplicación de los principios Rectores del servicio público a los servicios públicos digitalizados. 2. Previsiones Sobre digitalización de la sanidad y la educación como prototipos de prestaciones Materiales: 2.1. La digitalización de la sanidad. 2.2. La digitalización de la educación. IV. Las garantías del ciudadano ante los servicios públicos Digitales: 1. Derechos del ciudadano en la relación administrativa. En especial el Derecho a la relación electrónica y a la «relación presencial». 2. Derechos de los Interesados en la relación administrativa electrónica. 3. Derecho a la transparencia E información pública en el contexto digital. 4. El reconocimiento de los derechos Digitales: incidencia en el sector público: 4.1. Derecho a la protección de datos y Derechos digitales. 4.2. La garantía del derecho de acceso a internet. 4.3. El derecho a la educación digital. 5. Relaciones electrónicas y derecho a la salud. V. Los Principios aplicables a los servicios públicos digitales: 1. Principios Fundamento de las relaciones electrónicas. 2. El principio de equidad en servicios Públicos digitales de naturaleza prestacional. VI. Reflexiones finales

I. Mecanismos contemplados en el Derecho español para la protección integral del informante, antes de acometer la transposición de la directiva 2019/1937 por Ley estatal, con especial referencia a las leyes de algunas comunidades autónomas. 2. El ámbito personal de aplicación de la protección. 3. Los canales de denuncia, comenzando con el canal interno. 4. Los canales externos de denuncia. 5. La revelación pública. 6. La cuestión de las denuncias e informaciones anónimas. 7. Las condiciones exigidas para que opere la protección del denunciante. 8. El contenido de la protección. 8.1. La prohibición de represalias contra el informante 8.2. Las medidas calificadas como de protección adicionales. 8.3. Las denominadas medidas de apoyo al informante. 8.4. La prohibición de cláusulas o acuerdos de renuncia por el informante a derechos o vías de recurso . 8.5. La tipificación de infracciones y sanciones a los que realizan las represalias al informante y otro tipo de acciones u omisiones. La tipificación de omisiones como infracciones. 9. La inclusión de programas de clemencia. 10. La ausencia de previsión de premios o recompensas al informante. 11. La previsión de imposición de sanciones al propio informante. 12. La protección de los derechos de las personas afectadas por la información aportada por el informante. III. Bibliografía

1.Introducción. 2. El peculiar origen de la acción popular en la Ley del suelo de 1956 y su justificación en la frustrada nacionalización del suelo urbanizable. 3. Dos lugares comunes en el análisis de la acción popular urbanística: eficacia en la defensa de la legalidad versus ejercicio abusivo. 4. La acción popular en las propuestas de reforma de 2018 y de 2022. 4.1. Las propuestas de 2018. 4.2. el anteproyecto de 2022.

Introducción. 1. La carrera administrativa en la administración local española. 1.1. Personal funcionario de carrera y empleo público. 1.2. La provisión de puestos de trabajo en el TREBEP. 1.3. Breve referencia a la temporalidad en el empleo público. 1.4. Peculiaridades de la administración local española. 2. Las exigencias de una administración moderna. 2.1. La transparencia pública como requisito del buen gobierno. 3. Discrecionalidad y arbitrariedad. 3.1. La arbitrariedad en derecho público. 4. El abuso de la discrecionalidad política favorece la corrupción. 4.1. La libre designación en los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 5. La corrupción aminora la calidad democrática. Conclusiones. Recursos internet. Referencias bibliográficas.