Hemeroteca

I. Pleno de la FEMP en septiembre. II. Mantenimiento de cuotas. III. Otros asuntos.

1. Fondo Social. 2. Fondo de Financiación a Entidades Locales. 3. Fondo de Ordenación. 4. Los Fondos de Financiación y sus compartimentos. 5. Condiciones financieras. 6. Fondo de Impulso Económico. 7. Fondo en Liquidación para financiación de pagos a proveedores. 8. Nuevo paso en una trayectoria de apoyo a la liquidez local. 9. Compartir ahorros, ganar liquidez y simplificar la gestión. 10. Plazos aplicables. 11. El Registro Electrónico de Convenios. 12. Diez años para devolver la liquidación negativa de 2013. 13. Destino del superávit. 14. El superávit de la Administración Local llegó a 4.734 millones en el tercer trimestre. 15. Real Decreto- Ley 17/2014: preguntas y respuestas. 16. Fondo de Impulso Económico (FIE). 17. Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores 2.

I. Concepto y posición del Reglamento administrativo. II. Clases de reglamentos. 1. Por su relación con la Ley. 2. Por su origen. III. Límites y procedimiento de elaboración de los reglamentos. IV. Eficacia de los reglamentos. V. Control de los reglamentos ilegales. VI. Técnica de control de reglamentos. VII. Recurso directo motivos y efectos de la impugnación. VIII. Recurso indirecto motivos y efectos.

I. Impugnación de instrumentos de ordenación urbanística. II. Fundamento de la naturaleza normativa. III. Programas de actuación urbanizadora. A) Catálogos urbanísticos. B) Instrumentos de gestión. C) Proyectos de urbanización. D) Títulos de ejecución. IV. Impugnación de convenios urbanísticos. V. Impugnación de valores catastrales.

I. La vulneración de los derechos fundamentales de la persona como objeto de la nulidad de actuaciones. 1. El objeto de la nulidad de actuaciones son sólo los derechos fundamentales excluyéndose las cuestiones de legalidad ordinaria. 2. ¿En la nulidad de actuaciones pueden invocarse sólo los derechos fundamentales procesales o también los materiales? La errática doctrina del Tribunal Constitucional y su overruling. 3. El requisito de la indefensión. II. El principio de igualdad en la aplicación de la Ley (Art. 14. CE). III. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en sus distintas manifestaciones. 1. Derecho a obtener una resolución sobre el fondo del asunto: su dintinto alcance en el acceso al proceso y en la vía del recurso. 2. La falta de acceso al proceso motivada por la ausencia de emplazamiento de un interesado. 3. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 4. La interdicción de la incongruencia procesal. 5. El derecho a la defensa contradictoria. 6. La doctrina del error patente. 7. Sentencias que inaplican una norma con rango de Ley -estatal o autonómica- sin plantear cuestiones de inconstitucionalidad. IV. La posibilidad y conveniencia de invocar conjuntamente en determinados casos los artículos 14 y 24 de la Constitución. V. La nulidad de actuaciones como remedio residual al margen de los derechos fundamentales de la persona. VI. Epílogo.

I. Introducción. II. Marco legal. III. El derecho indemnizatorio. IV. El incidente de imposibilidad de ejecución de sentencia. 1. La imposibilidad material. 2. La imposibilidad legal. V. La afección de la ejecución de sentencias a actos posteriores al acto o disposición anulado. VI. Conclusiones. VII. Cuadro de sentencias estudiadas más relevantes.

La sentencia. Actos administrativo. Procedente inadmisión a trámite de la solicitud de revisión de oficio de acto nulo. El que no se alegara en plazo y a través del recurso correspondiente la caducidad del expediente a través del cual se impuso una sanción en materia de medio ambiente, obsta la revisión de oficio del acto y supone, no la nulidad de pleno derecho del mismo, sino el archivo del expediente caducado. Nulo de Pleno derecho.

La sentencia. Proceso selectivo. CA Cataluña. Acceso a la subescala Secretaría-Intervención de la Escala del personal funcionario con habilitación de carácter estatal... La jurisprudencia constitucional no considera desproporcionado establecer como requisito, y no sólo como mérito, el conocimiento de la lengua catalana cuando se trate de ocupar puestos funcionariales cuyo debido desempeño haga conveniente esa noción.