Hemeroteca

Advertencia preliminar. I. Introducción. II. La edad del personal en las Administraciones publicas: ¿transferir o perder el conocimiento adquirido? III. Automatización de tareas, jubilaciones y relevo generacional. IV. Inconvenientes y ventajas de un empleo público con una edad media próxima a la jubilación. V. ¿Qué altera en este cuadro de situación la irrupción de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19? VI. Un empleo público dañado tras la larga crisis de 2008, con enormes retos e inadaptado para resolverlos. VII. ¿Cómo afrontar el futuro (incierto) que nos espera? ¿Con un arsenal de instrumentos de gestión obsoletos o no aplicados realmente?: relaciones de puestos de trabajo, ofertas de empleo público y planificación estratégica de los recursos humanos. VIII. La impotencia planificadora de las Administraciones publicas y su escasa proyección sobre los recursos humanos. IX. La posible salida del túnel se tapona: la crisis del COVID-19. X. Gestión del conocimiento en las Administraciones públicas como consecuencia de las jubilaciones intensivas, del relevo generacional y del contexto de revolución tecnológica. Su encuadre en un marco de crisis fiscal. XI. Final del trayecto. Cómo afrontar, por tanto, un cuadro de situación como el descrito donde convergen cuatro elementos: jubilaciones en masa, relevo generacional, revolución tecnológica y crisis fiscal. Esbozo de algunas herramientas y líneas de actuación para una transformación gradual y una redefinición del sistema de empleo público. XII. Bibliografía.

I. Aproximación a la figura del representante local no adscrito. 1. Contexto político y normativo. 2. Génesis de la reforma del art. 73.3 LBRL. II. Adquisición y pérdida de la condición de no adscrito: cuestiones previas. III. Hechos causantes originarios y su compatibilidad con el grupo mixto. IV. Hechos causantes sobrevenidos 1. La renuncia voluntaria. 2. La expulsión forzosa. 3. La disolución y suspensión del grupo político. V. La incidencia de las formaciones políticas en el vínculo entre electos y grupos. VI. Nota bibliográfica.

I. Introducción. II. Diagnóstico del marco jurídico del control interno en la esfera local. III. Aspectos orgánicos de la función de control interno en la esfera local. IV. Las modalidades de control interno local: función interventora, control financiero y control de eficacia. V. Líneas de reforma del control interno local. 1. Respecto del marco normativo. 2. Respecto de los aspectos orgánicos del control interno local. 3. Respecto de las modalidades de control interno.

I. Introducción. II. Nuevo sistema de competencias de los Entes locales y los controles asociados a las mismas. III. Reconfiguración del control interno económico-financiero en el ámbito de las Entidades locales. IV. Mecanismos de control específicos para resguardar el principio de estabilidad presupuestaria. V. El reforzamiento de la obligación de rendir cuentas por parte de las Entidades locales. VI. Bibliografía.

I. Introducción: el contexto europeo de la remunicipalización. II. Presupuestos conceptuales y jurídicos. III. Aspectos jurídico-administrativos de la decisión de reinternalizar. IV. Aspectos jurídico-laborales de la decisión de municipalizar. V. Reflexiones finales. VI. Bibliogafía.

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: LAS ENTIDADES PRIVADAS QUE COLABORAN CON LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS. II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN POSTERIOR DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN. III. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS. 1. Son entidades: personas jurídicas. 2. Son entidades privadas. 2.1. La colaboración de entidades públicas se sale del ámbito de la colaboración público-privada. 2.2. Las entidades privadas colaboradoras tienen un status singular, pero no son Administraciones públicas. 2.3. El caso singular de los colegios profesionales. 3. Son entidades con ánimo de lucro. 3.1. El ánimo de lucro diferencia las entidades privadas colaboradoras de las entidades de acreditación. 3.2. Posible coexistencia de tasas y tarifas. 3.3. Intervención por la Administración de las tarifas de la entidad privada colaboradora. 3.4. La posible introducción de la competencia entre las entidades privadas colaboradoras. 4. Son entidades especializadas. 4.1. Manifestaciones de la exigencia de capacidad técnica. 4.2. Evaluación y control de los requisitos de capacidad técnica. 5. Son entidades imparciales. 6. Son entidades que colaboran en el ejercicio de funciones públicas. 7. Son entidades que colaboran solamente en el ejercicio de la función. 7.1. Es posible graduar la colaboración en el ejercicio de la función. 7.2. Nunca se atribuye a la entidad colaboradora la titularidad de la función. 7.3. La Administración mantiene una relación estable y permanente con la entidad privada colaboradora. 7.4. Posibilidad de ejercicio directo de la función por la propia Administración. 7.5. Posibilidad de control por la Administración de la entidad privada colaboradora. 7.6. Posibilidad de reclamar ante la Administración contra las decisiones de la entidad privada colaboradora. 7.7. Posibilidad de imputar responsabilidad a la Administración por los daños que la actuación de la entidad privada colaboradora pueda causar a los particulares. IV. LA DIFÍCIL DELIMITACIÓN DE LO QUE ES FUNCIÓN PÚBLICA. LA TESIS DE LA DISTINCIÓN ENTRE CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO Y CONTROL ADMINISTRATIVO. V. MECANISMO DE ATRIBUCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 1. La encomienda de gestión. 2. El convenio de colaboración. 3. Las fórmulas contractuales. 3.1. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 3.2. Contrato de gestión de servicios públicos. 4. La autorización administrativa. 5. La acreditación. 5.1. Acreditación privada seguida de autorización administrativa. 5.2. Acreditación pública. 5.3. Doble acreditación: pública y privada. 5.4. Acreditación y comunicación previa a la administración. VI. RESPONSABILIDAD POR LA ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS. 1. Responsabilidad de las entidades privadas colaboradoras. 1.1. Afirmación de la responsabilidad de las entidades privadas colaboradoras. 1.2. Obligación de constituir una garantía suficiente para cubrir los daños y perjuicios. 1.3. Tipo de responsabilidad de las entidades privadas colaboradoras. 1.4. Extensión de la responsabilidad de las entidades privadas colaboradoras. 2. Responsabilidad de la administración. 2.1. Responsabilidad de la Administración en el supuesto de ejercicio directo de la función. 2.2. Responsabilidad de la Administración en el supuesto de ejercicio de la función por la entidad privada colaboradora. 2.2.1. Títulos de imputación de responsabilidad a la Administración. 2.2.2. Tipo de responsabilidad de la Administración. 2.2.3. Articulación de la responsabilidad de la Administración con la responsabilidad de la entidad privada colaboradora. VII. Bibliografía.

I. Una aproximación general. II. Autonomía local y Unión Europea. III. Constitución, Estatutos y autonomía local. IV. Autonomía local ante el Estado. V. Autonomía local frente a las Comunidades Autónomas. 1. Nuevas competencias autonómicas sobre régimen local. 2. Innovaciones organizativas en las Leyes autonómicas. 3. Competencias locales. VI. Autonomía local en la Comunidad de Madrid. VII. Ejercicio de la autonomía por los ayuntamientos madrileños. VIII. Dos conclusiones finales.

I. Introducción. II. Los mecanismos de financiación de 2012 y 2013. 1. La conversión de deuda comercial en deuda financiera. 2. El efecto de las medidas anteriores en un supuesto concreto. III. Las medidas de ayuda contenidas en el Real Decreto-ley 17/2014. IV. El fondo de ordenación. 1. Ámbito subjetivo de aplicación. 2. Principio de prudencia financiera. 3. Procedimiento de adhesión al Fondo de Ordenación. 4. Formalización de operaciones de crédito con cargo al Fondo de Ordenación. 5. Condicionalidad fiscal. 6. Actuaciones de seguimiento y control. 7. La adhesión al Fondo de Ordenación en un supuesto concreto. V. Otras medidas de ayuda financiera contenidas en el Real Decreto-ley 17/2014. 1. Mejora de condiciones de los créditos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores 2. 2. Fondo de Impulso Económico. 3. Nuevo régimen de reintegro de la PIE recibidas en exceso. VI. La autonomía local y las medidas de ayuda a entidades locales.

I. Introducción. II. El régimen transitorio: vigencia de todos los contratos de gestión de servicios públicos. III. El impacto de la nueva regulación en la gestión directa e indirecta de los servicios públicos. IV. La prestación de servicios públicos locales por medios no contractuales. V. La financiación de los servicios públicos por los usuarios: las tarifas. VI. Balance: viejas y nuevas formas de gestión de los servicios locales. VII. Bibliografía.

1. Introducción. 2. Objetivos preventivos y de gestión orientados a la reutilización y reciclado de residuos. 3. Nuevas previsiones sobre competencias de las entidades locales en la gestión de residuos y su incidencia en la gestión contractual de los servicios públicos. 4. Las nuevas obligaciones de recogida separada que afectan a la configuración de los servicios públicos locales de recogida de residuos. 5. Aspectos con incidencia en el ejercicio de la potestad normativa municipal en materia de residuos. Revisión y aprobación de ordenanzas generales y fiscales en materia de residuos. 6. Novedades destacadas de la LRSCEC que afectan a la gestión contractual de los contratos de recogida y tratamiento de residuos. 7. La extensión y modificación del régimen de responsabilidad ampliada del productor y su impacto en la gestión local. 8. La aprobación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, incineración y coincineración de residuos y su repercusión financiera en los servicios públicos de gestión de residuos. 9. La implantación de una tasa municipal (o prestación patrimonial no tributaria) no deficitaria y que refleje el coste real. 10. Consideraciones finales. 11. Bibliografía.