Hemeroteca

1. ACCESO. A) Conocimiento de la lengua y del Derecho propios de la Comunidad Autónoma. Los méritos indicados no tienen carácter determinante ni preferente en la selección de Fiscales sustitutos. 2. CARRERA PROFESIONAL. A) Carrera Judicial. a) Provisión mediante el turno de especialistas de plazas de Magistrados del Tribunal Supremo. Se trata de nombramientos discrecionales y no de concursos sujetos a baremo. b) Requisitos de los aspirantes a la provisión de magistrados del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia. Puede concurrir un Magistrado en excedencia por interés particular, siempre que haya desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años. B) Comisión de servicios. a) Es conforme a Derecho la Entrevista Conductual Estructurada. 3. DERECHOS COLECTIVOS. A) Negociación colectiva. a) Este derecho se vulnera por el establecimiento de comisiones reservadas a los sindicatos firmantes si se atribuyen funciones de regulación o modificación de condiciones de trabajo. b) Es válida la regulación de las condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior mediante un Acuerdo dadas las especiales características de este colectivo. c) La Comunidad Foral de Navarra es competente para aplicar a la negociación colectiva del personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra las pautas sentadas para la correspondiente a su propio personal. d) La creación de un nuevo puesto de trabajo no es materia negociable por no tener repercusión directa sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios. e) Mesas Generales de Negociación. La representatividad que sólo se tiene acreditada en un determinado ámbito sectorial no otorga legitimación para formar parte de una unidad de negociación mayor que comprende a la totalidad de los empleados públicos de una Administración. 4. DERECHOS RETRIBUTIVOS. A) Cuestiones generales. a) No se pueden integrar en la legalidad retributiva básica conceptos extraíbles de la negociación colectiva autonómica. b) La deducción de retribuciones como consecuencia de la participación en una huelga se realiza en proporción al horario no trabajado. B) Trienios. a) Se reconocen a los funcionarios interinos con carácter retroactivo desde la fecha de expiración del plazo concedido a los Estados miembros para la transposición de la Directiva 1999/70/CE. C) Retribuciones complementarias. a) Gratificaciones por servicios extraordinarios. No podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. D) Retribuciones diferidas. a) Las cantidades que la Administración dedica a pagar la prima de los seguros de vida o accidentes para su personal tienen una naturaleza más asistencial que retributiva. 5. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. a) Excedencia voluntaria por cuidado de familiar. No cabe la interrupción del cómputo del plazo máximo de excedencia. 6. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. A) Administración de Justicia. El único bien jurídico protegido por el régimen disciplinario es el correcto orden del Poder Judicial. 7. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN FUNCIONARIAL. A) La denegación de la solicitud del personal médico de la prórroga en la situación de servicio activo hasta la edad forzosa de jubilación ha de basarse en necesidades del servicio reflejadas en un plan de ordenación de recursos humanos.

1. RÉGIMEN DEL SUELO: PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. A) El incorrecto y genérico destino de los terrenos a la ampiación de patrimonios públicos de suelo no es causa legitimadora suficiente de la expropiación forzosa. b) Nulidad de los presupuestos municipales que destinan bienes del patrimonio municipal del suelo a fines que no son la construcción de viviendas de protección oficial. c) Suspensión de la autorización para enajenar mediante concurso por el procedimiento abierto varias parcelas del PMS. 2. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. A) Cesiones obligatorias y gratuitas: para servicios que exceden el ámbito del correspondiente planeamiento. B) Principio de justa distribución de los beneficios y de las cargas. 3. MOMENTO Y VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS. A) No resulta aplicable la jurisprudencia por la cual el terreno habría de ser valorado como urbanizable al estar afecto a un sistema general para la ampliación de las instalaciones de la Universidad de Vigo, ya que no se incardina en el ámbito de la ciudad. B) La pérdida de vigencia de las ponencias catastrales debe ser entendida en sentido formal, no meramente material o económico.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TEÓRICO Y PRÁCTICO. II. EL CONTRATO DE AGENTE URBANIZADOR COMO CONTRATO SUJETO A LA DIRECTIVA 2004/18/CE. 1. El carácter oneroso del contrato. 2. ¿Contrato de obra o contrato de servicios desde el punto de vista del derecho comunitario? 3. No se trata en todo caso de un contrato de gestión de servicios públicos. 4. La sentencia no afecta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene sosteniendo que el contrato de agente urbanizador es un contrato de obras. III. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE APLICAR LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN A LA GESTIÓN URBANÍSTICA.

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA: OBJETIVO AMBIENTAL Y ESTRATEGIA DE EMPLEO. LOS FONDOS EUROPEOS. 1.1. Primer pilar: más inversión en crecimiento sostenible. 1.2. Segundo pilar: mejor inversión. 2. EL REFORZAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 2.1. Obligaciones del sector público. 2.2. Obligaciones del sector privado. 3. TJUE: INFORMACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL (CONVENIO AARHUS). 3.1. Impugnación de licencias urbanísticas y ambientales "ratificadas" por el Parlamento Regional. 3.2. Legitimación procesal de organizaciones ambientales. 3.3. De nuevo, la cuestión del ruido en zonas contiguas a los aeropuertos. Las disposiciones horizontales de la Carta de Derechos Fundamentales. 4. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA DE APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES EUROPEAS. 4.1. Sentencia de 17 de enero de 2011, Audiencia Nacional: sujeción de obras del Estado "de interés general" a EIA por imperativo de la normativa autonómica. 4.2. Sentencia de 28 de abril de 2011, Audiencia Nacional: más obras del Estado "de interés general"... y RAMINP 1961. 4.3. Sentencia 14 de febrero 2011, Tribunal Supremo: desdoblamiento M-501 en la Comunidad de Madrid y Derechos fundamentales de las personas jurídico-públicas.

1. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR. 2. CLASES DE ACTOS. A) Naturaleza. a) Calificaciones territoriales y Programa de Actuación Integrada: actos administrativos. B) Actos impugnables. a) Acto inimpugnable: declaración del estado de alarma por el Gobierno. b) Acto inimpugnable: acto consentido y firme. C) Actos de trámite. a) Archivo de solicitud de prescripción. b) Actuaciones inspectoras complementarias en materia tributaria. 3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. A) Tramitación. a) Innecesariedad de nuevo trámite de alegaciones. b) Actuaciones inspectoras que pueden tener eficacia interruptora de la prescripción de la deuda tributaria. B) Terminación. a) Caducidad por transcurso de más de un año desde que se acordó la incoación del procedimiento. 4. EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. a) Notificación a representante. b) Notificación en el anterior domicilio social de la compañía. B) Ejecución del acto administrativo. a) Suspensión de ejecución del acto. 5. ELIMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. A) Revisión de oficio. a) Revisión de oficio de acto nulo: título habilitante. b) Revisión de oficio de acto nulo: actos contradictorios. B) Recursos administrativos. a) Cómputo del plazo del recurso desde la publicación, no desde la notificación personal. b) Cómputo de los plazos que se cuentan por meses. c) Legitimación de recurrentes en alzada. 6. VALIDEZ E INVALIDEZ. A) Defectos de forma. a) Carácter no invalidante de las irregularidades en procedimiento selectivo que no son causa de indefensión.

1. Introducción. 2. Principios generales. 3. Fuentes. 4. Recursos. A) Recurso por omisión (inactividad) y recurso de anulación. B) y C) Recurso por responsabilidad extracontractual y responsabilidad del estado por incumplimiento del Derecho comunitario. D) Cuestiones prejudiciales. E) Medidas cautelares. 5. Mercado interior. A) Libre circulación de mercancías. B) Libre prestación de servicios y derecho de establecimiento. C) Libre circulación de trabajadores. D) Libre circulación de capitales.

1. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR. 2. CAUSALIDAD, OBJETIVIDAD Y ANTIJURIDICIDAD. A) Responsabilidad sanitaria: retraso en el diagnóstico médico por omisión de las pruebas pertinentes. B) Antijuridicidad del daño. Teoría del margen de tolerancia: no indemnizabilidad de las medidas preventivas adoptadas ante posibles riesgos para la salud humana. C) Causalidad adecuada: falta de conexión entre el daño sufrido por una persona por la agresión de un tercero en un establecimiento público una vez sobrepasado el horario de cierre y la supuesta omisión administrativa de hacer cumplir dicho horario. 3. DAÑO INDEMNIZABLE. CUANTÍA: CARÁCTER MERAMENTE ORIENTATIVO DE LOS BAREMOS. DISPARIDAD EN LA FIJACIÓN DE CANTIDADES. 4. RESPONSABILIDAD DEL LEGISLADOR. RESPONSABILIDAD POR LEYES INCONSTITUCIONALES: INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD. 5. RESPONSABILIDAD POR INFRACCIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. A) Responsabilidad derivada de leyes. B) Responsabilidad derivada de reglamentos.

I. Introducción. II. El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo en los supuestos de silencio negativo. 1. El art. 46 de la LJCA. a) El plazo de seis meses. b) Los plazos para que se produzca acto presunto. 2. Los intentos del Tribunal Supremo para impedir que las Administraciones Públicas se beneficien de su pasividad. a) La equiparación de los actos presuntos a los expresos con notificación defectuosa (STS de 28-1-2003). b) Si la Administración no ha realizado la comunicación prevista en el art. 42.4 de la LRJPAC (las Admnistraciones Públicas, dentro de los diez días siguientes a la recepción de una solicitud, enviarán una comunicación a los interesados informándoles del plazo máximo establecido para la resolución y notificación de los procedimientos así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo) no comienza a correr el plazo de seis meses para interponer recurso contencioso-administrativo previsto en el art. 46.1 de la LJCA (STS de 23-1-2004 y 4-4-2005). c) La STS de 31 de marzo de 2009 ratifica que no puede declararse extemporáneo un recurso contencioso-administrativo cuando la Administración no ha contestado al ciudadano en la vía administrativa. 3. La doctrina del Tribunal Constitucional ha supuesto la derogación práctica del plazo de seis meses del art. 46 de la LJCA. III. Pero ¿qué sucede con el plazo para recurrir el silencio en la vía administrativa? IV. Los recursos prematuros o de interposición anticipada. V. Las resoluciones expresas posteriores al acto presunto. 1. Planteamiento. 2. El art. 46.1 de la LJCA de 1956 y la STC NÚM. 98/1998. 3. El art. 36.4 de la LJCA: destistimiento del recurso contencioso-administrativo contra el acto presunto o ampliación del recurso contencioso-administrativo a la resolución expresa tardía. 4. La interpretación jurisprudencial del art. 36.4 de la LJCA: si el contenido de la resolución expresa tardía es confirmatorio del acto presunto, el recurrente puede continuar con el recurso contencioso-administrativo iniciado sin necesidad ni de desistir de éste ni de ampliarlo a la resolución expresa. 5. Las resoluciones expresas posteriores al silencio en los recursos gubernativos seguidos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. VI. Epílogo.

I. Cuestión planteada. II. Fundamentación jurídica. III. Opinión.