Hemeroteca

1. La obtención de la prueba digital. 2. La importancia del tiempo en la investigación forense. 3. Las dificultades procesales de la pericial informática.

1. Proactividad. 2. Claridad y accesibilidad. 3. Aplicación coherente. 4. Actualización y recordatorio permanentes. 5. No expectativa de intimidad. 6. Salvaguarda de la productividad. 7. Las redes sociales corporativas como instrumentos de trabajo. 8. Límites al control empresarial de las redes privadas. 9. Extensión de la libertad de comunicación. 10. Desconexión del trabajador tras la jornada de trabajo.

1. El impacto del RGPD en las Administraciones Públicas. 2. El Delegado de protección de datos en las Administraciones Públicas.

1. DPD único para varias autoridades y organismos. 2. Lo habitual: a tiempo completo. 3. Implicaciones de la posición del DPD. 4. Cualidades profesionales. 5. Principales tareas del DPO.

1. Identificar de forma precisa las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que llevan a cabo. 2. Tanto el interés público como los poderes públicos que justifican el tratamiento deberán estar establecidos en una norma de rango legal. 3. En aquellos casos en que la base jurídica de los tratamientos sea el consentimiento, este deberá tener las características previstas por el RGPD. 4. Adecuar al RGPD la información que se ofrece a los interesados cuando se recogen sus datos. 5. Establecer mecanismos visibles, accesibles y sencillos, incluidos los medios electrónicos, para el ejercicio de derechos. 6. Implantar procedimientos que permitan responder ante los ejercicios de derechos en los plazos previstos por el Reglamento. 7. Valorar si los encargados con los que se hayan contratado o se vayan a contratar operaciones de tratamiento ofrecen garantías. 8. Adaptar los contratos de encargo actualmente suscritos a las previsiones del Reglamento. 9. Efectuar un análisis de riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos de todos los tratamientos de datos que se desarrollen. 10. Crear un registro de actividades de tratamiento. 11. Revisar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos a raíz de los resultados del análisis de riesgo de los mismos. 12. Instaurar mecanismos para identificar con rapidez la existencia de violaciones de seguridad de los datos. 13. Evaluar si los tratamientos que se realizan requieren una Evaluación de Impacto. 14. Designar un Delegado de Protección de Datos (DPD). 15. Ajustar los instrumentos de transferencia internacional de datos personales a las previsiones del Reglamento.

I. El legislador frente a la incertidumbre y complejidad derivada de las nuevas tecnologías. II. Proceso de elaboración ascendente. III. El Reglamento Europeo de Protección de Datos: emplazamiento a un segundo proceso de elaboración ascendente.

I. Reconocimiento de la acción pública urbanística. II. Legitimación activa distinta de la específica. III. Compatibilidad legitimación pública con la específica. IV. Finalidad de la acción pública urbanística. V. Límites a la acción pública.

I. Introducción: la reforma de la casación para volver a sus orígenes y los delitos medio ambientales. II. La reforma de la casación penal: su regulación legal y primeras interpretaciones judiciales. III. Jurisprudencia reciente. IV. Bibliografía básica.

Al no existir en el procedimiento criterios sujetos a evaluación previa no se desvela información de la oferta que pudiera haber contaminado la valoración a realizar por el órgano de contratación.

Está incursa en la prohibición de contratar prevista en el art. 60.1 c) TRLCSP, y a ello no obsta el que esté ante un procedimiento relativo a un acuerdo marco.