Hemeroteca

I. Consideraciones generales. II. El nuevo estándar de intercambio automático de información de cuentas financieras. III. Intercambio automático de "tax rulings" y APAs transfronterizos. IV. Intercambio automático de la información "país por páis". V. Intercambio automático de información sobre el "beneficial ownership". VI. Las necesidades de protección del contribuyente en el intercambio automático de información.

I. Introducción. II. La configuración legal de los órganos de control externo. 1. Independencia y fiscalización. 2. La jurisdicción contable. III. Algunos aspectos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa y de la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la LO 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos y la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. IV. La reforma del control externo.

I. Introducción. II. La disociación de la potestad para comprobar e investigar (imprescriptible, salvo en el caso de los llamados créditos fiscales) y del derecho a liquidar (prescriptible). 1. ¿Novedad de la reforma?: el reconocimiento explícito en la LGT de que la potestad comprobadora de la Administración "no prescribe" salvo que afecte a "créditos fiscales" (bases imponibles negativas, deducciones o cuotas a compensar) que se limita a diez años. 2. ¿Qué puede comprobar e investigar la Administración de ejercicios prescritos? 3. ¿En qué procedimientos puede desarrollarse esa comprobación e investigación de situaciones acontecidas en ejercicios prescritos? 4. Si la Administración puede comprobar e investigar hechos "prescritos" ¿puede el obligado tributario rectificar las autoliquidaciones afectadas por dicha comprobación? 5. ¿Puede interrumpirse el plazo limitado de comprobación e investigación referido a "créditos fiscales" (bases imponibles, deducciones o cuotas compensadas o pendientes de compensación)? 6. ¿Tienen carácter preclusivo las comprobaciones e investigaciones que se hubieran realizado sobre los mismos hechos en otros ejercicios? los límites derivados de la seguridad jurídica, la confianza legítima y la doctrina de los actos propios. 7. ¿Puede la Administración alterar la calificación fiscal de los hechos y actos realizados en ejercicios prescritos? 8. La acreditación de datos originados en ejercicios prescritos una vez superado el plazo máximo de comprobación. III. La interrupción de la prescripción en el caso de obligaciones tributarias conexas (artículo 68.9 LGT). IV. Cómputo del plazo para determinar la deuda tributaria en los tributos de cobro periódico (artículo 67.1 "in fine").

I. Introducción. II. Una aproximación general al problema de la justicia ambiental y las barreras económicas. 1. Particularidades de las barreras económicas en los litigios medioambientales. III. Principales barreras económicas en el acceso a la justicia ambiental en España. 1. Costos de servicios profesionales. 2. Condena en costas. 3. Cauciones. 4. Tasas y depósitos judiciales. IV. Marco normativo de acceso a la justicia ambiental y su incidencia en las barreras económicas. 1. Derecho internacional. 2. Situación en Europa. 3. Nivel constitucional y legal. V. Principales mecanismos jurídicos para superar las bareras económicas en el acceso a la justicia ambiental. 1. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 2. Modificación del régimen de condena en costas. 3. Modificación de las exigencias para la adopción de medidas cautelares. 4 Modificación del régimen de tasas judiciales. VI. Conclusiones.

I. Introducción. II. Huida del concepto de monte. III. La titularidad de la propiedad en los montes vecinales en mano común. IV. Concurrencia de las notas del dominio público. V. Gestión comunitaria del uso y aprovechamiento. VI. La expresión de la voluntad de los comuneros a través de los Estatutos de la Comunidad. VII. Forma de participación en los aprovechamientos del monte vecinal. VIII. Alcance de la intervención administrativa. 1. Los jurados de montes vecinales en mano común. 2. La obligación de deslinde y amojonamiento. 3. Las obligaciones de la Administración pública en los supuestos de extinción de la agrupación vecinal o abandono del monte. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.

I. La imperiosa necesidad de la participación ciudadana en materia de residuos. 1. El principio de participación en una propuesta de clasificación de los principios de la legislación de residuos. 2. Mayor necesidad de participación ciudadana en el ámbito de los residuos. II. Las previsiones legales sobre el acceso a la información y participación en materia de residuos. 1. Los residuos en la normativa de AARHUS. 2. La cuádruple previsión de la Ley de Residuos sobre el acceso a la información y participación. 3. Conclusión: principio general de Derecho ambiental sin especiales particularidades en materia de residuos. III. Aportaciones jurisprudenciales a la exigencia de participación en materia de residuos. 1. Planes de residuos y emplazamiento de instalaciones de tratamiento. 2. Autorizaciones de gestión de residuos. 3. Ordenanzas municipales. IV. Conclusiones.

I. Introducción. II. Las competencias. III. Los órganos.

I. Trayectoria y valoración general. II. Legislación. Mantenimiento del modelo procedimental propio de evaluación de impacto ambiental. III. Organización y ejecución. 1. Organización. 2. Ejecución. A) Ordenación del Territorio y Planificación ambiental. B) Espacios naturales protegidos y recursos naturales. C) Subvenciones y ayudas ambientales. D) Instrumentos de mercado y tributos ambientales. E) Contaminación. F) Inspección ambiental. IV. Jurisprudencia ambiental destacada. V. Lista de Autoridades.

1. El impulso político en el Parlamento post-bipartidista. 2. El control del cumplimiento de las mociones en el Derecho parlamentario estatal y autonómico. 3. El nuevo procedimiento de control de las mociones en el Parlamento andaluz.