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I. Acceso al empleo público. 1. Mientras que la apreciación de méritos puede justificar discriminaciones positivas a favor de los discapacitados, el requisito de capacidad exige que los ejercicios de acceso sean superados por todos los opositores. 2. Vulnera los principios de igualdad , mérito y capacidad el diferente grado de dificultad de los ejercicios correspondientes a la mañana y a la tarde. Proceso selectivo para el ingreso en la categoría de auxiliar administrativo. Sanidad. 3. La calificación numérica otorgada a los ejercicios exige motivación adicional cuando es cuestionada por los aspirantes. 4. La decisión del órgano de selección de tener por eliminado a un aspirante por no comparecer cuando es llamado a leer el último ejercicio supone una aplicación desproporcionada de la base de la convocatoria que sustenta tal decisión, así como la infracción del principio de confianza legítima del aspirante al que el secretario le había comunicado que leería su ejercicio más tarde. II. Clases de personal. 1. En cirtud del Derecho europeo, cuando las Administraciones públicas utilicen abusivamente el nombramiento sucesivo de personal regido por el Derecho administrativo (funcionarios interinos o personal estatutario eventual de los servicios de salud), los Tribunales nacionales deben aplicar una medida equivalente a la de la transformación de los contratos laborales en indefinidos. 2. Personal estatutario temporal de los servicios de salud: las renovaciones sucesivas de nombramientos temporales para prestar servicios permanentes son contrarias al Derecho europeo. III. Derechos económicos....
I. Consideración preliminar. II. Causalidad, objetividad y antijuridicidad. Antijuridicidad del daño. Teoría del margen de tolerancia, III. Daño indemnizable. Daños físicos, pérdida de oportunidad. IV. Acción y procedimiento. 1. Ámbito de la responsabilidad extracontractual y la contractual. 2. Legitimación pasiva y jurisdicción competente en caso de daños con ocasión de la asistencia sanitaria por compañía privada en virtud de concierto con MUFACE. V. Responsabilidad por actos con rango de ley. Productores de energía eléctrica por cogeneración.
I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. Efecto directo de las directivas sobre contratación pública y su alcance. 2. Disolución de UTE y autorización a una de las dos empresas que formaban parte de una UTE a participar en la licitación en su propio nombre. 3. Contrato de gestión de servicios públicos y mantenimiento de los derechos de los trabajadores. III. Tribunal Supremo. 1. Resolución de un contrato por parte de un poder adjudicador no Administración pública: cuantía de la indemnización. 2. Impago al subcontratista y ejercicio de la acción directa frente a la Administración. 3. Delimitación del concepto de gastos de primer establecimiento. 4. Revisión de precios en los contratos de redacción de proyecto y ejecución de obra. 5. Mantenimiento del equilibrio económico de las concesiones: interpretación de la DA 8ª de Ley 43/2010. 6. La inviabilidad de los denominados préstamos participativos solicitados por los concesionarios en concurso. 7. Doctrina del acto propio. No puede estimarse la petición de resolución del contrato cuando previamente se ha solicitado y obtenido, por la misma causa, el reequilibrio económico del mismo. IV. Audiencia Nacional. 1. Requerimiento de subsanación. Exclusión del procedimiento de licitación: estimación del recurso por parte de la AN. 2. Falta de legitimación activa de un sindicato (CC.OO.).
La desproporción de los perjuicios y la salvaguarda del interés público como límite a la retroacción de los procedimientos selectivos ordenada en sentencia. La imposibilidad material de su ejecución como forma de hacerlos valer in extremis. (A propósito de la STS de 14 de junio de 2016, rec. 1719/2015)
I. El objeto del recurso y el alcance de la sentencia. II. El problema de fondo: la ajeneidad de la determinación de la nota de corte al ámbito de discrecionalidad técnica de los órganos de selección. Predeterminación y publicidad de los criterios de actuación del Tribunal. III. La principal consecuencia de la anulación: la repetición del segundo ejercicio por todos los aspirantes que habían aprobado el primero. La protección de los ya nombrados en la pieza de ejecución y el recurso a la imposibilidad material de ésta para hacerla valer. IV. La desproporción cualitativa de los perjuicios y el interés público como determinantes de la imposibilidad material de ejecución del fallo. Determinación y alcance de la indemnización sustitutoria. V. La admisibilidad del recurso de casación contra los autos declarativos de la imposible ejecución y su inviabilidad contra los que se limitan a fijar el quantum. VI. La Sentencia de 14 de junio de 2016 del Tribunal Supremo. La opinión mayoritaria de la Sala. VII. El voto particular: ni circunstancias sobrevenidas, ni imposibilidad material, ni valoraciones subjetivas cuando de lo que se trata es de un juicio de legalidad.
Posible inaplicación por los Tribunales de leyes autonómicas en caso de contradicción con legislación básica estatal posterior (Comentario a la STC 102/2016, de 25 de mayo)
I. Introducción. II. La obligación legal de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico inmobiliario. III. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como límite a la actuación administrativa. IV. El instrumento jurídico y económico para la financiación de la rehabilitación del patrimonio histórico inmobiliario. V. El diálogo competitivo como procedimiento para la definición de las necesidades y la obtención del equilibrio presupuestario.
I. Introducción: sustantividad de la jerarquía. II. Jerarquía en la Constitución Española. III. Jerarquía en legislación ordinaria. IV. Administración pública, burocracia y Estado. V. Concepto burocrático y dominación legal. VI. Características. VII. Ventajas de la burocracia. VIII. Disfunciones del rigor burocrático: la adaptación al medio.
La transparencia como motor de la innovación pública y base para el gobierno abierto
I. El gobierno abierto: definición y perspetivas. II. Transparencia pública: base del gobierno abierto. III. Evaluación de la transparencia. IV. Más allá de la transparencia: participación y rendición de cuentas. V. Bibliografía.
La indemnización por extinción del contrato de alta dirección y su tratamiento en la doctrina administrativa
