Hemeroteca

I. Principales razones de una nueva Directiva sobre víctimas de delitos. II. Objetivo, ámbito subjetivo y material. III. Contenido. IV. Relación con otros actos de la Unión Europea.

I. La Directiva 2024/1385. II. Principales problemas que trata de resolver la Directiva 2024/1385. III. Las cuestiones que no resuelve la Directiva 2024/1385. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. Bienvenida la nueva Directiva en materia de violencias contra las mujeres. II. La diligencia debida en materia de violencia de género en la Directiva. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

I. Introducción. II. Objetivos de la nueva Directiva (UE) 2024/1385. III. Base jurídica ¿por qué son necesarias unas normas mínimas comunes a escala de la unión europea para actuar contra la violencia de género? IV. Definición de nuevos delitos y sanciones penales para combatir la violencia contra las mujeres. V. Medidas para mejorar la protección y apoyo a las víctimas. VI. Importancia de reforzar la coordinación y formación de los profesionales. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

I. La aprobación de la Directiva. II. Medidas de protección y transnacionalidad: un ¿nuevo? comienzo. III. ¿Qué fue primero: el Derecho sustantivo o el derecho procesal? IV. Bibliografía.

I. Las autoridades competentes en el marco de la Directiva 2019/1937. II. Contexto actual. III. La autoridad de Castilla y León en materia de corrupción. IV. Conclusiones.

Introducción. 1º.- Transcurrido un año de vigencia de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, qué opinión o valoración general puede hacerse de los resultados o efectos de la norma legal. 2º.- En este año de vigencia (mayo 2023-mayo 2024) el mercado no ha detectado, al menos en un parámetro general, un alivio o estabilización en los precios de compraventa o arrendamiento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué las medidas propuestas por la Ley no están teniendo efecto? ¿Hay que modificar algo? 3º.- Una de las partes más controvertidas de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, era la afectante a la introducción de nuevos requisitos procesales para tutela posesoria o ejecutiva instada por el «gran tenedor» (art. 3.k). ¿Qué consecuencias prácticas han tenido las modificaciones de preceptos tales como el 439, 441 o 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? 4º.- La Ley de Vivienda apostaba claramente por el procedimiento administrativo como paso previo al procedimiento judicial. Sin embargo, un reproche de algunos sectores era la falta de previsión normativa en los marcos autonómicos o locales. ¿Qué está ocurriendo con la intermediación o conciliación preliminar al juicio de recuperación? ¿Existe disparidad de criterios? ¿Cómo está impactando en el sector? ¿Qué se puede mejorar? 5º.- Uno de los grandes propósitos de la Ley de Vivienda era ayudar a los colectivos vulnerables o en situación de exclusión social. ¿Ha servido la norma legal para ayudar a estos colectivos? ¿Cómo? ¿Qué supone en la práctica la eventual vulnerabilidad del demandado/ejecutado? 6º.- Mirando al futuro y en atención a la compleja cuestión de la vivienda en España, ¿Qué pueden hacer los poderes públicos para que el acceso a una vivienda no sea algo quimérico, sobre todo en las capitales? ¿Política fiscal? ¿Modificaciones procesales o administrativas? ¿Incentivos de otro tipo a la inversión? ¿Vivienda pública?

I. Introducción. II. Presunción iuris tantum de adecuación de las ofertas al PPT como ley del contrato. III. Caracteres necesarios para la procedencia de la exclusión. IV. Conclusiones.

I. Consideraciones generales del silencio administrativo. II. Obligación de resolver. III. El procedimiento. IV. Ineficacia del silencio administrativo. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Introducción. II. Fundamento de la agravante de género. III. Circunstancias concurrentes para la aplicación de la agravante. IV. Doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la agravante de género: STS 14 de diciembre de 2023. V. Compatibilidad con la agravante de parentesco. VI. Conclusiones.