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I. Introducción. II. Supuestos en los que las víctimas no tienen el deber jurídico de soportar los daños producidos por las inundaciones. Modulaciones a esta regla: fincas situadas en zonas inundables y obligaciones de los ribereños. III. Títulos a través de los cuales cabe imputar responsabilidad a la Administración hidráulica por causa de inundaciones. IV. El deber general de actuación que pesa sobre las Confederaciones Hidrográficas en relación con la conservación de los cauces: sus límites. 1. La necesidad de que la intervención en los cauces constituya una actuación moderada y compatible con la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. 2. La imposibilidad de realizar actuaciones de conservación al no autorizarlo otra Administración pública. 3. El traspaso de funciones a las Comunidades Autónomas en materia de obras hidráulicas relativas a encauzamientos y defensa de márgenes. V. La responsabilidad por daños derivados de la gestión de las infraestructuras hidráulicas: en especial, las operaciones de desembalse. VI. Daños por la ejecución de obras o instalaciones de titularidad de la Administración hidráulica o de terceros: 1. Supuestos de responsabilidad directa por obras. 2. Supuestos de responsabilidad indirecta por la acción de terceras personas. VII. La fuerza mayor como causa eximente de responsabilidad en el supuesto de inundaciones. VIII. Conclusiones.

1. Introducción. 2. Problemática general: a) Laìresponsabilidad administrativa por actos. b) La cláusula delìartículo 40.2 LRJAE. 3. Presupuestos de nacimiento de laìresponsabilidad extracontractual de la AdministraciónìPública. a) Notas características. b) Conceptosìindemnizables. 4. Denegación de Licencias obtenidas porìSilencio Administrativo. 5. Problemas procesales ....

I. Introducción. II. El cuestionable dogma de la autonomía. III. Evolución: responsabilidad y sostenibilidad. IV. Alcance de la cláusula constitucional. V. Los títulos de imputación de la responsabilidad. VI. Retos.

I. Un principio firmemente asentado pero no exento de algunas incertidumbres. II. El recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión ante el Tribunal de Justicia. III. La regulación establecida en la Ley del Régimen jurídico del sector público no resiste el contraste con el principio de efectividad. IV. La regulación española no supone un ámbito de aplicación del principio de equivalencia. V. El impacto de esta sentencia en nuestro sistema.

I. Introducción y alcance de la cuestión. II. La regulación actual. III. La situación jurisprudencial. IV. Conclusiones y propuestas.

1. Introducción al problema de la responsabilidadconcurrente de las Administraciones Públicas en losprocedimientos bifásicos. 2. Situación tras lasmodificaciones introducidas por la Ley 4/1999. 3. Laposiblildad de alterar el régimen de la solidaridad en loscasos de disposición expresa. 4. Distribución de laresponsabilidad. Separación entre solidaridad en lareclamación del daño y la efectiva asunción de laresponsabilidad. 5. las soluciones en derecho comparado y enel Derecho comunitario. 6. Consideraciones críticas en tornoal Dictamen del Consejo de Estado de 18 de noviembre de 1999(num.3153/1999). 7. Conclusiones.

I. Preliminar. Consideraciones generales. II. La revisión de oficio y sus límites: régimen legal. III. La potestad de revisión de oficio. Rasgos esenciales. IV. Revisión de oficio. Entra la legalidad y la seguridad jurídica. V. La necesaria reconducción del tema hacia el plano de la casuística. VI. Reducción y control de la discrecionalidad: un imperativo insoslayable. VII. Los límites al ejercicio de la acción revisora. VIII. La revisión de oficio y sus efectos.

I. Introducción: la explosión de una guerra a las puertas de Europa y sus consecuencias en el ámbito de la contratación pública. II. Mecanismos que permiten excepcionar la aplicación del principio de riesgo y ventura. III. Estado de la cuestión y evolución histórica de la institución jurídica de la revisión de precios en España: 1. Estado de la cuestión. 2. Perspectiva histórica y evolución de la figura. IV. El fracaso del sistema vigente de revisión de precios. V. Las medidas adoptadas en Francia y Portugal. Vi. Propuestas de reforma Normativa a la luz de la nueva estrategia nacional de contratación pública. VII. La última respuesta del legislador español: la ley 11/2023, de 8 de mayo. VIII. Conclusiones.

I. Planteamiento, objetivos y justificación metodológica. II. Análisis de casos relevantes sobre revocación de actos de gravamen y su incidencia procesal: 1. Casos resueltos por los tribunales del orden contencioso-administrativo. 2. Otros casos estudiados por el Consejo de Estado y por los consejos consultivos autonómicos. 3. La escasa información que ofrecen las Administraciones públicas sobre el ejercicio de su potestad revocatoria. III. Marco jurídico básico de la revocación: 1. Objeto de la revocación. 2. Motivos de la revocación. 3. Procedimiento de revocación: 3.1. Iniciación del procedimiento de revocación. 3.2. Instrucción del procedimiento de revocación. 3.3. Plazo para resolver y resolución revocatoria. 3.4. Límites de ejercicio de la potestad revocatoria. IV. Resultados: eficacia material y procesal de la revocación: 1. Eficacia material de la revocación. 2. Eficacia procesal de la revocación: 2.1. Impacto de la revocación sobre un proceso pendiente. 2.2. Revocación y satis-facción extraprocesal. 2.3. Revocación y retrotracción del expediente sancionador .V. Discusión y conclusiones

1. Introducción. 2. La certificación del acto presunto negativo. 3. Admisibilidad de resoluciones tardías y de resoluciones extemporáneas en la LRJPAC. 4. El recurso a la técnica de la revocación del acto presunto desfavorable y la presencia de terceros interesados en el mantenimiento del acto presunto negativo. 5. Conclusiones.