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ESTUDIO. I. Introducción. 1. Naturaleza jurídica de la suspensión. 2. Motivos, justificación y finalidad de la suspensión. 3. Ámbito objetivo. 4. Ámbito temporal. 5. Órgano competente. 6. Procedimiento. 7. Contenido. 8. Medidas accesorias o régimen provisional o transitorio. II. Normativa. 1. Andalucía. 2. Asturias. 3. Castilla-La Mancha. 4. Castilla y León. 5. Cataluña. 6. Extremadura. 7. Galicia. 8. Madrid. 9. Valencia. PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS. 1. Solicitud del Ayuntamiento para la suspensión del planeamiento en vigor, como consecuencia de la aprobación del instrumento de planeamiento. 1.1. Providencia de la alcaldía a los servicios técnicos al objeto de valorar la necesidad de suspender el planeamiento en vigor. 1.2. Informe técnico sobre la necesidad de suspender el planeamiento en vigor. 1.3. Propuesta para sometimiento al Pleno Municipal de la solicitud al órgano autonómico para la suspensión del planeamiento en vigor. 1.4. Acuerdo por parte del Pleno Municipal por el que se acepta/rechaza la suspensión de planeamiento en vigor. 1.5. Oficio al órgano autonómico solicitando la suspensión del planeamiento en vigor como consecuencia de la tramitación de la aprobación del instrumento de planeamiento. 2. Escrito de alegaciones del Ayuntamiento al procedimiento tramitado por el órgano autonómico relativo a la suspensión del planeamiento en vigor como consecuencia de la aprobación del instrumento de planeamiento. 2.1. Trámite de audiencia concedido por el órgano autonómico. 2.2. Providencia de la alcaldía a los servicios técnicos, requiriendo informe sobre la propuesta de suspensión del planeamiento en vigor realizada por el órgano autonómico. 2.3. Informe técnico sobre la necesidad o conveniencia de la suspensión del planeamiento en vigor. 2.4. Propuesta de acuerdo al Pleno Municipal para confirmar/rechazar la suspensión del planeamiento en vigor. 2.5. Acuerdo por parte del pleno municipal por el que se acepta/rechaza la suspensión de planeamiento en vigor. 2.6. Oficio al órgano autonómico en contestación a la audiencia en el expediente relativo a la suspensión de planeamiento en vigor.

I. Introducción. II. La suspensión de la ejecutividad administrativa y su incidencia en la prescripción de la orden de restitución de la legalidad urbanística. III. La suspensión de la ejecutividad administrativa y su incidencia en la prescripción de las sanciones impuestas.

I. LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. II. LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE LA SUSTITUCIÓN EN EL DEBER DE EDIFICAR. 1. ANTECEDENTES. 2. EL REGLAMENTO DE EDIFICACIÓN FORZOSA Y REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES. 3. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA DE 1976. 4. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA DE 1992. 5. EL RD 1093/1997, DE 4 DE JULIO, SOBRE NORMAS COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO HIPOTECARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE NATURALEZA URBANÍSTICA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. III. REGULACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL DEBER DE EDIFICAR EN LAS LEYES URBANÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

I. Introducción. II. La declaración de nulidad del planeamiento, su alcance y efectos, sustantivos y procesales. III. Repercusiones de la anulación judicial posterior de un plan conforme al cual se había solicitado licencia, en el caso de falta de resolución expresa tempestiva sobre ésta. IV. La preceptividad del informe de sostenibilidad económica y la memoria de viabilidad económica y la posibilidad de su cumplimiento en y con el estudio económico-financiero. V. La reserva de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. VI. La regularidad del plan y los informes sectoriales preceptivos. VII. La impugnación del planeamiento y la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. VIII. La anulación de plan urbanístico y sus consecuencias en el seno del incidente de ejecución de Sentencias, así como de su contradicción con el planeamiento territorial. IX. La alteración del planeamiento y la responsabilidad patrimonial.

I. Introducción. II. Antecedentes y concepto. III. Contenido. IV. Responsabilidad de la Administración por la expedición de la cédula urbanística.

I. Introducción: el contexto en el que se asienta el presente análisis. II. Sobre el interés público de las instalaciones eléctricas a efectos de la expropiación de terrenos: sobre la declaración de utilidad pública. III. Sobre la regulación autonómica de las DUP. IV. Sobre el interés público de las instalaciones de energía renovable a efectos de la implantación de estas en suelo no urbanizable. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Introducción. II. La sostenibilidad financiera como presupuesto necesario para la existencia y pervivencia de una sociedad pública urbanística local. III. Las sociedades públicas urbanísticas, también las locales, no están exentas del cumplimiento de los principios medioambientales, en particular, del de información ambiental. IV. La escasa, cuando no carente, inoperatividad de las sociedades públicas urbanísticas en pequeños municipios. V. Las sociedades públicas urbanísticas rehabilitadoras, regeneradoras y renovadoras de la ciudad como mecanismo revitalizador de la economía en municipios especiales. VI. Conclusiones.

I. Introducción. La valoración del suelo rural y el coeficiente de localización en la LS 07 y en la actualidad. II. La valoración del suelo no urbanizable en la normativa y jurisprudencia previa a la LS 07: la localización y su vinculación con las expectativas urbanísticas. III. La valoración del suelo rural en la LS 07 y la prohibición de considerar las expectativas urbanísticas del suelo. IV. La regulación del coeficiente de localización en la LS 07 y su desarrollo reglamentario. V. El efecto de la STC no 141/2014 en la determinación del coeficiente de localización.

I. Introducción. II. Las metodologías previstas en el RV. III. La determinación de la fórmula aplicable.

I. La LS 07 y su régimen de valoraciones. II. La valoración del suelo no urbanizable en las anteriores leyes de suelo III. La valoración del suelo rural en la LS 07 (TRLS 15) y el RVLS. IV. La determinación de la renta de la explotación. V. Conclusiones.