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I. La autonomía universitaria como derecho fundamental de configuración legal. II. Sobre el complejo sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza universitaria. 1. Los títulos competenciales del Estado y su desarrollo normativo por medio de la legislación uni- versitaria de carácter básico. 2. La asunción de competencias por las Comunidades Autónomas y su ejercicio. III. La delimitación y limitación por el legislador de lo básico del contenido del derecho a la autonomía universitaria en el ámbito de la autonomía normativa y organizativa. 1. La autonomía normativa o estatutaria. 2. La autonomía organizativa para estructurarse en centros y órganos colegiados y unipersonales: A. Facultades, Escuelas y Departamentos. B. El Claustro universitario. C. El Consejo de Gobierno. D. El Consejo Social. E. El Rector. —IV. Recapitulación final. —V. Bibliografía

Sumario: I. Algunas consideraciones previas. —II. Análisis de la jurisprudencia constitucional. 1. Los inicios: una década de jurisprudencia. A) El punto de partida: la previsión o programación de las subvenciones. B) La regulación o normación de las ayudas. C) Las competencias ejecutivas o la gestión de las subvenciones condicionadas. D) La primera excepción a la doctrina del Tribunal Constitucional. 2. La segunda etapa: consolidación y avances en la doctrina jurisprudencial. A) El punto de referencia. B) El desarrollo de la doctrina constitucional. C) Las ayudas de la Unión Europea. 3. La tercera etapa: la actualidad. —III. A modo de conclusión.

I. El urbanismo, tema-testigo de la problemática competencial del Estado autonómico. II. Distribución de competencias legislativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio. STC 61/1997, 164/2001. 1. El urbanismo no es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas al modo bases-desarrollo. A las Comunidades Autónomas les corresponde el modelo de ciudad y de territorio; de creación de ciudad y de adquisición de facultades urbanísticas. Al Estado la determinación de un marco común a través de elementos puntuales. 2. El art. 47 CE, como referente material obligado para el legislador del urbanismo. 3. Análisis particular de las competencias estatales sobre la propiedad, la expropiación y el sistema responsabilidad. III. Distribución de competencias en materia de vivienda. En particular, la competencia estatal del art. 149.1.13.ª CE. IV. Breve referencia a la autonomía local y el legislador del urbanismo. V. Sobre los efectos del vicio de incompetencia. 1. La declaración de nulidad de las sentencias de inconstitucionalidad de leyes a la luz de la CE, la LOTC y la jurisprudencia constitucional. 2. La declaración de inconstitucionalidad implica el destierro de la norma. Los efectos de esa expulsión (hacia atrás o en origen; "ex nunc"; o diferidos hacia el futuro). 3. Planteamiento inicial: la reparación del orden competencial por sí misma no requiere de ordinario la retroacción. 4. La evolución de la jurisprudencia constitucional. VI. Una reflexión final. En torno a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 1. El esfuerzo de interiorización del sistema de reparto. 2. ¿Por qué la indebida e innecesaria utilización del art. 149.1.1.ª CE?. 3. La respetuosa sucesión de normas estatales y autonómicas y el ejercicio leal de las respectivas competencias. 4. Cuando el art. 149.1.13.ª CE se utiliza para "hacer urbanismo" y "política de vivienda". 5. Sobre las competencias generales del Estado y su traducción o expresión especial en cada sector o en razón de la materia. 6. Sobre la forma de legislar.

I. INTRODUCCIÓN. II. EL CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA Y A LA PROPIA IMAGEN Y LA CESIÓN DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN. III. LA DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Y SUS POSIBLES REMEDIOS JURÍDICO-PROCESALES.

I. TERRITORIO Y SOBERANIA.- II. CONTROL DELìTERRITORIO, CENTRALIZACION, DESCENTRALIZACION.- III. LA DESCENTRALIZACION POLITICA.- IV. LA SUPUESTA DIFERENCIAìENTRE LA FORMULA FEDERAL Y LA REGIONAL.- V. LA PREEMINENCIAìDEL ESTADO Y LA FORMULA DEL FEDERALISMO COOPERATIVO.

CONCEPTO JURIDICO DE LAS DIRECTIVAS.- INCUMPLIMIENTO DE UNA DIRECTIVA POR LOS ESTADOS-MIEMBROS.-JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LOS EFECTOS JURIDICOS DE LAS DIRECTIVAS INCUMPLIDAS.- DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL CONCEPTO DE EFECTO DIRECTO EN RELACION CON LAS DIRECTIVAS.-

I. Introducción. II. Marco estratégico y jurídico de la economía circular en la UE. 1. Desarrollos clave para promover la economía circular: Abundancia normativa, lento progreso a nivel estatal. 2. Iniciativas de circularidad a nivel urbano y regional promovidas por la UE. III. Euskadi circular: Hacia un modelo territorial más sostenible. 1. Marco normativo y competencial de Euskadi en materia de medio ambiente. 2. Estrategia integral y acciones colaborativas de economía circular: Promoviendo la competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. Planteamiento. II. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. III. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

I. Introducción. El papel clave de la contratación pública para la reactivación económica. Los antecedentes con la crisis económica de 2008: el Plan Europeo de Recuperación Económica y los Fondos del Estado español de Inversión Local y Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo. II. Los Fondos de recuperación "Next Generation EU" y el Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia. Influencia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. III. Fundamentación, objetivos y ámbito de aplicación del RD-Ley 36/2020. Las reformas en materia de contratos públicos sólo se aplicarán a las actuaciones para la gestión y ejecución de los fondos europeos. IV. Excepción de la autorización para contratar. V. Tramitación urgente de los procedimientos. VI. cuantías para la utilización del procedimiento abierto simplificado y supersimplificado. VII. Ampliación del plazo de vigencia de los contratos energéticos. VIII. Elaboración de pliegos-tipo de contratación. IX. Encargos a medios propios. X. Período de recuperación de la inversión en los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. XI. Ejecución de contratos de concesiones de obras y de servicios a través de sociedades de economía mixta. XII. Instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. XIII. Medidas en relación con el recurso especial en materia de contratación. IX. Bibliografía.