Hemeroteca

1. Introducción. 2. La interinidad en el empleo público. 2.1. La regulación de los funcionarios interinos. 2.2. La interinidad en el sector público: cifras para la reflexión. 2.3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las amortizaciones de plazas cubiertas interinamente. 2.4. Una nueva doctrina del Tribunal Supremo: consecuencias indemnizatorias en los supuestos de provisión reglamentaria de las plazas cubiertas con contratados laborales indefinidos no fijos. 2.5. La línea de separación entre funcionarios de carrera e interinos se debilita jurisprudencialmente. 3. La oferta de empleo público. 4. El efecto de las leyes de Presupuestos Generales del Estado en la interinidad de los empleados públicos, a través de las limitaciones en las ofertas de empleo público. 5. La nueva perspectiva del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 29 de octubre de 2010, y el retroceso de las sentencias de 13 de noviembre de 2013 y de 2 de diciembre de 2015. 6. El impacto de las directivas comunitarias en el empleo público. 6.1. La aplicación de las directivas comunitarias y su incidencia en relación con la legislación nacional. 6.2. La lucha frente a la precariedad en el empleo público. La directiva 1999/70/CE y el asunto Mascolo, Napolitano y otros. 7. A modo de reflexiones finales. 8. Nota final.

1. Introducción. 2. El nuevo modelo competencial de la Ley 27/2013. 3. Las competencias de las diputaciones provinciales en la Ley 27/2013.

1. Introducción. 2. Reconocimiento normativo del principio de libre concurrencia. 3. El respeto a la libre concurrencia y no discriminación contractual en la jurisprudencia. 4. La subsanación de las ofertas y el respeto al principio de libre concurrencia. 5. Conclusión.

1. Introducción general. 1.1. ¿Qué es la transparencia? 1.2. ¿Qué es el gobierno abierto? 2. Valoración global de la Ley estatal de transparencia y de las leyes autonómicas: aciertos y desaciertos. 3. Análisis de las ordenanzas de transparencia de las diputaciones provinciales. 4. Medidas de reacción ante el incumplimiento de las leyes y ordenanzas de transparencia. 5. Responsabilidad sancionadora, disciplinaria y penal. 6. Conclusiones. 7. Reflexión final: la inconstitucionalidad de la definición del expediente administrativo. 8. Bibliografía.

1. El aún vigente modelo de casación basado en motivos de admisión tasados y que deja fuera del acceso al Tribunal Supremo a una muy nutrida variedad de materias (de derecho estatal o relacionadas con la normativa de la Unión Europea) no resulta satisfactorio desde la perspectiva de la dimensión funcional que la sociedad reclama del Tribunal Supremo. 2. Ius constitutionis vs. Ius litigationis: la anacrónica reedición de una vieja controversia. El Tribunal Supremo español es un tribunal de justicia. El Tribunal Supremo español es un tribunal del artículo 9.3 CE (seguridad jurídica), del artículo 24 CE (derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) y, por supuesto, del artículo 14 CE (igualdad en la aplicación de la ley). 3. Las técnicas procesales concretas para la defensa de la legalidad constituyen un campo abierto a la libertad del legislador: las enseñanzas y los limites de los artículos 123 y 152.1 CE. 4. El recurso de casación contencioso-administrativo basado en el interés casacional objetivo constituye una novedad: sin embargo, no es una revolución ni supone adentrarse en el seno de un paraje ignoto. 5. Las previsiones de entrada de recursos de casación tras el 22 de julio de 2016. 6. Delimitación de los criterios definidores del interés casacional: cómo y cuándo. 7. Algunos aspectos procedimentales del nuevo recurso de casación. 8. ¿Hay que motivar la admisión/inadmisión de los recursos? 9. Retos organizativos y gubernativos en el Tribunal Supremo como consecuencia de la nueva casación contenciosa. 10. El recurso de casación ante las salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia.

1. Planteamiento introductorio. 2. Destronamiento generalizado de la licencia urbanística. 3. Medidas contra el denominado "feísmo urbanístico" 4. Particulares supuestos de intervención. 5. Disciplina urbanística.

1. Introducción. 2. El concepto de interesado y la relación jurídico-administrativa. 2.1. El interesado en la Constitución Española. 2.2. El interesado en el marco de la relación jurídico-administrativa. 2.2.1. Caracteres. 2.2.2. Elementos. 2.3. Clases de interesado. 3. La regulación de la figura del interesado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3.1. La capacidad de obrar ante la Administración. 3.2. El interesado. 3.3. La representación del interesado. 3.4. La identificación y firma del interesado. 3.5. La "administración amable". 4. Conclusiones.

1. Significación teórica y tensiones en la práctica. 2. Revisión de oficio de actos nulos y declarativos de derechos de un particular a instancia de la Administración o de un tercero. 3. Revisión de actos de gravamen a favor del afectado directo o destinatario del acto. Régimen de inadmisión. 4. Compatibilidad de la revisión de oficio con casos en que inicialmente se revela un puro interés jurídico objetivo, en especial cuando finalmente se revele un interés subjetivo en la defensa del acto que se pretende sustituir. 5. ¿Revisión de oficio en controversidas entre Administraciones, o bien necesidad de accionar por la vía de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)? 6. Trámites del procedimiento de revisión de oficio. 7. La acción de nulidad del particular. 8. Procedencia "en cualquier momento". 9. El artículo 106.3 de la LPAC. Revisión de oficio de disposiciones administrativas. 10. el artículo 106.3 de la LPAC. Inadmisión a trámite. 11. El artículo 106.4 de la LPAC. Indemnizaciones que proceda reconocer. 12. El artículo 106.5 de la LPAC: la caducidad y las desestimaciones presuntas de acciones de nulidad. 13. La suspensión del artículo 108 de la LPAC. 14. El límite de la revisión del artículo de la LPAC. 15. Artículo 111 de la LPAC.

1. Introducción. 2. Iniciación. 2.1. Las formas de iniciación del procedimiento, con especial referencia a la denuncia. 2.2. Información y actuaciones previas. 2.3. Medidas provisionales. 2.4. La deficiente regulación de la subsanación de las solicitudes. 2.4.1. Defectos subsanables y defectos no subsanables. 2.4.2. El deber de la Administración de requerir al interesado y de otorgar un plazo de subsanación. Consecuencias de su incumplimiento. 3. Actos de instrucción. 3.1. La práctica de la prueba. 3.2. Los informes. 4. La terminación del procedimiento.

I. Ejecución del planeamiento. 1. Agente urbanizador: naturaleza de la selección y adjudicación. 2. Ejecución de obras de ampliación y mejora: asunción de costes. 3. Expropiación forzosa: por ministerio de la ley. II. Disciplina urbanística. 1. No procede sustituir la demolición por una indemnización al afectado directo por la construcción en los supuestos en que la obra se ha ejecutado al amparo de una licencia ilegal, incompatible con el planeamiento urbanístico. 2. La inadmisible "dificultad" para ejecutar la demolición de una construcción ilegal, declarada por sentencia firme, consecuencia de maniobras dilatorias. 3. Importancia del informe jurídico en el expediente de concesión de licencia urbanística, por su carácter preceptivo, máxime cuando ya se han emitido anteriormente informes jurídicos desfavorables relacionados con la actuación o expediente.