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I. Introducción. II. Ámbito de aplicación. III. La denuncia. IV. Medidas de protección frente a represalias. La protección del informante. V. Conclusión.

I. Objeto y planteamiento del presente artículo. II. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las vinculaciones y limitaciones singulares que llevan consigo una restricción de la edificabilidad. III. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las vinculaciones y limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del uso. IV. Análisis crítico de la jurisprudencia del TS. V. Conclusiones.

I. ANTECEDENTES EN LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES. 1. Normativa anterior a la Ley 13/1995, de 18 de mayo. A) Suministros menores. B) Obras inferiores a 5000.000 pesetas. C) Contratos menores de asistencia. 2. Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 3. Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000. II. LA FIGURA DEL CONTRATO MENOR A PARTIR DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1. Regulación del contrato menor en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 2. Principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público con respecto al contrato menor. A) Ampliación de las cuantías por debajo de las cuales se puede utilizar la figura del contrato menor. B) La regulación se unifica en los arts. 95 y 122 de la nueva Ley. C) Generalización de esta figura para todos los contratos, incluyendo los contratos privados y los contratos administrativos especiales. 3. Notas características de los contratos menores. 4. Otras figuras que se tramitan como contratos menores. A) La suscripción a revistas y otra publicaciones, cualquiera que sea su soporte. B) Régimen de contratación de actividades docentes. art. 280 LCSP. C) Prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y por importe de 30.000 euros. 5. Tramitación de los contratos menores. A) Incorporación de la factura. B) Aprobación del gasto. C) Especialidades en el contrato menor de obras. D) El expediente en los contratos menores. Requisitos exigibles al contratista en un contrato menor. 1.º Capacidad de obrar. 2.º Habilitación profesional necesaria. E) El pago en los contratos menores. 6. La modificación de los contratos menores. III. LA PROBLEMÁTICA DEL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS. IV. LA GESTIÓN DEL GASTO EN LOS CONTRATOS MENORES: IMPORTANCIA DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 1.º Hasta qué importes se pueden acumular las fases de Autorización del Gasto, Disposición y Reconocimiento de la Obligación, en un documento ADO, sin necesidad de Propuesta de Gasto y sin Retención de Crédito previa. 2.º A partir de qué importes se pueden acumular las fases A, D y O, pero se exige que exista retención de crédito, y la correspondiente PROPUESTA DE GASTO. 3.º A partir de qué importes se exige una adjudicación del gasto, mediante acuerdo del órgano competente. 4.º Límites cuantitativos dentro del contrato menor en los que se tramitará específicamente una Fase A de autorización del Gasto. 5.º En qué casos será exigible la solicitud de varias ofertas. V. CONCLUSIONES.

I. Introducción. II. Regulación de la sociedad pública como medio propio. III. La encomienda de gestión como medio de asignación de tareas. IV. Participación en la realización de la prestación por un tercero. La subcontratación. V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN. II. DE LAS CLASES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 1. PERSONAL FUNCIONARIO. 2. PERSONAL LABORAL. III. EL RECURSO DE LA INTERINIDAD. IV. SELECCIÓN DEL PERSONAL INTERINO. V. NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL INTERINO. VI. CESE Y REVOCACIÓN DEL PERSONAL INTERINO. VII. LIMITACIONES O CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL INTERINO. 1. RÉGIMEN RETRIBUTIVO. 2. RÉGIMEN DE PREVISIÓN SOCIAL. 3. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. VIII. LA INTERINIDAD EN LA ACTUALIDAD. IX. A QUIÉN BENEFICIA LA INTERINIDAD. X. EL CASO DE LOS SECRETARIOS-INTERVENTORES. XI. CONCLUSIONES.

1. Planteamiento del tema. 2. Interpretación conjunta de los preceptos del Real Decreto 480/1993. 3. Aplicación de criterios jurídicos de interpretación del silencio de las normas. 4. Naturaleza jurídica de la institución Capital Seguro de Vida. 5. Consecuencias absurdas a que se llega al no tener en cuenta la naturaleza jurídica del Capital Seguro de Vida. 6. Comentarios y ...

I. Introducción. II. Cuestiones prácticas jurisprudenciales sobre la tramitación y efectos. III. Análisis jurisprudencial en relación con la comprobación, control e inspección. IV. Especial referencia a la solicitud de medida cautelar de suspensión de una orden de clausura de una actividad. V. Conclusiones.

I. Planteamiento de la cuestión: el artículo 92.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local según redacción dada por el número 24 del artículo 1 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. II. Antecedentes legislativos. III. Análisis de la jurisprudencia: Sentencia del Tribunal Supremo dictada en recurso de casación en interés de ley de 12 de febrero de 1999. IV. El contexto normativo. Identidad de razón. V. El contexto: Juzgados y Tribunales. VI. La realidad social. El espíritu y finalidad de las normas. VII. Conclusión.

I. Intoducción. II. Motivación y objeto. III. Ámbito de aplicación y finalidades. IV. Principios. V. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. VI. La sede electrónica. VII. Identificación y autenticación. VIII. Los registros electrónicos. IX. Las comunicaciones y las notificaciones. X. Los documentos y los archivos electrónicos. XI. La gestión electrónica de los procedimientos. XII. La cooperación entre Administraciones para el impulso de la Administración electrónica. XII. Adaptación de las Administraciones para el ejercicio de derechos. XIV. Conclusión.