Hemeroteca

1. Antecedentes. 2. Contestación.

VII. El procedimiento. 1. Inexistencia de la fase de preparación. 2. El escrito de interposición: plazo y lugar de presentación. 3. El escrito de interposición: el único motivo en el que puede fundamentarse. 4. Requisitos formales del escrito de interposición. 5. La fase de admisión o inadmisión de esta modalidad casacional se desarrolla exclusivamente ante el Tribunal a quo. 6. El escrito de oposición. 7. Remisión de las actuaciones al Tribunal de casación. 8. Sentencia resolutoria de la casación. VIII. Los documentos con finalidad recaudatoria que ha de presentar el recurrente y las posibilidades de subsanación. 1. El documento acreditativo de la constitución del depósito para recurrir: posibilidades de subsanación. 2. El documento justificativo del abono de la tasa para el ejercicio de la función jurisdiccional y su subsanación. IX. La aportación por el recurrente de la sentencia o sentencias de contraste o contradictorias con la recurrida. 1. Aportación mediante certificación/testimonio de la sentencia o sentencias de contraste en la que deberá hacerse mención de su firmeza. 2. Aportación mediante copia simple del texto de la sentencia o sentencias de contraste en unión de la justificación documental de haberse solicitado certificación de la misma. 3. Si la sentencia o sentencias de contraste han sido publicadas en un Boletín Oficial, será suficiente con que el escrito de interposición se indique ese periodo oficial en que se publicaron. X. El problema de la subsanación de la falta de aportación por el recurrente de la sentencia o sentencias de contraste. 1. La situación antes de la LJCA de 1998: Defecto subsanable a iniciativa del recurrente, sin previo requerimiento del Tribunal. 2. La situación empeoró para los recurrentes a partir de la LJCA de 1998: defecto insubsanable.

La sentencia. Concursos y oposiciones. Pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco de proceso de consolidación de empleo temporal en el M.º de Educación.

La sentencia. Urbanismo. Disciplina urbanística.

I. La aprobación de la Carta por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. II. El avanzado contenido de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública y su reconocimiento del derecho fundamental de la persona a una buena Administración pública. III. El objetivo de mejora de la Administración pública a través de la gestión de la calidad como fundamento de las Cartas de Derechos del Ciudadano y su importante extensión en España desde 1999. IV. El derecho fundamental a la buena administración en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La sentencia. Funcionarios públicos. Interinos. Anulación del cese en la plaza de arquitecto técnico en calidad de interina.

I. Introducción. II. El disfrute de asuntos propios como derecho legalmente reconocido, que tan sólo puede ser negado por necesidades del servicio. III. Sobre el concepto de necesidades del servicio; exigencia de su determinación y justificación. IV. Frecuente práctica de la Administración: ausencia o insuficiencia de motivación en la denegación de permisos estatutarios. V. Conclusión.

1. Introducción. 2. Los procedimientos administrativos ambientales a la luz de la Directiva de Servicios. 3. Los derechos en el procedimiento administrativo ambiental y las facultades de control del Juez. 4. Conclusión.

1. Doctrina sobre la imposibilidad legal o material de ejecución. 2. Modalidades de imposibilidad legal de ejecución de sentencias. 3. Las validaciones legislativas en Francia y en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 4. Los problemas de la inejecución por imposibilidad legal y la utilización de las denominadas leyes singulares. 5. La Ley de Demoliciones de Cantabria. 6. La Sentencia 92/2013, de 22 de abril de 2013.

1. El patrimonio industrial: bien cultural, elemento territorial y recurso turístico. 2. La intervención pública destinada a la protección y puesta en valor del patrimonio industrial. 3. La gestión del patrimonio industrial en la legislación territorial-urbanística y sectorial. 4. Ordenación y gestión integral del patrimonio industrial: el caso de las cuencas mineras asturianas.