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I. Los plazos en la instrucción. II. La declaración del investigado dentro del sistema de plazos. III. Conclusiones.

I. El procedimiento abreviado como cauce natural y obligatorio en extranjería. II. Materia y cuantía: delimitación objetiva y su proyección en extranjería. III. La iniciación del procedimiento: la demanda como acto fundacional. IV. Admisión, traslado y posible tramitación escrita. V. La Vista: Núcleo Oral Del Procedimiento Abreviado. VI. La prueba en extranjería: intensidad fáctica en un procedimiento oral. VII. La tutela cautelar en materia de extranjería: estructura general y especialidades. VIII. Tramitación de la pieza separada en el procedimiento abreviado. IX. Medidas cautelarísimas: urgencia excepcional en expulsiones inminentes. X. Medidas cautelares en supuestos de inactividad o vía de hecho. XI. Garantías y vigencia: caución y modificación. XII. Conclusiones.

I. Introducción. II. Naturaleza de la demolición. III. La demolición como regla general. IV. Posibles excepciones a la demolición. V. La necesidad e motivación. VI. La praxis de algunos órganos judiciales de no acordar la demolición y remitirse a la Administración para que acuerde la demolición. VII. Suspensión de la demolición acordada. VIII. Consecuencias del Decreto 2/2012 de 10 de enero en la demolición acordada por el órgano penal.

I. Introducción. II. Situación de hecho enjuiciada. III. Doctrina del Tribunal Supremo. IV. Conclusiones.

I. La supresión de la información corporativa en vistas a un futuro proceso. II. El objeto de la protección de los datos de carácter personal. III. La protección de datos en el ámbito de la investigación penal. IV. El principio de integridad en el tratamiento de los datos de carácter personal. V. La minimización de los datos de carácter personal. VI. El deber de diligencia en la conservación de los datos del titular de los datos de carácter personal. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía

I. Concepto. II. Tipología de desviación procesal. III. Iter decidendi y principio de congruencia. IV. Incongruencia como motivo de recurso. V. La Mutatio Libelli, un supuesto clásico no contemplado en el artículo 69 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. VI. La insubsanabilidad procesal de la desviación procesal por las partes y la facultad excepcionalísima judicial. VII. La excepción del artículo 56 LJCA.

I. Introducción. II. La diligencia de entrada y, en su caso, registro. 1. Concepto y finalidad. 2. Naturaleza. 3. Ámbito: delitos graves (concepto material de gravedad). 4. Tipología y régimen legal aplicable. 5. Régimen legal aplicable. III. Punto de partida: la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental. 1. Concepto de domicilio a efectos de su protección constitucional por el art. 18.2 CE. 2. Criterios a los que acudir en caso de duda. 3. Algunos supuestos, en concreto, que tienen o no la consideración de domicilio. V. Entrada y registro en lugares cerrados que no tienen la consideración de domicilio. V. La entrada y registro en el domicilio o morada con el consentimiento de su titular. 1. Qué supone consentir y quién debe consentir. 2. Requisitos para la validez del consentimiento. 3. En particular, forma y documentación del consentimiento. VI. Entrada y registro en caso de flagrante delito1. 1. Concepto y naturaleza del delito flagrante. 2. Elementos que determinan la existencia de un delito flagrante y necesidad de su prueba. 3. Distinción entre entradas por delito flagrante y entradas en casos de estado de necesidad. 4. En particular, el delito (flagrante) de desobediencia por la negativa a identificarse ante la Policía que acude a una fiesta «ilegal». VII. Consecuencias de la incorrecta ejecución de la entrada y registro. 1. Infracciones legales: pérdida de carácter de prueba preconstituida. 2. Nulidad absoluta de la diligencia por vulneración de derechos fundamentales. Alcance. Antijuridicidad de la prueba. 3. Delito de allanamiento de morada. VIII. Conclusión.