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I. PROPUESTA SOBRE LA REGULACIÓN DEL DESISTIMIENTO. II. DATOS CUANTITATIVOS. III. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DESISTIMIENTO. IV. COOPERACIÓN ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS. V. OTRAS PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LA LOTC. 1. EL CONTROL DE LOS DECRETOS-LEYES. 2. SOBRE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 3. EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y EL CONTROL DE LOS REGLAMENTOS. 4. INFORMES PREVIOS Y REDACCIÓN DEL PROYECTO. VI. LA CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

I. EL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE COMO ELEMENTO CLAVE DE LA LEY DE COSTAS DE 1988: DE UN SIMPLE ACTO DECLARATORIO DE ESTADOS POSESORIOS A UN ACTO DECLARATIVO DE LA TITULARIDAD DOMINICAL A FAVOR DEL ESTADO. 1. Concepto: una manifestación de la autotutela administrativa. 2. Órgano competente: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 3. Procedimiento: la notificación a los propietarios colindantes y el trámite de información pública. 4. Efectos: en la Ley de Costas vigente el deslinde pasa de ser un simple acto declarativo de estados posesorios con eficacia limitada -como era en la Ley de Costas de 1969- a ser un acto declarativo de la titularidad dominical a favor del Estado. III. RECURSOS CONTRA EL DESLINDE. 1. Acción pública. 2. Recurso de reposición. 3. Recursos contencioso-administrativos: no solo por cuestiones de competencia y procedimiento, sino también de fondo. 4. Juicios civiles: su suerte viene determinada por el resultado del deslinde administrativo. III. DESLINDE Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD: LA RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS HIPOTECARIOS MEDIANTE LA POSIBILIDAD DE RECTIFICAR LOS ASIENTOS REGISTRALES EN BASE A LAS RESOLUCIONES DE DESLINDE. IV. LA CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESLINDE. 1 La caducidad de los procedimientos en general. 2. Deslindes iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de Procedimiento de las Administraciones Públicas, es decir, deslindes iniciados antes del día 14 de abril de 1999: no están sujetos a plazo y, por tanto, no se produce nunca la caducidad del deslinde. 3. Deslindes iniciados entre la entrada en vigor de la Ley 4/1999 y la de la Ley 53/2002 que modificó el art. 12.1 de la Ley de Costas, es decir, deslindes iniciados entre el 14 de abril de 1999 y el 31 de diciembre de 2002: el plazo para resolver esos procedimientos es de seis meses, transcurridos los cuales se produce la caducidad. 4. Deslindes iniciados con posterioridad a la Ley 53/2002, es decir, a partir del día 1 de enero de 2003: el plazo máximo de duración de esos procedimientos es de dos años, transcurridos los cuales sin haberse notificado la resolución se produce la caducidad. 5. Otras cuestiones sobre la duración del procedimiento de deslinde: fecha de iniciación, ampliación y suspensión. 6. Efectos de la caducidad del deslinde.

I. EL PUNCTUM SALIENS DE LOS DESLINDES: LA CONVERSIÓN DE PROPIETARIOS EN CONCESIONARIOS. 1. La privación de la propiedad en aplicación de la Ley de Costas de 1988 es una expropiación pero se considera que el propietario recibe el justiprecio en virtud de la concesión para seguir disfrutando de su bien durante sesenta años. 2. El informe Auken. II. LA ANCHURA DE LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN RESPECTO A LOS TERRENOS QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS ESTABAN CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO O COMO SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO CON PLAN PARCIAL. 1. De la servidumbre de salvamento en la Ley de Costas de 1969 (20 metros) a la servidumbre de protección en la Ley de Costas de 1988 (100 metros). 2. Primera posibilidad de que se aplique una servidumbre de protección de sólo 20 metros: terrenos clasificados como suelo urbanizable programado o apto para la urbanización con Plan Parcial aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas: el caso del hotel construido en la playa de El Algarrobico. 3. Segunda posibilidad de que se aplique una servidumbre de protección de sólo 20 metros: terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas. 4. La doctrina jurisprudencial conocida como "la fuerza normativa de lo fáctico en relación con el suelo urbano". III. LA FIJACIÓN DE LA CUANTÍA EN LOS RECURSOS DE CASACIÓN QUE VERSAN SOBRE DESLINDES DE LAS COSTAS. 1. Procesos que deberían ser de inequívoca cuantía indeterminada. 2. Su conversión jurisprudencial en procesos de cuantía determinada: el órgano jurisdiccional ejerciendo funciones de tasador inmobiliario a la baja. 3. Se aplican todas las reglas que sirven para fijar la cuantía en casación, no se admite la apertura de un periodo de prueba para que las partes puedan acreditar la cuantía casacional e incluso se habla de una "presunción de insuficiencia de la summa gravaminis". IV. LA IMPORTANCIA DE LAS CUESTIONES PROBATORIAS EN LOS JUICIOS SOBRE DESLINDES: LAS LIMITADAS POSIBILIDADES DE REVISAR EN CASACIÓN LA VALORACIÓN PROBATORIA DE INSTANCIA. 1. Regla general: en el recurso de casación no puede modificarse la valoración de la prueba llevada a cabo en la instancia. 2. Excepciones a esa regla general: los siete temas probatorios que pueden ser tratados en un recurso de casación. 3. La dificultad de que el TS revise la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal de instancia sobre la inclusión o no de los terrenos afectados en alguna de las categorías del dominio público marítimo. 4. Posibilidades prácticas de rectificar en casación la valoración probatoria de la sentencia de instancia sobre el deslinde: el uso del art. 88.3 de la LJCA; la falta de toma en consideración de dictámenes periciales por el Tribunal de instancia; valoraciones contradictorias entre parcelas limítrofes de las mismas características; valoración manifiestamente errónea de documentos del expediente, etc. V. EPÍLOGO.

1. Planteamiento de la cuestión. 2. La especialidaddel sector tributario. 3. La naturaleza de las sancionesadministrativas como factor determinante de la indebidainclusión de las sanciones pecuniarias entre los componentesde la deuda tributaria. 4. La finalidad indemnizatoria delos intereses de demora y su incorrecta aplicación sobre lassanciones tributarias no firmes, como consecuencia de lainterposición de recurso o reclamación económico -administrativa. 5. Conclusiones.

I. Consideraciones generales. II. Relaciones con los vecinos. 1. Padrón Municipal de Habitantes. 2. Utilización de los datos del Padrón Municipal para efectuar comunicaciones a los vecinos. 3. Utilización de los datos del Padrón Municipal de Habitantes por los propios servicios municipales. 4. Acceso a la información por parte de los concejales. 5. Acceso a la información por otras administraciones. 6. Cesión de datos a particulares. III. Información de la actividad realizada por la Administración local. 1. Grabaciones de plenos. 2. Reflexiones sobre el cumplimiento de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. IV. Otras consideraciones sobre el día a día.

1. Delimitación Normativa. 2. Concepto deìReglamento Ejecutivo en la Jurisprudencia. 3. Casuística yìsistemática jurisprudencial respecto a la obligatoriedad delìdictamen. 4. Garantías procedimentales del dictamen segúnìla jurisprudencia.

I. El supuesto de hecho de la STS de 21 de octubre de 2008. II. La forma de recurrir en casación la extemporaneidad declarada por el Tribunal de instancia. III. El vencimiento de los plazos. IV. La presentación el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. V. La llamada rehabilitación de plazos. A) En general. B) En los escritos de preparación y de interposición de los recursos no se admite la rehabilitación de plazos. C) Es dudosa la admisión de la rehabilitación de plazos en los escritos de oposición de los recursos de casación. VI. Los plazos durante el mes de agosto. VII. Los plazos en los escritos presentados por medios telemáticos. VIII. Epílogo.

I. Introducción. II. Obligaciones mayores son recursos menores. III. ¿Propios o terceros? ¿a quiénes hacemos responsables de la implementación y auditoría de seguridad de la información y cómo afecta ENS, RGPD y NIS 2 la toma de estas decisiones en las administraciones públicas de menor tamaño? IV. Ciber concienciación y ciber formación: retos y oportunidades. V. El precio de no asumir el coste. VI. El impacto de la inteligencia artificial en el cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas administraciones locales en materia de seguridad de la información y protección de datos personales. VII. A manera de conclusión. VIII. Referencias.

1. Introducción. 2. El Perfil Actual del Directivo Público. 3. Delimitación y ámbito de la figura del directivo público. a) Consideraciones generales. b) Principales tendencias en la configuración del directivo público. c) El directivo público en España. 4. La formación del directivo público. a) Consideraciones generales. b) La situación española. 5. Bibliografía básica consultada.

I. Las fases de la transición. II. La Ley para la reforma política. III. La apertura al pluralismo. IV. Bibliografía.