Hemeroteca

1. La regulación de la actividad económica como fundamento de la reforma. 2. Control de la gestión municipal de los servicios y de las entidades dependientes. 2.1. Antecedentes de la regulación y aplicación en el ámbito local. Especial atención a las sociedades mercantiles. 2.2. Elementos comunes sobre el control de entidades dependientes en la Ley 40/2015. Conclusiones.

1. Introducción. 2. Nuevo régimen administrativo. 3. El archivo electrónico. 4. Experiencias realizadas hasta la fecha. 5. A modo de conclusión.

1. Introducción. 2. Evolución normativa. 3. Definición y caracterización jurídica de Registro Electrónico General (REG). 4. Lugares habilitados para la presentación de documentos dirigidos a las Administraciones Públicas y su relación con el REG. 5. El acuerdo de creación y el funcionamiento del REG. 6. Los problemas de la acreditación de la identidad y de la autenticidad e integridad de la documentación en soporte electrónico. 7. Las oficinas de asistencia en materia de Registros.

1. La concepción del tiempo en el Derecho administrativo. 2. Términos y plazos. 3. La evolución del régimen de la temporalidad en la normativa administrativa. 3.1. Introducción. 3.2. La fijación de unas bases del procedimiento administrativo en la Ley Azcárate de 1889. 3.3. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y la fijación de un sistema de computación de plazos. 3.4. Los términos y plazos en la LRJPAC y en su reforma de 1999. 3.5. Las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 3.5.1. Hacia una Administración electrónica sin papel. 3.5.2. El señalamiento del sábado como día inhábil. 3.5.3. La determinación legal del díes ad quem. 2.5.4. La ampliación de los plazos de tramitación del procedimiento. 3.5.5. La introducción de los plazos por horas. 3.5.6. El cómputo de plazos en los registros electrónicos. 3.5.7. El plazo para la interposición de recursos en caso de silencio administrativo. 4. Sobre el modo de computación de los tiempos en el procedimiento administrativo común. 4.1. Alfa y omega en el cómputo de los plazos. 4.1.1. El día inicial del cómputo. 4.1.2. El día final del cómputo. 4.2. El cómputo de los plazos señalados por horas. 4.3. El cómputo de los plazos señalados por días. 4.4. La controversia jurídica sobre el cómputo de fecha a fecha aplicado a los plazos mensuales: ¿una interpretación lógica de los plazos? 5. La falta de resolución del procedimiento en el plazo establecido. 5.1. La fijación del plazo de resolución en el procedimiento administrativo común. 5.2. Los efectos del transcurso del plazo sin resolución y notificación: el silencio administrativo y la caducidad. 5.2.1. El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 5.2.2. La ausencia de resolución en plazo en los procedimiento incoados de oficio: la caducidad. 6. La responsabilidad de las autoridades y empleados públicos por el incumplimiento de los plazos de tramitación y resolución del procedimiento. 7. Conclusión.

1. Introducción. Acerca del privilegio de autotutela declarativa de la Administración y sobre la eficacia de los actos administrativos. 1.2. La ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas: continuidad del sistema de revisión. 2. La revisión de oficio. 2.1. Revisión de oficio de disposiciones y actos nulos. 2.2. La declaración de lesividad, presupuesto procesal, que no (propiamente) revisión de oficio. 2.3. Revocación de actos y corrección de errores. 3. Los recursos administrativos. 3.1. Un sistema insatisfactorio, que mantiene la nueva ley. 3.2. Objeto y clases. 3.3. Fin de la vía administrativa, interposición e inadmisión del recurso. 3.4. Suspensión de la ejecución, audiencia a los interesados y resolución. 3.5. Pluralidad de recursos. 3.6. Recursos administrativos de alzada, reposición y revisión. 4. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

1. Proemio. 2. El discutido principio de legalidad formal y material de la potestad sancionadora en las entidades locales: ¿un escollo definitivamente superado? 2.1. La imprecisa remisión del art. 25 LRJSP al Título XI LRBRL. 2.2. Reserva de ley formal y cobertura legal: dos conceptos no coincidentes. 2.3. La exigencia material del principio de legalidad en las entidades locales tras la reforma de 2003. 3. La cuestión procedimental. 3.1. La eficacia en el tiempo de la exigencia de reserva legal del procedimiento sancionador en la LRJSP. 3.2. El alcance de la reserva legal en materia de procedimiento sancionador y su proyección en el ámbito local.

1. Introducción. 2. Novedades introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2.1. Antijuridicidad y "particulares". 2.2. Responsabilidad del Estado Legislador. 2.3. Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia. 2.4. Responsabilidad por los daños causados durante la ejecución de los contratos. 2.5. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 2.6. Indemnización. 2.7. Responsabilidad de derecho privado. 2.8. Responsabilidad patrimonial exigible a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 2.9. Responsabilidad penal. 3. Novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3.2. Necesidad de motivación. 3.3. Inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial. 3.4. Ordenación del procedimiento. 3.5. Solicitud de informes y dictámenes. 3.6. Trámite de audiencia. 3.7. Terminación convencional. 3.8. Especialidades en la resolución de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. 3.9. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 3.10. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 3.11. Fin de la vía administrativa. 4. La responsabilidad en accidentes de tráfico por el atropello de especies cinegéticas. 5. Conclusiones.

1. Introducción. 2. La buena regulación. 3. Principios y técnicas de buena regulación en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. 4. La planificación normativa. 5. Evaluación y mejora de la calidad normativa. 6. Participación ciudadana en la elaboración de normas. 7. Aplicación de las disposiciones de la Ley 39/2015 en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas y reglamentos locales.

Colisión entre el derecho al honor y las libertades de expresión y sindical. Lesión del prestigio profesional. Distinción entre la conducta lesiva realizada en el émbito en el que la cuestión debatida tiene relevancia pública y aquélla que carece de relación funcional con los bienes jurídicos protegidos.

El mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva para negarle la indemnización, cuando ésta sí que se concede a los trabajadores fijos comparables.